/ jueves 9 de febrero de 2017

Fuerzas Armadas no buscan Ley de Seguridad Interior perpetua

Las Fuerzas Armadas no buscan una Ley de Seguridad Interior (LSI) perpetua ni a modo, mucho menos un cheque en blanco para el Ejército o militares, sino una ley que ponga orden y obligue a todas las instancias involucradas a asumir su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada, puntualiza el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la víspera del 104 Aniversario de la Marcha de la Lealtad y del encuentro del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, con los representantes del Congreso de la Unión, el general de Brigada de Justicia Militar habló en exclusiva a El Sol de México sobre las perspectivas que tiene el Ejército mexicano de la Ley de Seguridad Interior, su contenido, riesgos de que se quede en la “congeladora” parlamentaria, y responde a cuestionamientos sobre la misma.

“La seguridad nacional es una condición para cumplir los objetivos nacionales y para la continuidad del Estado mexicano… Lo peor que nos puede pasar es estar en la incertidumbre, en la nada jurídica, y por eso es importante regular el uso de la fuerza”, advierte el general Alejandro Ramos, durante la entrevista realizada en las instalaciones de la Sedena.

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Antes de puntualizar que corresponde a la sociedad mexicana determinar si ha habido eficiencia o no en la participación de Ejército mexicano en el combate al crimen organizado, el mando militar rechaza que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior sea anticonstitucional, proponga la militarización del país o que exista la posibilidad de una intentona golpista, dada la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas a las instituciones democráticas de la nación.

El preámbulo es breve, de pocas palabras, cortés, y el General Brigadier licenciado acepta iniciar la entrevista.

-¿Terminó enero y no hubo periodo extraordinario, ya estamos en febrero y no hay dictamen. ¿Qué opinión tiene al respecto la Sedena?

“El pronunciamiento que hizo el general secretario de la Defensa Nacional en diciembre, fue simplemente una referencia a la necesidad de legislar en la materia y que ya han pasado muchos años y no ha habido una legislación”.

LA LSI NO ES UN RECLAMO, SINO UNA NECESIDAD

El general explica que la idea del periodo extraordinario no es un reclamo de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Fue una posibilidad que plantearon los propios legisladores y que de acuerdo con sus propios procedimientos y tiempos ellos han determinado no hacerlo. Esperamos que durante este periodo puedan dictaminarse las iniciativas, porque no es una, son varias las iniciativas que están en ambas cámaras”.

El representante jurídico de la Sedena puso en claro cuál es la perspectiva que tienen las Fuerzas Armadas de la iniciativa de reforma en cuestión y explicó que en principio buscan una ley que no sea forzosamente para las Fuerzas Armadas. “Nosotros consideramos que la seguridad interior, como una de las dos grandes vertientes de la seguridad nacional, es responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida por todos los poderes y por todos órdenes de Gobierno”.

Agregó que debe de haber una coordinación general de las secciones en materia de seguridad interior, que bien puede corresponder al ámbito de la Secretaría de Gobernación, y que la Ley debe de establecer líneas de coordinación entre todas las instancias, con principios de gradualidad, legalidad, de todo lo necesario, para dejar las reglas claras de cómo el Estado mexicano va a enfrentar cualquier problema que ponga en riesgo su propia seguridad.

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“La seguridad nacional, remarcó, es una condición para cumplir los objetivos nacionales y para la continuidad del Estado Mexicano. Cuando ésta se ve afectada por fenómenos que surgen dentro del propio Estado, le llamamos seguridad interior, y en esa medida lo importante es que el Estado tenga una regulación de cómo enfrentar estas amenazas”.

Desde esta perspectiva, el general Alejandro Ramos subrayó que para la Secretaría de la Defensa Nacional es muy importante que quede claro, que no se trata de una ley para los militares, para el Ejército, sino se trata de una ley para el Estado mexicano, en la que también se incluya cuándo y cómo emplear a sus Fuerzas Armadas.

Manifestó que la Sedena está dando seguimiento a los trabajos que llevan a cabo los distintos grupos parlamentarios y las propias comisiones dictaminadoras en los foros de consulta. “Estamos atentos a éstos para ver si hay esa coincidencia con nuestra perspectiva, de que sea una ley amplia, que no sea una ley para las Fuerzas Armadas exclusivamente”.

