*Venden las plazas y piden “moches” por comisiones
*Evaden reportar el manejo de las cuotas obtenidas
*Rechaza Tribunal solapar conductas deshonestas
Segunda y última parte
Mientras el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa(TFJFA) afirma que en la institución no se solapa ningún tipo deconducta deshonesta y fuera de la ley, en los documentos en poderde EL SOL DE MÉXICO y las denuncias detrabajadores y dirigentes, como el presidente del SindicatoNacional Independiente de los Trabajadores de la ProcuraduríaGeneral de la República (SNTPGR), Sergio Chico Méndez, ponen demanifiesto el clima de ilegalidad en que se manejan, no pocosdirigentes de la burocracia nacional.
Sin dejar de lado las quejas sobre presuntas colusiones ocomplicidades entre los cacicazgos sindicales y autoridadesfederales, así como laborales, la información obtenida deja aldescubierto también la utilización de estos sindicatos de laAdministración Pública Federal, como “agencias de colocaciónfamiliar” y de amigos incondicionales, más allá de lasnecesidades operativas de las dependencias en cuestión.
Por su parte, el director general de Comunicación Social delTFJA, Guillermo Chao Ebergenyi, precisa que “El Dr. ManuelHallivis Pelayo no era Presidente del Tribunal Federal de JusticiaFiscal y Administrativa, en el momento en que los hechosmencionados (de la venta de automóviles) acontecieron. Supresidencia –remarcó-, inició en enero de 2014”.
Consulta la primera parte:
Agrega que “El fraude al que se refiere el expedienteFBJ/BJ-1/t2/2224/12-10, aconteció en 2012, casi dos años antes deque el Dr. Hallivis tomara posesión como Presidente delTribunal”. Y en concordancia con lo que señala en la parte finalde la primera entrega de este reportaje, destaca que en “El casode fraude genérico (aludido) no permaneció impune. El acusado fueaprehendido, estuvo en prisión y continúa sujeto a procesopenal”.
Sostiene que “A través de su Junta de Gobierno yAdministración, el Tribunal analiza todas las denuncias que recibey actúa siempre de acuerdo a los estatutos, normas y Código deÉtica que lo rige. Como lo hizo el pasado mes de agosto aldenunciar penalmente a tres magistrados regionales ante laautoridad competente, inhabilitando, según la gravedad de lafalta, por meses y años a quienes violan la ley y cumpliendo conel lema de que el buen juez por su casa empieza”.
A su vez, los trabajadores del Sindicato Nacional deTrabajadores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa (SNTTFJFA), señalan que en la actualidad, JuanRenato Estrada, junto con el abogado Alejandro Gómez Pérez -otrode los implicados en el “fraude” con la venta de automóviles,y quien incluso estuvo confinado en el Reclusorio Oriente-, son losencargados de operar, en el Tribunal Federal de Conciliación yArbitraje, la entrega de la Toma de Nota a la actual dirigencia,contra lo que marcan los estatutos sindicales.
Sostienen que la opacidad e impunidad prevaleciente en su gremioha permitido todo, desde despidos injustificados, trafico de plazasa favor de familiares y derroche de cuotas sindicales, sin que sede cuenta del estado que guardan las finanzas sindicales, pese aque la nueva Ley de Transparencia marca como obligatoria estarendición de cuentas.
Agregan que la campaña instrumentada para limpiar de culpas alos actuales dirigentes, y posicionar al Tribunal como permanentecombatiente de la corrupción en el marco de la entrada en vigordel Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “es una afrenta y unaburla que se anuncie que se va a abrir una SalaAnticorrupción”.
Este ambiente de corrupción, atropellos a los derechos de lostrabajadores sindicalizados del servicio público, donde latransparencia y rendición de cuentas son calificados como “letramuerta”, se extiende al Sindicato Nacional de Trabajadores de laProcuraduría General de la República (SNTPGR), donde la venta deplazas, el cobro indebido de porcentajes por comisiones sindicalesy la operación fraudulenta con créditos de vivienda son laconstante de las denuncias y reclamos a la dirigencia encabezadapor Humberto Nava Genera.
VENTA DE PLAZAS Y “COMISIONITIS” ENSNITPGR
Sergio Chico Méndez, presidente del Sindicato NacionalIndependiente de los Trabajadores de la PGR (SNITPGR), afirma queaquí los empleados también se debaten entre la opacidad y lasimulación, como quedó demostrado en su Congreso NacionalExtraordinario de junio, donde se emitió una convocatoria fuera detiempo y forma.
En entrevista con este diario, el también exsecretario generaldel SNITPGR y exsecretario del trabajo y conflictos en la FSTSE,detalla que el Congreso que se realizó a destiempo, fue avaladopor la mayoría en medio de impugnaciones por la corrupción queexiste en la venta de plazas y favoritismos hacia familiares,amigos y allegados al grupo de Nava Genera, so pena de sufrir larepresión interna, que ha generado un clima de tensión yfrustración entre los trabajadores.
No obstante los reclamos por las irregularidades, Humberto Navarealizó ajustes en su Comité Nacional, por lo que lostrabajadores señalaron que dio paso a más incondicionales y sucacicazgo se extenderá hasta 2019, sembrando el voto del miedoentre la base de que “pueden perder su empleo los trabajadores,si la PGR cambia a Fiscalía”.
