/ lunes 12 de septiembre de 2016

Gremios de trabajadores se convierten en “agencias de colocación familiar”

*Venden las plazas y piden “moches” por comisiones

*Evaden reportar el manejo de las cuotas obtenidas

*Rechaza Tribunal solapar conductas deshonestas

Segunda y última parte

Mientras el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) afirma que en la institución no se solapa ningún tipo de conducta deshonesta y fuera de la ley, en los documentos en poder de EL SOL DE MÉXICO y las denuncias de trabajadores y dirigentes, como el presidente del Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SNTPGR), Sergio Chico Méndez, ponen de manifiesto el clima de ilegalidad en que se manejan, no pocos dirigentes de la burocracia nacional.

Sin dejar de lado las quejas sobre presuntas colusiones o complicidades entre los cacicazgos sindicales y autoridades federales, así como laborales, la información obtenida deja al descubierto también la utilización de estos sindicatos de la Administración Pública Federal, como “agencias de colocación familiar” y de amigos incondicionales, más allá de las necesidades operativas de las dependencias en cuestión.

Por su parte, el director general de Comunicación Social del TFJA, Guillermo Chao Ebergenyi, precisa que “El Dr. Manuel Hallivis Pelayo no era Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el momento en que los hechos mencionados (de la venta de automóviles) acontecieron. Su presidencia –remarcó-, inició en enero de 2014”.

Consulta la primera parte:

Agrega que “El fraude al que se refiere el expediente FBJ/BJ-1/t2/2224/12-10, aconteció en 2012, casi dos años antes de que el Dr. Hallivis tomara posesión como Presidente del Tribunal”. Y en concordancia con lo que señala en la parte final de la primera entrega de este reportaje, destaca que en “El caso de fraude genérico (aludido) no permaneció impune. El acusado fue aprehendido, estuvo en prisión y continúa sujeto a proceso penal”.

Sostiene que “A través de su Junta de Gobierno y Administración, el Tribunal analiza todas las denuncias que recibe y actúa siempre de acuerdo a los estatutos, normas y Código de Ética que lo rige. Como lo hizo el pasado mes de agosto al denunciar penalmente a tres magistrados regionales ante la autoridad competente, inhabilitando, según la gravedad de la falta, por meses y años a quienes violan la ley y cumpliendo con el lema de que el buen juez por su casa empieza”.

A su vez, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (SNTTFJFA), señalan que en la actualidad, Juan Renato Estrada, junto con el abogado Alejandro Gómez Pérez -otro de los implicados en el “fraude” con la venta de automóviles, y quien incluso estuvo confinado en el Reclusorio Oriente-, son los encargados de operar, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la entrega de la Toma de Nota a la actual dirigencia, contra lo que marcan los estatutos sindicales.

Sostienen que la opacidad e impunidad prevaleciente en su gremio ha permitido todo, desde despidos injustificados, trafico de plazas a favor de familiares y derroche de cuotas sindicales, sin que se de cuenta del estado que guardan las finanzas sindicales, pese a que la nueva Ley de Transparencia marca como obligatoria esta rendición de cuentas.

Agregan que la campaña instrumentada para limpiar de culpas a los actuales dirigentes, y posicionar al Tribunal como permanente combatiente de la corrupción en el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “es una afrenta y una burla que se anuncie que se va a abrir una Sala Anticorrupción”.

Este ambiente de corrupción, atropellos a los derechos de los trabajadores sindicalizados del servicio público, donde la transparencia y rendición de cuentas son calificados como “letra muerta”, se extiende al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SNTPGR), donde la venta de plazas, el cobro indebido de porcentajes por comisiones sindicales y la operación fraudulenta con créditos de vivienda son la constante de las denuncias y reclamos a la dirigencia encabezada por Humberto Nava Genera.

VENTA DE PLAZAS Y “COMISIONITIS” EN SNITPGR

Sergio Chico Méndez, presidente del Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la PGR (SNITPGR), afirma que aquí los empleados también se debaten entre la opacidad y la simulación, como quedó demostrado en su Congreso Nacional Extraordinario de junio, donde se emitió una convocatoria fuera de tiempo y forma.