EVALÚA SDN COINCIDENCIAS EN LOS FOROS DE CONSULTA

Indicó que a ellos se les dará certeza jurídica en la medida de que la LSI establezca con claridad los procedimientos a través de los cuales se determine el empleo de las fuerzas armadas y los lugares, los tiempos, las acciones a realizar, para atender una amenaza a la soberanía nacional.

Sobre el desinterés observado durante los pasados foros de consulta y el rechazo de los legisladores del PRD a la iniciativa de ley, por considerar que es anticonstitucional y tiende a militarizar al país, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena puntualizó: “Precisamente por eso existe la división de poderes y cada quien tiene que asumir sus responsabilidades”.

“Vivimos, dijo, en una democracia y los diferentes grupos parlamentarios representan las diferentes posturas dentro de la sociedad, así que lo importante es que se haga el trabajo legislativo y que resulte una ley de beneficio para el país”.

El general comentó estar en el entendido de que algunos de los pronunciamientos en contra del proyecto de decreto, son en el sentido de rechazo a una Ley de Seguridad Interior que busque darle permanencia a la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

También lee: Legisladores tienen deuda con el Ejército, admite comisión bicameral

“La pregunta sería, acotó, si todas o alguna de estas iniciativas que están en discusión tiene por objeto perpetuar a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública o, al contrario, solamente pretenden establecer la regulación para atender amenazas a la seguridad interior, como el crimen organizado que es lo que en este momento preocupa a mucha gente”.

Aseveró que desde su perspectiva no todas las iniciativas buscan perpetuar, “al contrario, una Ley de Seguridad Interior, lejos de buscar  perpetuar el empleo de las fuerzas armadas en la seguridad pública, lo que va a hacer precisamente es poner orden y obligar a que las instancias responsables asuman sus propia responsabilidad.

-¿Busca el Ejército con esta ley un cheque en blanco para el uso discrecional de la fuerza en la persecución del delito?

“Creo que es una mala interpretación, creo que son expresiones que no tienen soporte en nada ni en lo expresado por el general secretario, ni en lo que se ha planteado en las iniciativas. De hecho la idea de las Fuerzas Armadas es que en esta regulación no tiene que preverse la sustitución el remplazo de unas autoridades por otras”.

“NO SE TRATA DE SUSTITUIR A POLICÍAS O AUTORIDADES”

Sin perder el aplomo de la disciplina militar el general Ramos Flores añadió: “Al contrario, debe de permanecer cada quien en el ámbito de sus atribuciones y por tanto no se trata de sustituir a las policías o a las autoridad política, sino que cada quien haga su trabajo y las otras instancias colaboren con ellos, para que puedan recuperar rápidamente sus capacidades y hacer frente a la situación”.

Luego de advertir que lo peor que nos puede pasar es estar en la incertidumbre, es estar en la nada jurídica, y por eso es importante regular el uso de la fuerza, el representante de la Sedena recordó que en muchos países el uso de la fuerza está debidamente regulado, y el ciudadano ya sabe que si agrede con una bomba molotov a un agente del Estado, está poniendo en riesgo la integridad física de ese agente del Estado, y por tanto está legitimando para que lo someta incluso con el uso de la fuerza, si fuese el caso.

Acerca de si los derechos humanos son una limitante para el combate integral a la delincuencia organizada o el narcotráfico en el actual sistema jurídico, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos respondió de inmediato: “No. Al contrario, son un objetivo. Este derecho constitucional se ve fortalecido, protegido, en la medida en que se combate al crimen organizado”.

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Destacó que el tema no es el respeto a los derechos humanos, ya que “cuando el general secretario hizo alusión a la disyuntiva en que a veces el personal se puede ver enfrentado entre cumplir una orden o verse procesado por no cumplirla, no se refería a que la orden fuera violatoria de este precepto constitucional, sino que en el cumplimiento de esa orden hay una serie de riesgos que pueden llevarlo a ser señalado por violaciones en la materia, y en esa medida  enfrentar una serie de problemas”.

--¿Algunos analistas dicen que detrás de estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo a través del partido en el Gobierno, hay la intención de asegurar un blindaje contra un eventual golpe de Estado?--

“Están fuera de proporción, son expresiones meramente políticas, y a lo largo de la historia de nuestro país el Ejército ha dado perfectas muestras de lealtad institucional, de respeto por la voluntad popular a través del voto, a través de los ejercicios democráticos. Además, la iniciativa presentada por los diputados Tamayo y Camacho Quiroz, a través del PRI, no tienen ningún elemento que permita pensar en esa posibilidad”.

