Discuten 34 iniciativas para eliminar el fuero para clase plítica

Primera de dos partes Un entorno dedesprestigio del servicio público se hace evidente en México y seconvierte en realidad en las iniciativas y reformas aprobadas sobrefuero, inmunidad parlamentaria y el juicio político, presentadashasta ahora en el Senado, en los Congresos locales y en laConstitución de la Ciudad de México.

Dicho desprestigio tiene como fondo los recurrentes casos decorrupción registrados en los años recientes, además delcontexto sobre el funcionamiento de las instituciones democráticasdel país.

“Las iniciativas y reformas buscan no solo eliminar el fuerosino en algunos casos darles claridad a procesos y acotar losalcances de estas figuras jurídicas”, precisa el InstitutoBelisario Domínguez en su investigación “Fuero, InmunidadParlamentaria y Juicio Político en México, dada a conocer en elnúmero 41 de temas estratégicos.

Al abundar en el tema de la corrupción, al inicio deldocumento, la especificación es que a raíz de diversos casos decorrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos conorganizaciones criminales de algunos legisladores, ha resurgido eldebate sobre la figura jurídica del fuero en la legislaciónfederal y local. “De hecho, en entidades como Jalisco,Querétaro, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México y BajaCalifornia ya fue eliminada, mientras que ha sido acotada enMorelos y Chiapas; aunque en todos estos casos solo aplica paradelitos o procesos judiciales del ámbito local, no del federal”,precisa.

Rememora hechos: a principios del año pasado, dicho temacomenzó a cobrar una especial relevancia a nivel nacional, cuandose difundió el caso de la diputada local de Sinaloa, LuceroSánchez, quien fue acusada de ingresar con documentos apócrifosal centro penitenciario de “El Altiplano” para visitar alnarcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Posteriormente, la eliminación del fuero en Jalisco y laentrada en vigor de las leyes secundarias de la reformaanticorrupción a mediados de julio de 2016, provocaron una ola deiniciativas para acotar o eliminar el fuero a nivel local: afinales de 2016 y principios de 2017, se han presentado al menos 34iniciativas en la materia, que actualmente están siendo discutidasen veinte congresos estatales”, agrega el documento.

Sobre el fuero o inmunidad parlamentaria el IBD comenta que enel mundo es considerado como una garantía de independencia de losparlamentarios y otros servidores públicos ante el acoso judicial,pero“en años recientes ha sido caracterizada y percibida como unmecanismo de impunidad”.

Asegura además que estudios de opinión pública ilustran estapercepción. “Un sondeo de Parametría (2010) concluyó que sietede cada diez mexicanos no estaban de acuerdo con que se otorgarafuero a los legisladores; ocho de cada diez consideraban que era unprivilegio usado “para abusar de su cargo y cometer actosilícitos sin poder ser juzgados”, y únicamente uno de cada diezcreía que se utilizaba como “una garantía constitucional parala libre expresión de las ideas”.

Relata además que cinco años después, en noviembre de 2015,“una encuesta en vivienda aplicada por Consulta Mitofsky reportóque 64% de los mexicanos están a favor de la eliminación delfuero y solo 24% lo respaldan”.

ANTE LOS ACOSOS DEL PODER EJECUTIVO… FUERO

En el texto, se hace notar que el argumento más sólido a favorde la inmunidad parlamentaria es que ésta puede contribuir afortalecer la autonomía del Poder Legislativo ante intentos deacoso por parte del Poder Ejecutivo o de intereses que se venafectados por la labor que realice el Parlamento.

“En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, dichainmunidad evita o limita la posibilidad de que se inicien actos depersecución contra ellos mientras cumplen con las funciones yresponsabilidades que la ley les mandata”, precisa.

Pero…

“… en años recientes se ha argumentado que la inmunidadjudicial de legisladores y funcionarios ha sido utilizada de maneraabusiva para cometer delitos o escapar de la persecución judicial.En especial, se ha afirmado que la inmunidad judicial puede ser unmecanismo que facilite las condiciones para la prevalencia dehechos de corrupción. Este puede ser en particular el caso paralos parlamentarios que tienen posibilidad de reelegirse, deextender temporalmente su fuero y por tanto su inmunidad. Anteello, Wigley (2003) afirma que la solución es reducir laprotección de la inmunidad y que los comités parlamentariosencargados de revisar los casos de corrupción sean mucho másefectivos en su atención”.