En entrevista con este diario, el también exsecretario general del SNITPGR y exsecretario del trabajo y conflictos en la FSTSE, detalla que el Congreso que se realizó a destiempo, fue avalado por la mayoría en medio de impugnaciones por la corrupción que existe en la venta de plazas y favoritismos hacia familiares, amigos y allegados al grupo de Nava Genera, so pena de sufrir la represión interna, que ha generado un clima de tensión y frustración entre los trabajadores.

No obstante los reclamos por las irregularidades, Humberto Nava realizó ajustes en su Comité Nacional, por lo que los trabajadores señalaron que dio paso a más incondicionales y su cacicazgo se extenderá hasta 2019, sembrando el voto del miedo entre la base de que “pueden perder su empleo los trabajadores, si la PGR cambia a Fiscalía”.

Chico Méndez destaca que la perdida de membresía en su gremio no puede ser mayor, pues de los 8 mil 900 de base que llegaron a ser, en la actualidad apenas y llegan a los 2 mil 100 sindicalizados. Agrega que los principales operadores de Nava Genera son Irma Celón, secretaria particular e integrante del Comité Nacional, junto con Roberto Ángulo, como encargados de maniobrar. “Cuando tienen un problema, siempre niegan cualquier audiencia con el dirigente”.

Incluso, entre algunos dirigentes sindicales se comenta que los operadores de Humberto utilizan al área Comunicación de la FSTSE, ocupada con varias comisiones sindicales, para otorgar o negar audiencia con Joel Ayala, a cambio de sobresueldos y “si éste no se encuentra anexado en algún proceso de rehabilitación”.

En permanente lucha contra la reforma que impuso los exámenes de confianza a los servidores públicos de la PGR y que ha sido aprovechada para el despido unilateral de varios trabajadores, Sergio Chico sostiene que Nava Genera ha acumulado beneficios propios, luego de que ha tomado el sindicato como un “negocio particular”. ABANDONO DE FSTSE PERPETÚA CACICAZGOS

Añade que la actual dirigencia del sindicato de trabajadores de la PGR ha hecho reinar la opacidad y el cacicazgo de un dirigente, “porque la relación con la FSTSE es distante, debido a que Joel Ayala, líder nacional ni siquiera asiste a sus congresos, ni envía representantes, aunque las anomalías sean denunciadas.

De 80 comisiones sindicales  que hay actualmente en el sindicato de la Procuraduría General de la República, solo diez trabajan, cobrando hasta el 50 por ciento a cada comisionado, entre los que se encuentran jefes de oficina con un sueldo mensual de siete mil pesos.

El dirigente de los trabajadores independientes de la PGR, denuncia que en este gremio no existe el 3de3 para la rendición de cuentas, ni mucho menos se informa del manejo y uso de los recursos de las cuotas sindicales que son del 2.5 por ciento del salario de los trabajadores, pese a estar establecido en la Ley de Transparencia y, mucho menos, hay informes del estado que guarda el patrimonio sindical o de los inmuebles del gremio, que renta la Procuraduría.

Para más de uno de los sindicalizados del SNTPGR, aún está presente el fraude cometido en su gremio con la entrega de créditos para vivienda en el Fovissste, y se “llamó a varios dirigentes para  “entrarle”, con la promesa de que se llevarían de 70 a 90 mil pesos por cada crédito aceptado, de los 180 que se habrían otorgado”. Las investigaciones continúan. El costo total de las viviendas que se ofrecían oscilaban entre los 250 y 450 mil pesos, en unidades habitacionales de todo el país.

El manejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía (SNTSE), que dirige su secretario general, José Guzmán Gómez, trabajador de intendencia, no se queda atrás. Sus trabajadores hablan de contubernios, venta de plazas, miles de comisionados y actitudes nepotistas, en beneficio de familiares y amigos.