Más adelante, en torno a las aseveraciones del grupo parlamentario del PRD y voces del exterior que ponen en entredicho la funcionalidad y resultados del Ejército mexicano en su participación en el combate al crimen organizado, el general Alejandro Ramos delimitó: “Las Fuerzas Armadas estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enfrentar una situación que es un problema complejo, en el que hay una participación por parte de todos”.

Detalló que la acción de las Fuerzas Armadas atiende a una función de contención. “Es necesario que se desarrollen todas las acciones para atender a las causas que generan el fenómeno; nuestra labor ha sido la de apoyar a las instituciones responsables de esta materia y los resultados han estado ahí, a la vista de todos. Corresponderá más bien a la propia sociedad, determinar que tan efectivo ha sido o no, en la parte que corresponde a esta atención al problema”.

En la parte final de la entrevista, el representante Jurídico General de la Sedena también externó su opinión sobre el acuerdo nacional con los estados, anunciado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para el regreso del Ejército mexicano a sus cuarteles y expuso: “Habrá que ver como se construye ese acuerdo, no existe, es solamente la idea. Es la necesidad de establecer ya una ruta para que se atiendan estos problemas por las autoridades que deben de atenderlos”.

Análisis: Seguridad Pública y lealtad de las Fuerzas Armadas

EL REGRESO DEL EJÉRCITO A LOS CUARTELES, SOLO UNA IDEA

Sin embargo, manifestó que la idea que el Ejército regrese a sus cuarteles debe de ser alentadora para todos, en la medida que significaría que las autoridades civiles responsables de atender estos problemas de seguridad pública y de procuración de justicia, ya lo están haciendo, tienen las capacidades para cumplir esas responsabilidades y que, por tanto, con toda la confianza podremos decir que no se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas para esas tareas”.

Finalmente, sobre quienes ya anuncian la posible defunción de la Ley de Seguridad Interior y el riesgo de que ésta se quede en la congeladora parlamentaria, el general Alejandro Ramos Flores reconoció que “Ello es algo que escapa a las facultades y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

“Nosotros esperamos que el Poder Legislativo haga su trabajo de discutir el tema, y si determinan que no es viable, que no es necesario, que no es conveniente una Ley de Seguridad Interior, nosotros cumpliremos con nuestras responsabilidades. Siempre seremos respetuosos de las decisiones que se tomen a través del marco legal correspondiente”, concluyó.

Las Fuerzas Armadas no buscan una Ley de Seguridad Interior (LSI) perpetua ni a modo, mucho menos un cheque en blanco para el Ejército o militares, sino una ley que ponga orden y obligue a todas las instancias involucradas a asumir su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada, puntualiza el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la víspera del 104 Aniversario de la Marcha de la Lealtad y del encuentro del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, con los representantes del Congreso de la Unión, el general de Brigada de Justicia Militar habló en exclusiva a El Sol de México sobre las perspectivas que tiene el Ejército mexicano de la Ley de Seguridad Interior, su contenido, riesgos de que se quede en la “congeladora” parlamentaria, y responde a cuestionamientos sobre la misma.

“La seguridad nacional es una condición para cumplir los objetivos nacionales y para la continuidad del Estado mexicano… Lo peor que nos puede pasar es estar en la incertidumbre, en la nada jurídica, y por eso es importante regular el uso de la fuerza”, advierte el general Alejandro Ramos, durante la entrevista realizada en las instalaciones de la Sedena.

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Antes de puntualizar que corresponde a la sociedad mexicana determinar si ha habido eficiencia o no en la participación de Ejército mexicano en el combate al crimen organizado, el mando militar rechaza que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior sea anticonstitucional, proponga la militarización del país o que exista la posibilidad de una intentona golpista, dada la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas a las instituciones democráticas de la nación.

El preámbulo es breve, de pocas palabras, cortés, y el General Brigadier licenciado acepta iniciar la entrevista.

-¿Terminó enero y no hubo periodo extraordinario, ya estamos en febrero y no hay dictamen. ¿Qué opinión tiene al respecto la Sedena?