Chico Méndez destaca que la perdida de membresía en su gremiono puede ser mayor, pues de los 8 mil 900 de base que llegaron aser, en la actualidad apenas y llegan a los 2 mil 100sindicalizados. Agrega que los principales operadores de NavaGenera son Irma Celón, secretaria particular e integrante delComité Nacional, junto con Roberto Ángulo, como encargados demaniobrar. “Cuando tienen un problema, siempre niegan cualquieraudiencia con el dirigente”.
Incluso, entre algunos dirigentes sindicales se comenta que losoperadores de Humberto utilizan al área Comunicación de la FSTSE,ocupada con varias comisiones sindicales, para otorgar o negaraudiencia con Joel Ayala, a cambio de sobresueldos y “si éste nose encuentra anexado en algún proceso de rehabilitación”.
En permanente lucha contra la reforma que impuso los exámenesde confianza a los servidores públicos de la PGR y que ha sidoaprovechada para el despido unilateral de varios trabajadores,Sergio Chico sostiene que Nava Genera ha acumulado beneficiospropios, luego de que ha tomado el sindicato como un “negocioparticular”. ABANDONO DE FSTSE PERPETÚACACICAZGOS
Añade que la actual dirigencia del sindicato de trabajadores dela PGR ha hecho reinar la opacidad y el cacicazgo de un dirigente,“porque la relación con la FSTSE es distante, debido a que JoelAyala, líder nacional ni siquiera asiste a sus congresos, nienvía representantes, aunque las anomalías sean denunciadas.
De 80 comisiones sindicales que hay actualmente en elsindicato de la Procuraduría General de la República, solo dieztrabajan, cobrando hasta el 50 por ciento a cada comisionado, entrelos que se encuentran jefes de oficina con un sueldo mensual desiete mil pesos.
El dirigente de los trabajadores independientes de la PGR,denuncia que en este gremio no existe el 3de3 para la rendición decuentas, ni mucho menos se informa del manejo y uso de los recursosde las cuotas sindicales que son del 2.5 por ciento del salario delos trabajadores, pese a estar establecido en la Ley deTransparencia y, mucho menos, hay informes del estado que guarda elpatrimonio sindical o de los inmuebles del gremio, que renta laProcuraduría.
Para más de uno de los sindicalizados del SNTPGR, aún estápresente el fraude cometido en su gremio con la entrega decréditos para vivienda en el Fovissste, y se “llamó a variosdirigentes para “entrarle”, con la promesa de que sellevarían de 70 a 90 mil pesos por cada crédito aceptado, de los180 que se habrían otorgado”. Las investigaciones continúan. Elcosto total de las viviendas que se ofrecían oscilaban entre los250 y 450 mil pesos, en unidades habitacionales de todo elpaís.
El manejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de laSecretaría de Economía (SNTSE), que dirige su secretario general,José Guzmán Gómez, trabajador de intendencia, no se quedaatrás. Sus trabajadores hablan de contubernios, venta de plazas,miles de comisionados y actitudes nepotistas, en beneficio defamiliares y amigos.
Actualmente el sindicato maneja un patrimonio que desconocen lostrabajadores y que si bien, es benéfico para ellos, pues tienenque pagar por casi todos los servicios, ya que sus dirigentes–aseguran-, maneja el gremio como negocio particular, y es elcaso de las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia, casiesquina con avenida Chapultepec, donde los trabajadores tienen quepagar por su ingreso. ¿EL SNTSE, ORGANISMO LABORALPÚBLICO O NEGOCIO PRIVADO?
Esta es la forma de operar de la dirigencia de José Guzmán,quien lleva en el poder varios periodos y que ha beneficiado afamiliares y amigos, incluso, a través de algunos incondicionales,maneja comisiones sindicales en las que cobra el 50 por cientodel sueldo de los comisionados y las opera en todas lasinstalaciones del patrimonio sindical.
De acuerdo a trabajadores sindicalizados, entrevistados en lasinstalaciones de Insurgentes Sur 1940, este sindicato “semaneja (también) en la opacidad y la corrupción, y ya estamoscansados de esta situación, porque José Guzmán, es un caciqueque se aprovecha de nuestras necesidades”.
Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para laCompetitividad (Imco), ha puntualizado que todavía está pendientela transformación del Sistema Nacional Anticorrupción a larealidad.
En concordancia con los hechos que se registran en lacotidianeidad, sostiene que “una cosa es promulgar una ley y otratransformar la realidad, aunque hay que dar el beneficio de la duday la entrada en vigor del SNA manda señales auspiciosas de cómoMéxico puede transformar este terrible flagelo (la corrupción),que afecta nuestra vida pública”.
Para el director del IMCO, “ya tenemos leyes mucho más claraspara regular el conflicto de interés y el tráfico deinfluencias”.
El investigador de la organización México Evalúa, MarcoFernández advierte que la promulgación de las leyes secundariasdel SNA son de “gran relevancia”; sin embargo, se debenenfrentar aún retos para que “se conviertan en letraviva”.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha llamado a nopermitir que la ley se descomponga a nivel estatal y asegurar queno se permitan reformas locales “a modo”, para dar lugar apaquetes de inmunidad o simulación.
“Se debe dar seguimiento y vigilancia, para que efectivamenteexista homologación en todas las entidades del marco legal einstitucional indispensable para que funcione el Sistema NacionalAnticorrupción”, coinciden analistas y especialistas.
