Por Germán Chávez
La FiscalíaEspecializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)enviará una iniciativa para endurecer las sanciones por losdelitos como peculado electoral y desvío de recursospúblicos.
En coordinación con el SistemaNacional Anticorrupción (SNA), la reforma a la Ley General enMateria de Delitos Electorales y sus correlativos en el CódigoPenal Federal plantea que ambos delitos sean considerados graves yse aplique prisión preventiva en los casos en que se realicemediante una red de corrupción.
En una entrevista con El Sol de México, Santiago Nieto Castillo, eltitular de la Fepade, aseguró también que se elabora, en colaboración con laSecretaría de la Función Pública (SFP), un mapa de riesgos, ya que se hadetectado que en los sitios donde hay más beneficiarios deProspera, también hay más denuncias por delitoselectorales.
"Hemos detectado que a mayorincremento en el número de beneficiarios de Prospera, mayor es elnúmero de denuncias por condicionamiento de programas sociales",aseguró el fiscal, aunque atribuyó la incidencia de corrupción ala actuación poco ética de los funcionarios y no a la condiciónde pobreza de los ciudadanos.
El trabajo con el SNA
El funcionario afirmó que la Fepadey el SNA han colaborado en un programa de trabajo conjunto: primerorendir informes en aquellos casos de la Fiscalía que ya han sidojudicializados; segundo trabajar en un modelo de modus operandipara ofrecer al SNA el mecanismo de gestación de los delitoselectorales en el ámbito de la corrupción y finalmente, con laSecretaría de la Función Pública se elabora un mapa deriesgo.
“Encontramos, sobre todo en temasrelacionado con condicionamiento de programas sociales, a partir dela medición de los índices de marginalidad, de pobreza a nivelmunicipal de las entidades federativas y de los números debeneficiarios, -tanto en números enteros como porcentuales debeneficiarios- de Prospera, en cada entidad federativa, hemosdetectado que a mayor incremento en el número de beneficiarios deprospera mayor es el incremento en el número de denuncias porcondicionamiento de programas sociales”, afirmó elfuncionario.
De acuerdo con el funcionario, desdeque está la Fepade se han registrado cerca de dos mil 670denuncias en materia de corrupción y la cifra ha ido en aumento:mientras en 2015 se abrieron 133 investigaciones relacionadas concondicionamiento de programas, en 2016 fueron 474 y en 2017 fueron171, con sólo cuatro procesos electorales.
Santiago Nieto aseguró que elincremento en las denuncias se debe a que ahora llegan en contra delos gobiernos estatales y municipales y no solo en casos decomicios federales.
Además, se ha observado unincremento en los delitos de peculado electoral y financiamientoilícito.
“Hemos encontrado un incrementoconstante no solamente en peculado electoral sino en elfinanciamiento ilícito en las campañas electorales, que era algoque no veíamos y que se empieza a dar con mayor presencia a partirde 2017, llámese desvío de recursos de la federación, estados ymunicipios, llámese retención de salarios de los trabajadores anivel estatal o municipal o llámese recursos presuntamente deprocedencia ilícita, como lo que hemos visto en algunos candidatosindependientes en Nayarit y Coahuila, todo esto implica actos decorrupción que es importante que se ataquen por parte del sistemade procuración de justicia en particular por la Fepade”, afirmóel funcionario. Respecto a la reforma de ley que se presentaríapara endurecer las sanciones contra los imputados de delitoselectorales graves, Santiago Nieto aseveró que se ha planteado endiferentes foros y momentos la necesidad de que dichos delitos seconsideren graves.
“Sí, es correcto (…) En todoslos casos exitosos de la Fepade, (los imputados) o han adquirido lalibertad caucional porque es un derecho que la Constitución le daa los imputados, o no hay prisión preventiva oficiosa por lacomisión de delitos como el condicionamiento de programas socialeso peculado electoral, por ello es que hemos nosotros planteado, lohe hecho en la conversaciones que se han tenido con el SistemaNacional Anticorrupción, la necesidad de que el delito de peculadoelectoral se convierta en un delito grave, para efecto de que semande un mensaje claro de que ese tipo de conductas son reprochadaspor el Poder Legislativo, por la clase política mexicana, por lasociedad mexicana en su conjunto”, aseguró el titular de laFepade.
Nieto Castillo, aunque no dio fechapara presentar en el Congreso la iniciativa de la reforma a la LeyGeneral en Materia de Delitos Electorales y sus correlativos en elCódigo Penal Federal, aceptó que próximamente se tramitará,aunque, de aprobarse, es probable que no sea aplicable en laspróximas elecciones de 2018.
“La Constitución establece que nopuede haber modificaciones a las normas fundamentales del procesoelectoral 90 días antes del inicio del proceso electoral, que comosabemos iniciará el próximo ocho de septiembre, por tanto estamosfuera del plazo, hay una discusión académica respecto a estoporque se plantea que un tipo penal no es una norma fundamental queafecta el proceso electoral en sí, sin embargo yo soy de la ideaque los delitos electorales forman parte de la materia electoral yque, por tanto, modificar una norma que tenga que ver con lasanción que se impone al servidor público podría ser una normafundamental, pero en todo caso esto es un tema que tendrá que discutir y resolver,en caso de que así procediera la reforma, la Suprema Corte deJusticia de la Nación”, concluyó Nieto Castillo.
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