“El pronunciamiento que hizo el general secretario de la Defensa Nacional en diciembre, fue simplemente una referencia a la necesidad de legislar en la materia y que ya han pasado muchos años y no ha habido una legislación”.

LA LSI NO ES UN RECLAMO, SINO UNA NECESIDAD

El general explica que la idea del periodo extraordinario no es un reclamo de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Fue una posibilidad que plantearon los propios legisladores y que de acuerdo con sus propios procedimientos y tiempos ellos han determinado no hacerlo. Esperamos que durante este periodo puedan dictaminarse las iniciativas, porque no es una, son varias las iniciativas que están en ambas cámaras”.

El representante jurídico de la Sedena puso en claro cuál es la perspectiva que tienen las Fuerzas Armadas de la iniciativa de reforma en cuestión y explicó que en principio buscan una ley que no sea forzosamente para las Fuerzas Armadas. “Nosotros consideramos que la seguridad interior, como una de las dos grandes vertientes de la seguridad nacional, es responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida por todos los poderes y por todos órdenes de Gobierno”.

Agregó que debe de haber una coordinación general de las secciones en materia de seguridad interior, que bien puede corresponder al ámbito de la Secretaría de Gobernación, y que la Ley debe de establecer líneas de coordinación entre todas las instancias, con principios de gradualidad, legalidad, de todo lo necesario, para dejar las reglas claras de cómo el Estado mexicano va a enfrentar cualquier problema que ponga en riesgo su propia seguridad.

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Desde esta perspectiva, el general Alejandro Ramos subrayó que para la Secretaría de la Defensa Nacional es muy importante que quede claro, que no se trata de una ley para los militares, para el Ejército, sino se trata de una ley para el Estado mexicano, en la que también se incluya cuándo y cómo emplear a sus Fuerzas Armadas.

Manifestó que la Sedena está dando seguimiento a los trabajos que llevan a cabo los distintos grupos parlamentarios y las propias comisiones dictaminadoras en los foros de consulta. “Estamos atentos a éstos para ver si hay esa coincidencia con nuestra perspectiva, de que sea una ley amplia, que no sea una ley para las Fuerzas Armadas exclusivamente”.

EVALÚA SDN COINCIDENCIAS EN LOS FOROS DE CONSULTA

Indicó que a ellos se les dará certeza jurídica en la medida de que la LSI establezca con claridad los procedimientos a través de los cuales se determine el empleo de las fuerzas armadas y los lugares, los tiempos, las acciones a realizar, para atender una amenaza a la soberanía nacional.

Sobre el desinterés observado durante los pasados foros de consulta y el rechazo de los legisladores del PRD a la iniciativa de ley, por considerar que es anticonstitucional y tiende a militarizar al país, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena puntualizó: “Precisamente por eso existe la división de poderes y cada quien tiene que asumir sus responsabilidades”.

“Vivimos, dijo, en una democracia y los diferentes grupos parlamentarios representan las diferentes posturas dentro de la sociedad, así que lo importante es que se haga el trabajo legislativo y que resulte una ley de beneficio para el país”.

El general comentó estar en el entendido de que algunos de los pronunciamientos en contra del proyecto de decreto, son en el sentido de rechazo a una Ley de Seguridad Interior que busque darle permanencia a la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

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Aseveró que desde su perspectiva no todas las iniciativas buscan perpetuar, “al contrario, una Ley de Seguridad Interior, lejos de buscar  perpetuar el empleo de las fuerzas armadas en la seguridad pública, lo que va a hacer precisamente es poner orden y obligar a que las instancias responsables asuman sus propia responsabilidad.

-¿Busca el Ejército con esta ley un cheque en blanco para el uso discrecional de la fuerza en la persecución del delito?

“Creo que es una mala interpretación, creo que son expresiones que no tienen soporte en nada ni en lo expresado por el general secretario, ni en lo que se ha planteado en las iniciativas. De hecho la idea de las Fuerzas Armadas es que en esta regulación no tiene que preverse la sustitución el remplazo de unas autoridades por otras”.

