/ domingo 19 de marzo de 2017

Discuten 34 iniciativas para eliminar el fuero para clase plítica

Primera de dos partes Un entorno de desprestigio del servicio público se hace evidente en México y se convierte en realidad en las iniciativas y reformas aprobadas sobre fuero, inmunidad parlamentaria y el juicio político, presentadas hasta ahora en el Senado, en los Congresos locales y en la Constitución de la Ciudad de México.

Dicho desprestigio tiene como fondo los recurrentes casos de corrupción registrados en los años recientes, además del contexto sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas del país.

“Las iniciativas y reformas buscan no solo eliminar el fuero sino en algunos casos darles claridad a procesos y acotar los alcances de estas figuras jurídicas”, precisa el Instituto Belisario Domínguez en su investigación “Fuero, Inmunidad Parlamentaria y Juicio Político en México, dada a conocer en el número 41 de temas estratégicos.

Al abundar en el tema de la corrupción, al inicio del documento, la especificación es que a raíz de diversos casos de corrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos con organizaciones criminales de algunos legisladores, ha resurgido el debate sobre la figura jurídica del fuero en la legislación federal y local. “De hecho, en entidades como Jalisco, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México y Baja California ya fue eliminada, mientras que ha sido acotada en Morelos y Chiapas; aunque en todos estos casos solo aplica para delitos o procesos judiciales del ámbito local, no del federal”, precisa.

Rememora hechos: a principios del año pasado, dicho tema comenzó a cobrar una especial relevancia a nivel nacional, cuando se difundió el caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, quien fue acusada de ingresar con documentos apócrifos al centro penitenciario de “El Altiplano” para visitar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Posteriormente, la eliminación del fuero en Jalisco y la entrada en vigor de las leyes secundarias de la reforma anticorrupción a mediados de julio de 2016, provocaron una ola de iniciativas para acotar o eliminar el fuero a nivel local: a finales de 2016 y principios de 2017, se han presentado al menos 34 iniciativas en la materia, que actualmente están siendo discutidas en veinte congresos estatales”, agrega el documento.

Sobre el fuero o inmunidad parlamentaria el IBD comenta que en el mundo es considerado como una garantía de independencia de los parlamentarios y otros servidores públicos ante el acoso judicial, pero“en años recientes ha sido caracterizada y percibida como un mecanismo de impunidad”.

Asegura además que estudios de opinión pública ilustran esta percepción. “Un sondeo de Parametría (2010) concluyó que siete de cada diez mexicanos no estaban de acuerdo con que se otorgara fuero a los legisladores; ocho de cada diez consideraban que era un privilegio usado “para abusar de su cargo y cometer actos ilícitos sin poder ser juzgados”, y únicamente uno de cada diez creía que se utilizaba como “una garantía constitucional para la libre expresión de las ideas”.

Relata además que cinco años después, en noviembre de 2015, “una encuesta en vivienda aplicada por Consulta Mitofsky reportó que 64% de los mexicanos están a favor de la eliminación del fuero y solo 24% lo respaldan”.

ANTE LOS ACOSOS DEL PODER EJECUTIVO… FUERO

En el texto, se hace notar que el argumento más sólido a favor de la inmunidad parlamentaria es que ésta puede contribuir a fortalecer la autonomía del Poder Legislativo ante intentos de acoso por parte del Poder Ejecutivo o de intereses que se ven afectados por la labor que realice el Parlamento.

“En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, dicha inmunidad evita o limita la posibilidad de que se inicien actos de persecución contra ellos mientras cumplen con las funciones y responsabilidades que la ley les mandata”, precisa.

Pero…

“… en años recientes se ha argumentado que la inmunidad judicial de legisladores y funcionarios ha sido utilizada de manera abusiva para cometer delitos o escapar de la persecución judicial. En especial, se ha afirmado que la inmunidad judicial puede ser un mecanismo que facilite las condiciones para la prevalencia de hechos de corrupción. Este puede ser en particular el caso para los parlamentarios que tienen posibilidad de reelegirse, de extender temporalmente su fuero y por tanto su inmunidad. Ante ello, Wigley (2003) afirma que la solución es reducir la protección de la inmunidad y que los comités parlamentarios encargados de revisar los casos de corrupción sean mucho más efectivos en su atención”.