Actualmente el sindicato maneja un patrimonio que desconocen los trabajadores y que si bien, es benéfico para ellos, pues tienen que pagar por casi todos los servicios, ya que sus dirigentes –aseguran-, maneja el gremio como negocio particular, y es el caso de las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia, casi esquina con avenida Chapultepec, donde los trabajadores tienen que pagar por su ingreso. ¿EL SNTSE, ORGANISMO LABORAL PÚBLICO O NEGOCIO PRIVADO?

Esta es la forma de operar de la dirigencia de José Guzmán, quien lleva en el poder varios periodos y que ha beneficiado a familiares y amigos, incluso, a través de algunos incondicionales, maneja  comisiones sindicales en las que cobra el 50 por ciento del sueldo de los comisionados y las opera en todas las instalaciones del patrimonio sindical.

De acuerdo a trabajadores sindicalizados, entrevistados en las instalaciones de Insurgentes Sur 1940, este sindicato  “se maneja (también) en la opacidad y la corrupción, y ya estamos cansados de esta situación, porque José Guzmán, es un cacique que se aprovecha de nuestras necesidades”.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ha puntualizado que todavía está pendiente la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción a la realidad.

En concordancia con los hechos que se registran en la cotidianeidad, sostiene que “una cosa es promulgar una ley y otra transformar la realidad, aunque hay que dar el beneficio de la duda y la entrada en vigor del SNA manda señales auspiciosas de cómo México puede transformar este terrible flagelo (la corrupción), que afecta nuestra vida pública”.

Para el director del IMCO, “ya tenemos leyes mucho más claras para regular el conflicto de interés y el tráfico de influencias”.

El investigador de la organización México Evalúa, Marco Fernández advierte que la promulgación de las leyes secundarias del SNA son de “gran relevancia”; sin embargo, se deben enfrentar aún retos para que “se conviertan en letra viva”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha llamado a no permitir que la ley se descomponga a nivel estatal y asegurar que no se permitan reformas locales “a modo”, para dar lugar a paquetes de inmunidad o simulación.

“Se debe dar seguimiento y vigilancia, para que efectivamente exista homologación en todas las entidades del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción”, coinciden analistas y especialistas.

*Venden las plazas y piden “moches” por comisiones

*Evaden reportar el manejo de las cuotas obtenidas

*Rechaza Tribunal solapar conductas deshonestas

Segunda y última parte

Mientras el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) afirma que en la institución no se solapa ningún tipo de conducta deshonesta y fuera de la ley, en los documentos en poder de EL SOL DE MÉXICO y las denuncias de trabajadores y dirigentes, como el presidente del Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SNTPGR), Sergio Chico Méndez, ponen de manifiesto el clima de ilegalidad en que se manejan, no pocos dirigentes de la burocracia nacional.

Sin dejar de lado las quejas sobre presuntas colusiones o complicidades entre los cacicazgos sindicales y autoridades federales, así como laborales, la información obtenida deja al descubierto también la utilización de estos sindicatos de la Administración Pública Federal, como “agencias de colocación familiar” y de amigos incondicionales, más allá de las necesidades operativas de las dependencias en cuestión.

Por su parte, el director general de Comunicación Social del TFJA, Guillermo Chao Ebergenyi, precisa que “El Dr. Manuel Hallivis Pelayo no era Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el momento en que los hechos mencionados (de la venta de automóviles) acontecieron. Su presidencia –remarcó-, inició en enero de 2014”.

Consulta la primera parte:

Agrega que “El fraude al que se refiere el expediente FBJ/BJ-1/t2/2224/12-10, aconteció en 2012, casi dos años antes de que el Dr. Hallivis tomara posesión como Presidente del Tribunal”. Y en concordancia con lo que señala en la parte final de la primera entrega de este reportaje, destaca que en “El caso de fraude genérico (aludido) no permaneció impune. El acusado fue aprehendido, estuvo en prisión y continúa sujeto a proceso penal”.

