Bertha Becerra El Sol de México
Ciudad de México.- La investigación de los delitos vinculadoso cometidos en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, se encuentraabierta y no cerrará hasta que todos los responsables de loshechos sean consignados ante las autoridades judiciales, afirmó elpresidente Enrique Peña Nieto, en el documento que da respuesta apreguntas parlamentarias que le formularon PRI, PAN, PRD, PVEM yPT, en el Senado de la República.
“La investigación encabezada por esta autoridad no haconcluido y se encuentra en etapa de integración, a consecuenciade la cual se generarán elementos que permitan acreditar distintoscuerpos de conductas delictivas así como la probableresponsabilidad de quienes hayan participado en la comisión de lasmismas, para lo cual resulta fundamental formalizar los medios deprueba que los miembros del GIEI hayan obtenido con motivo de sumandato”, precisa.
“El actuar de la Procuraduría General de la República hasido transparente en este tema. La investigación de los hechos del26 y 27 de septiembre de 2015 en Iguala, ha permitido la detenciónde 111 personas, en contra de las que se ejerció acción penal. Eneste caso, el trabajo de inteligencia ha sido fundamental paraestas detenciones”, señala.
Además, la PGR tomará en cuenta en el ámbito de susatribuciones, las sugerencias del Grupo Interdisciplinario deExpertos Independientes -GIEI- y los nuevos indicios, haciendo usode los instrumentos tecnológicos necesarios, sobre la búsqueda delos normalistas desaparecidos.
Así responde el presidente Enrique Peña Nieto a las preguntasque formularon los Grupos Parlamentarios con motivo de su IIIInforme de Gobierno, en este caso, el PRD y el PAN, sobre el casoAyotzinapa.
Además, les dice a los senadores panistas:
“En Guerrero se ha dado total apoyo a la búsqueda de los 43normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del2014 en el municipio de Iguala. Se llevan a cabo acciones deprevención, disuasión, reacción, restablecimiento del ordenpúblico, además de las funciones de policía municipal, paramejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía, ante lapresencia de delincuencia organizada o al alto índice delictivoque amenacen la vida, libertad, integridad o el patrimonio de losciudadanos.
A la fracción parlamentaria del PRI que cuestionó sobre laReforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, leprecisa que el Sistema Nacional Acusatorio opera en 31 entidades.De manera total en Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán,Nuevo León y Durango.
De manera parcial en Oaxaca, Zacatecas, Baja California,Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila,Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero,Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit,Tlaxcala, Colima, Distrito Federal, Michoacán y Baja CaliforniaSur.
La población cubierta por el Sistema Penal Acusatorio a octubrede este año es del 62.79 por ciento lo que equivale a 76 millones163 mil habitantes.
En al ámbito federal, el Jefe del Ejecutivo informa que elSistema Procesal Penal Acusatorio opera en ocho estados: Durango,Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato,Querétaro y San Luis Potosí.
Además, el pasado 30 de noviembre inició operaciones enChihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Y a partir del 29 de febrero del 2016 se iniciará enAguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México,Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.
Subraya que para cumplir con el plazo que establece laConstitución para hacer realidad en todo el país este sistema, setrabaja en una estrategia estructural y de orden operativo.
Para esta implementación se mantiene coordinación ycolaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores, con elSistema Nacional de Seguridad Pública, Conferencias Nacionales yRegionales de Secretarios de Seguridad Pública, de Procuradores ydel Sistema Penitenciario y con la Comisión Nacional de TribunalesSuperiores de Justicia para definir agendas instrumentales quepermitan concluir la implementación de la reforma y trabajar en laconsolidación de la operación del Sistema Penal Acusatorio.
También se coordina con la Conferencia Permanente de CongresosLocales para impulsar la adecuación y armonización normativa enlas entidades federativas. Con la Asociación Nacional deUniversidades e Instituciones de Educación Superior -ANUIES- yla Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho,Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica,se impulsa la adecuación de los planes y programas de estudio deuniversidades públicas y privadas, acorde a los contenidos de esteSistema de Justicia Penal Acusatorio.
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