Al continuar el análisis con una revisión en lo internacional, alude el trabajo del IBD, del Senado de la República, a los planteamientos del especialista Pérez-Liñan respecto de América Latina en cuanto a remoción de la inmunidad judicial, vinculados con juicios políticos a funcionarios del Poder Ejecutivo. A su juicio “parecen estar más relacionados con intentos de persecución política”.

Ejemplifica con un caso reciente: la remoción de la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, “cuyo proceso fue considerado como irregular, arbitrario y sin garantías procesales para la expresidenta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos”.

Otro caso mencionado, calificado como ilustrativo respecto de la declaración de procedencia en el ámbito parlamentario, es el de Turquía, donde en abril de 1998 seis parlamentarios quedaron sin inmunidad, acusados por el Gobierno por ser parte del Partido Democrático, de filiación kurda (partido nacionalista en rebelión contra el Gobierno turco), en oposición al Gobierno nacional.

Y 205 AÑOS DESPUÉS PREVALECE EN MÉXICO

En cuanto a México, la figura jurídica de la inmunidad parlamentaria y judicial por vez primera fue contemplada e la Constitución de Cádiz en 1812 y posteriormente en las demás constituciones (de Apatzingán, de 1824, de 1836, de 1857 y de 1917) como mecanismo “…para proteger la función pública que desempeñan los legisladores, es decir, evitar que, con una acusación sin fundamentos, se impida el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de un diputado o senador, o se altere el funcionamiento normal de los órganos parlamentarios”.

Asegura el IBD que, durante el siglo XX el procedimiento de desafuero o declaración de procedencia no fue usado de manera frecuente por la Cámara de Diputados, pero cuando se presentaron no todos los casos se consumaron en juicios penales que llevaran sentencias condenatorias. También afirma que aún hay casos de representantes populares electos cuyos procedimientos judiciales todavía siguen abiertos “y no han dado con su paradero”, y otros en que los funcionarios fueron absueltos”.

Menciona los casos de:

Carlos Madrazo Becerra (1944), diputado federal. “Fue acusado de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos. Años más tarde fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional y fue gobernador de Tabasco”.

Sacramento Joffre (1945) diputado federal. “Fue acusado junto con Carlos Madrazo por el mismo delito que aquél”.

Pedro Téllez Vargas (1945) diputado federal. “Fue acusado por el mismo delito y junto con Carlos Madrazo y Sacramento Joffre. Además de diputado federal, Pedro Téllez era dirigente del Sindicato de Trabajadores Cinematografistas. Años después defendió su inocencia y la de los otros dos inculpados”.

Jorge Díaz Serrano (1983) senador. “Fue señalado por cometer ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos (buque-tanque) cuando era director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

René Bejarano Martínez (2004) diputado local. “Enfrentó cargos por delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue aprehendido por ocho meses y absuelto de todos los cargos.”

Andrés Manuel López Obrador (2005) jefe de Gobierno del Distrito Federal. “Promovido por el entonces presidente Vicente Fox, fue desaforado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad al no cumplir una orden de suspensión de un juez (desacato)”.

Julio César Godoy (2010) diputado federal. “Fue desaforado por presuntos vínculos con delincuencia organizada. Hasta la fecha se desconoce su ubicación”.

Lucero Sánchez López (2016) diputada local. “Fue acusada de ingresar con documentos falsos al Centro Penitenciario de “El Altiplano” para reunirse con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera”.

Sobre estos casos el comentario del IBD es que “hay diferencias considerables entre los casos. En promedio, hay un caso de desafuero federal cada 14 años. De estos casos, cinco de ellos (Madrazo, Joffre, Téllez, Bejarano y López Obrador) fueron absueltos, otro más fue condenado (Díaz Serrano) y dos siguen prófugos”.