Sostiene que “A través de su Junta de Gobierno y Administración, el Tribunal analiza todas las denuncias que recibe y actúa siempre de acuerdo a los estatutos, normas y Código de Ética que lo rige. Como lo hizo el pasado mes de agosto al denunciar penalmente a tres magistrados regionales ante la autoridad competente, inhabilitando, según la gravedad de la falta, por meses y años a quienes violan la ley y cumpliendo con el lema de que el buen juez por su casa empieza”.

A su vez, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (SNTTFJFA), señalan que en la actualidad, Juan Renato Estrada, junto con el abogado Alejandro Gómez Pérez -otro de los implicados en el “fraude” con la venta de automóviles, y quien incluso estuvo confinado en el Reclusorio Oriente-, son los encargados de operar, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la entrega de la Toma de Nota a la actual dirigencia, contra lo que marcan los estatutos sindicales.

Sostienen que la opacidad e impunidad prevaleciente en su gremio ha permitido todo, desde despidos injustificados, trafico de plazas a favor de familiares y derroche de cuotas sindicales, sin que se de cuenta del estado que guardan las finanzas sindicales, pese a que la nueva Ley de Transparencia marca como obligatoria esta rendición de cuentas.

Agregan que la campaña instrumentada para limpiar de culpas a los actuales dirigentes, y posicionar al Tribunal como permanente combatiente de la corrupción en el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “es una afrenta y una burla que se anuncie que se va a abrir una Sala Anticorrupción”.

Este ambiente de corrupción, atropellos a los derechos de los trabajadores sindicalizados del servicio público, donde la transparencia y rendición de cuentas son calificados como “letra muerta”, se extiende al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República (SNTPGR), donde la venta de plazas, el cobro indebido de porcentajes por comisiones sindicales y la operación fraudulenta con créditos de vivienda son la constante de las denuncias y reclamos a la dirigencia encabezada por Humberto Nava Genera.

VENTA DE PLAZAS Y “COMISIONITIS” EN SNITPGR

Sergio Chico Méndez, presidente del Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la PGR (SNITPGR), afirma que aquí los empleados también se debaten entre la opacidad y la simulación, como quedó demostrado en su Congreso Nacional Extraordinario de junio, donde se emitió una convocatoria fuera de tiempo y forma.

En entrevista con este diario, el también exsecretario general del SNITPGR y exsecretario del trabajo y conflictos en la FSTSE, detalla que el Congreso que se realizó a destiempo, fue avalado por la mayoría en medio de impugnaciones por la corrupción que existe en la venta de plazas y favoritismos hacia familiares, amigos y allegados al grupo de Nava Genera, so pena de sufrir la represión interna, que ha generado un clima de tensión y frustración entre los trabajadores.

No obstante los reclamos por las irregularidades, Humberto Nava realizó ajustes en su Comité Nacional, por lo que los trabajadores señalaron que dio paso a más incondicionales y su cacicazgo se extenderá hasta 2019, sembrando el voto del miedo entre la base de que “pueden perder su empleo los trabajadores, si la PGR cambia a Fiscalía”.

Chico Méndez destaca que la perdida de membresía en su gremio no puede ser mayor, pues de los 8 mil 900 de base que llegaron a ser, en la actualidad apenas y llegan a los 2 mil 100 sindicalizados. Agrega que los principales operadores de Nava Genera son Irma Celón, secretaria particular e integrante del Comité Nacional, junto con Roberto Ángulo, como encargados de maniobrar. “Cuando tienen un problema, siempre niegan cualquier audiencia con el dirigente”.

Incluso, entre algunos dirigentes sindicales se comenta que los operadores de Humberto utilizan al área Comunicación de la FSTSE, ocupada con varias comisiones sindicales, para otorgar o negar audiencia con Joel Ayala, a cambio de sobresueldos y “si éste no se encuentra anexado en algún proceso de rehabilitación”.

En permanente lucha contra la reforma que impuso los exámenes de confianza a los servidores públicos de la PGR y que ha sido aprovechada para el despido unilateral de varios trabajadores, Sergio Chico sostiene que Nava Genera ha acumulado beneficios propios, luego de que ha tomado el sindicato como un “negocio particular”. ABANDONO DE FSTSE PERPETÚA CACICAZGOS

Añade que la actual dirigencia del sindicato de trabajadores de la PGR ha hecho reinar la opacidad y el cacicazgo de un dirigente, “porque la relación con la FSTSE es distante, debido a que Joel Ayala, líder nacional ni siquiera asiste a sus congresos, ni envía representantes, aunque las anomalías sean denunciadas.