Al continuar el análisis con una revisión en lo internacional,alude el trabajo del IBD, del Senado de la República, a losplanteamientos del especialista Pérez-Liñan respecto de AméricaLatina en cuanto a remoción de la inmunidad judicial, vinculadoscon juicios políticos a funcionarios del Poder Ejecutivo. A sujuicio “parecen estar más relacionados con intentos depersecución política”.

Ejemplifica con un caso reciente: la remoción de la presidentade Brasil, Dilma Roussef, “cuyo proceso fue considerado comoirregular, arbitrario y sin garantías procesales para laexpresidenta por parte de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos de la Organización de los Estados Americanos”.

Otro caso mencionado, calificado como ilustrativo respecto de ladeclaración de procedencia en el ámbito parlamentario, es el deTurquía, donde en abril de 1998 seis parlamentarios quedaron sininmunidad, acusados por el Gobierno por ser parte del PartidoDemocrático, de filiación kurda (partido nacionalista enrebelión contra el Gobierno turco), en oposición al Gobiernonacional.

Y 205 AÑOS DESPUÉS PREVALECE EN MÉXICO

En cuanto a México, la figura jurídica de la inmunidadparlamentaria y judicial por vez primera fue contemplada e laConstitución de Cádiz en 1812 y posteriormente en las demásconstituciones (de Apatzingán, de 1824, de 1836, de 1857 y de1917) como mecanismo “…para proteger la función pública quedesempeñan los legisladores, es decir, evitar que, con unaacusación sin fundamentos, se impida el cumplimiento de lasobligaciones y responsabilidades de un diputado o senador, o sealtere el funcionamiento normal de los órganosparlamentarios”.

Asegura el IBD que, durante el siglo XX el procedimiento dedesafuero o declaración de procedencia no fue usado de manerafrecuente por la Cámara de Diputados, pero cuando se presentaronno todos los casos se consumaron en juicios penales que llevaransentencias condenatorias. También afirma que aún hay casos derepresentantes populares electos cuyos procedimientos judicialestodavía siguen abiertos “y no han dado con su paradero”, yotros en que los funcionarios fueron absueltos”.

Menciona los casos de:

Carlos Madrazo Becerra (1944), diputado federal. “Fue acusadode traficar con tarjetas para la contratación de braceros enEstados Unidos. Años más tarde fue presidente del PartidoRevolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional y fuegobernador de Tabasco”.

Sacramento Joffre (1945) diputado federal. “Fue acusado juntocon Carlos Madrazo por el mismo delito que aquél”.

Pedro Téllez Vargas (1945) diputado federal. “Fue acusado porel mismo delito y junto con Carlos Madrazo y Sacramento Joffre.Además de diputado federal, Pedro Téllez era dirigente delSindicato de Trabajadores Cinematografistas. Años despuésdefendió su inocencia y la de los otros dos inculpados”.

Jorge Díaz Serrano (1983) senador. “Fue señalado por cometerilícitos en la adquisición con sobreprecio de dos barcos(buque-tanque) cuando era director general de Petróleos Mexicanos(Pemex)”.

René Bejarano Martínez (2004) diputado local. “Enfrentócargos por delitos electorales y operaciones con recursos deprocedencia ilícita. Fue aprehendido por ocho meses y absuelto detodos los cargos.”

Andrés Manuel López Obrador (2005) jefe de Gobierno delDistrito Federal. “Promovido por el entonces presidente VicenteFox, fue desaforado por su presunta responsabilidad en el delito deabuso de autoridad al no cumplir una orden de suspensión de unjuez (desacato)”.

Julio César Godoy (2010) diputado federal. “Fue desaforadopor presuntos vínculos con delincuencia organizada. Hasta la fechase desconoce su ubicación”.

Lucero Sánchez López (2016) diputada local. “Fue acusada deingresar con documentos falsos al Centro Penitenciario de “ElAltiplano” para reunirse con el narcotraficante Joaquín GuzmánLoera”.

Sobre estos casos el comentario del IBD es que “haydiferencias considerables entre los casos. En promedio, hay un casode desafuero federal cada 14 años. De estos casos, cinco de ellos(Madrazo, Joffre, Téllez, Bejarano y López Obrador) fueronabsueltos, otro más fue condenado (Díaz Serrano) y dos siguenprófugos”.

(Continuará)