“NO SE TRATA DE SUSTITUIR A POLICÍAS O AUTORIDADES”

Sin perder el aplomo de la disciplina militar el general Ramos Flores añadió: “Al contrario, debe de permanecer cada quien en el ámbito de sus atribuciones y por tanto no se trata de sustituir a las policías o a las autoridad política, sino que cada quien haga su trabajo y las otras instancias colaboren con ellos, para que puedan recuperar rápidamente sus capacidades y hacer frente a la situación”.

Luego de advertir que lo peor que nos puede pasar es estar en la incertidumbre, es estar en la nada jurídica, y por eso es importante regular el uso de la fuerza, el representante de la Sedena recordó que en muchos países el uso de la fuerza está debidamente regulado, y el ciudadano ya sabe que si agrede con una bomba molotov a un agente del Estado, está poniendo en riesgo la integridad física de ese agente del Estado, y por tanto está legitimando para que lo someta incluso con el uso de la fuerza, si fuese el caso.

Acerca de si los derechos humanos son una limitante para el combate integral a la delincuencia organizada o el narcotráfico en el actual sistema jurídico, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos respondió de inmediato: “No. Al contrario, son un objetivo. Este derecho constitucional se ve fortalecido, protegido, en la medida en que se combate al crimen organizado”.

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Destacó que el tema no es el respeto a los derechos humanos, ya que “cuando el general secretario hizo alusión a la disyuntiva en que a veces el personal se puede ver enfrentado entre cumplir una orden o verse procesado por no cumplirla, no se refería a que la orden fuera violatoria de este precepto constitucional, sino que en el cumplimiento de esa orden hay una serie de riesgos que pueden llevarlo a ser señalado por violaciones en la materia, y en esa medida  enfrentar una serie de problemas”.

--¿Algunos analistas dicen que detrás de estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo a través del partido en el Gobierno, hay la intención de asegurar un blindaje contra un eventual golpe de Estado?--

“Están fuera de proporción, son expresiones meramente políticas, y a lo largo de la historia de nuestro país el Ejército ha dado perfectas muestras de lealtad institucional, de respeto por la voluntad popular a través del voto, a través de los ejercicios democráticos. Además, la iniciativa presentada por los diputados Tamayo y Camacho Quiroz, a través del PRI, no tienen ningún elemento que permita pensar en esa posibilidad”.

Más adelante, en torno a las aseveraciones del grupo parlamentario del PRD y voces del exterior que ponen en entredicho la funcionalidad y resultados del Ejército mexicano en su participación en el combate al crimen organizado, el general Alejandro Ramos delimitó: “Las Fuerzas Armadas estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enfrentar una situación que es un problema complejo, en el que hay una participación por parte de todos”.

Detalló que la acción de las Fuerzas Armadas atiende a una función de contención. “Es necesario que se desarrollen todas las acciones para atender a las causas que generan el fenómeno; nuestra labor ha sido la de apoyar a las instituciones responsables de esta materia y los resultados han estado ahí, a la vista de todos. Corresponderá más bien a la propia sociedad, determinar que tan efectivo ha sido o no, en la parte que corresponde a esta atención al problema”.

En la parte final de la entrevista, el representante Jurídico General de la Sedena también externó su opinión sobre el acuerdo nacional con los estados, anunciado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para el regreso del Ejército mexicano a sus cuarteles y expuso: “Habrá que ver como se construye ese acuerdo, no existe, es solamente la idea. Es la necesidad de establecer ya una ruta para que se atiendan estos problemas por las autoridades que deben de atenderlos”.

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Sin embargo, manifestó que la idea que el Ejército regrese a sus cuarteles debe de ser alentadora para todos, en la medida que significaría que las autoridades civiles responsables de atender estos problemas de seguridad pública y de procuración de justicia, ya lo están haciendo, tienen las capacidades para cumplir esas responsabilidades y que, por tanto, con toda la confianza podremos decir que no se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas para esas tareas”.

Finalmente, sobre quienes ya anuncian la posible defunción de la Ley de Seguridad Interior y el riesgo de que ésta se quede en la congeladora parlamentaria, el general Alejandro Ramos Flores reconoció que “Ello es algo que escapa a las facultades y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

“Nosotros esperamos que el Poder Legislativo haga su trabajo de discutir el tema, y si determinan que no es viable, que no es necesario, que no es conveniente una Ley de Seguridad Interior, nosotros cumpliremos con nuestras responsabilidades. Siempre seremos respetuosos de las decisiones que se tomen a través del marco legal correspondiente”, concluyó.