De 80 comisiones sindicales  que hay actualmente en el sindicato de la Procuraduría General de la República, solo diez trabajan, cobrando hasta el 50 por ciento a cada comisionado, entre los que se encuentran jefes de oficina con un sueldo mensual de siete mil pesos.

El dirigente de los trabajadores independientes de la PGR, denuncia que en este gremio no existe el 3de3 para la rendición de cuentas, ni mucho menos se informa del manejo y uso de los recursos de las cuotas sindicales que son del 2.5 por ciento del salario de los trabajadores, pese a estar establecido en la Ley de Transparencia y, mucho menos, hay informes del estado que guarda el patrimonio sindical o de los inmuebles del gremio, que renta la Procuraduría.

Para más de uno de los sindicalizados del SNTPGR, aún está presente el fraude cometido en su gremio con la entrega de créditos para vivienda en el Fovissste, y se “llamó a varios dirigentes para  “entrarle”, con la promesa de que se llevarían de 70 a 90 mil pesos por cada crédito aceptado, de los 180 que se habrían otorgado”. Las investigaciones continúan. El costo total de las viviendas que se ofrecían oscilaban entre los 250 y 450 mil pesos, en unidades habitacionales de todo el país.

El manejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía (SNTSE), que dirige su secretario general, José Guzmán Gómez, trabajador de intendencia, no se queda atrás. Sus trabajadores hablan de contubernios, venta de plazas, miles de comisionados y actitudes nepotistas, en beneficio de familiares y amigos.

Actualmente el sindicato maneja un patrimonio que desconocen los trabajadores y que si bien, es benéfico para ellos, pues tienen que pagar por casi todos los servicios, ya que sus dirigentes –aseguran-, maneja el gremio como negocio particular, y es el caso de las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia, casi esquina con avenida Chapultepec, donde los trabajadores tienen que pagar por su ingreso. ¿EL SNTSE, ORGANISMO LABORAL PÚBLICO O NEGOCIO PRIVADO?

Esta es la forma de operar de la dirigencia de José Guzmán, quien lleva en el poder varios periodos y que ha beneficiado a familiares y amigos, incluso, a través de algunos incondicionales, maneja  comisiones sindicales en las que cobra el 50 por ciento del sueldo de los comisionados y las opera en todas las instalaciones del patrimonio sindical.

De acuerdo a trabajadores sindicalizados, entrevistados en las instalaciones de Insurgentes Sur 1940, este sindicato  “se maneja (también) en la opacidad y la corrupción, y ya estamos cansados de esta situación, porque José Guzmán, es un cacique que se aprovecha de nuestras necesidades”.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), ha puntualizado que todavía está pendiente la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción a la realidad.

En concordancia con los hechos que se registran en la cotidianeidad, sostiene que “una cosa es promulgar una ley y otra transformar la realidad, aunque hay que dar el beneficio de la duda y la entrada en vigor del SNA manda señales auspiciosas de cómo México puede transformar este terrible flagelo (la corrupción), que afecta nuestra vida pública”.

Para el director del IMCO, “ya tenemos leyes mucho más claras para regular el conflicto de interés y el tráfico de influencias”.

El investigador de la organización México Evalúa, Marco Fernández advierte que la promulgación de las leyes secundarias del SNA son de “gran relevancia”; sin embargo, se deben enfrentar aún retos para que “se conviertan en letra viva”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha llamado a no permitir que la ley se descomponga a nivel estatal y asegurar que no se permitan reformas locales “a modo”, para dar lugar a paquetes de inmunidad o simulación.

“Se debe dar seguimiento y vigilancia, para que efectivamente exista homologación en todas las entidades del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción”, coinciden analistas y especialistas.