(Continuará)

Primera de dos partes Un entorno de desprestigio del servicio público se hace evidente en México y se convierte en realidad en las iniciativas y reformas aprobadas sobre fuero, inmunidad parlamentaria y el juicio político, presentadas hasta ahora en el Senado, en los Congresos locales y en la Constitución de la Ciudad de México.

Dicho desprestigio tiene como fondo los recurrentes casos de corrupción registrados en los años recientes, además del contexto sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas del país.

“Las iniciativas y reformas buscan no solo eliminar el fuero sino en algunos casos darles claridad a procesos y acotar los alcances de estas figuras jurídicas”, precisa el Instituto Belisario Domínguez en su investigación “Fuero, Inmunidad Parlamentaria y Juicio Político en México, dada a conocer en el número 41 de temas estratégicos.

Al abundar en el tema de la corrupción, al inicio del documento, la especificación es que a raíz de diversos casos de corrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos con organizaciones criminales de algunos legisladores, ha resurgido el debate sobre la figura jurídica del fuero en la legislación federal y local. “De hecho, en entidades como Jalisco, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México y Baja California ya fue eliminada, mientras que ha sido acotada en Morelos y Chiapas; aunque en todos estos casos solo aplica para delitos o procesos judiciales del ámbito local, no del federal”, precisa.

Rememora hechos: a principios del año pasado, dicho tema comenzó a cobrar una especial relevancia a nivel nacional, cuando se difundió el caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, quien fue acusada de ingresar con documentos apócrifos al centro penitenciario de “El Altiplano” para visitar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Posteriormente, la eliminación del fuero en Jalisco y la entrada en vigor de las leyes secundarias de la reforma anticorrupción a mediados de julio de 2016, provocaron una ola de iniciativas para acotar o eliminar el fuero a nivel local: a finales de 2016 y principios de 2017, se han presentado al menos 34 iniciativas en la materia, que actualmente están siendo discutidas en veinte congresos estatales”, agrega el documento.

Sobre el fuero o inmunidad parlamentaria el IBD comenta que en el mundo es considerado como una garantía de independencia de los parlamentarios y otros servidores públicos ante el acoso judicial, pero“en años recientes ha sido caracterizada y percibida como un mecanismo de impunidad”.

Asegura además que estudios de opinión pública ilustran esta percepción. “Un sondeo de Parametría (2010) concluyó que siete de cada diez mexicanos no estaban de acuerdo con que se otorgara fuero a los legisladores; ocho de cada diez consideraban que era un privilegio usado “para abusar de su cargo y cometer actos ilícitos sin poder ser juzgados”, y únicamente uno de cada diez creía que se utilizaba como “una garantía constitucional para la libre expresión de las ideas”.

Relata además que cinco años después, en noviembre de 2015, “una encuesta en vivienda aplicada por Consulta Mitofsky reportó que 64% de los mexicanos están a favor de la eliminación del fuero y solo 24% lo respaldan”.

ANTE LOS ACOSOS DEL PODER EJECUTIVO… FUERO

En el texto, se hace notar que el argumento más sólido a favor de la inmunidad parlamentaria es que ésta puede contribuir a fortalecer la autonomía del Poder Legislativo ante intentos de acoso por parte del Poder Ejecutivo o de intereses que se ven afectados por la labor que realice el Parlamento.

“En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, dicha inmunidad evita o limita la posibilidad de que se inicien actos de persecución contra ellos mientras cumplen con las funciones y responsabilidades que la ley les mandata”, precisa.

Pero…

“… en años recientes se ha argumentado que la inmunidad judicial de legisladores y funcionarios ha sido utilizada de manera abusiva para cometer delitos o escapar de la persecución judicial. En especial, se ha afirmado que la inmunidad judicial puede ser un mecanismo que facilite las condiciones para la prevalencia de hechos de corrupción. Este puede ser en particular el caso para los parlamentarios que tienen posibilidad de reelegirse, de extender temporalmente su fuero y por tanto su inmunidad. Ante ello, Wigley (2003) afirma que la solución es reducir la protección de la inmunidad y que los comités parlamentarios encargados de revisar los casos de corrupción sean mucho más efectivos en su atención”.

Al continuar el análisis con una revisión en lo internacional, alude el trabajo del IBD, del Senado de la República, a los planteamientos del especialista Pérez-Liñan respecto de América Latina en cuanto a remoción de la inmunidad judicial, vinculados con juicios políticos a funcionarios del Poder Ejecutivo. A su juicio “parecen estar más relacionados con intentos de persecución política”.

Ejemplifica con un caso reciente: la remoción de la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, “cuyo proceso fue considerado como irregular, arbitrario y sin garantías procesales para la expresidenta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos”.

Otro caso mencionado, calificado como ilustrativo respecto de la declaración de procedencia en el ámbito parlamentario, es el de Turquía, donde en abril de 1998 seis parlamentarios quedaron sin inmunidad, acusados por el Gobierno por ser parte del Partido Democrático, de filiación kurda (partido nacionalista en rebelión contra el Gobierno turco), en oposición al Gobierno nacional.

Y 205 AÑOS DESPUÉS PREVALECE EN MÉXICO

En cuanto a México, la figura jurídica de la inmunidad parlamentaria y judicial por vez primera fue contemplada e la Constitución de Cádiz en 1812 y posteriormente en las demás constituciones (de Apatzingán, de 1824, de 1836, de 1857 y de 1917) como mecanismo “…para proteger la función pública que desempeñan los legisladores, es decir, evitar que, con una acusación sin fundamentos, se impida el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de un diputado o senador, o se altere el funcionamiento normal de los órganos parlamentarios”.

Asegura el IBD que, durante el siglo XX el procedimiento de desafuero o declaración de procedencia no fue usado de manera frecuente por la Cámara de Diputados, pero cuando se presentaron no todos los casos se consumaron en juicios penales que llevaran sentencias condenatorias. También afirma que aún hay casos de representantes populares electos cuyos procedimientos judiciales todavía siguen abiertos “y no han dado con su paradero”, y otros en que los funcionarios fueron absueltos”.

Menciona los casos de:

Carlos Madrazo Becerra (1944), diputado federal. “Fue acusado de traficar con tarjetas para la contratación de braceros en Estados Unidos. Años más tarde fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional y fue gobernador de Tabasco”.

Sacramento Joffre (1945) diputado federal. “Fue acusado junto con Carlos Madrazo por el mismo delito que aquél”.

Pedro Téllez Vargas (1945) diputado federal. “Fue acusado por el mismo delito y junto con Carlos Madrazo y Sacramento Joffre. Además de diputado federal, Pedro Téllez era dirigente del Sindicato de Trabajadores Cinematografistas. Años después defendió su inocencia y la de los otros dos inculpados”.

Jorge Díaz Serrano (1983) senador. “Fue señalado por cometer ilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos (buque-tanque) cuando era director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

René Bejarano Martínez (2004) diputado local. “Enfrentó cargos por delitos electorales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue aprehendido por ocho meses y absuelto de todos los cargos.”

Andrés Manuel López Obrador (2005) jefe de Gobierno del Distrito Federal. “Promovido por el entonces presidente Vicente Fox, fue desaforado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad al no cumplir una orden de suspensión de un juez (desacato)”.

Julio César Godoy (2010) diputado federal. “Fue desaforado por presuntos vínculos con delincuencia organizada. Hasta la fecha se desconoce su ubicación”.

Lucero Sánchez López (2016) diputada local. “Fue acusada de ingresar con documentos falsos al Centro Penitenciario de “El Altiplano” para reunirse con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera”.

Sobre estos casos el comentario del IBD es que “hay diferencias considerables entre los casos. En promedio, hay un caso de desafuero federal cada 14 años. De estos casos, cinco de ellos (Madrazo, Joffre, Téllez, Bejarano y López Obrador) fueron absueltos, otro más fue condenado (Díaz Serrano) y dos siguen prófugos”.

(Continuará)