/ viernes 21 de octubre de 2016

Jueces mexiquenses no investigan torturas de fuerzas de seguridad

  • Señalan investigadores de México Evalúa

En el Estado de México (Edomex), los jueces no investigan la tortura ni otros tratos crueles contra personas detenidas por las fuerzas de seguridad en la entidad, aunque el informe de un médico certifique los abusos, señalan  Investigadores de México Evalúa y el CIDE al dar a conocer el “¿Cómo se juzga en el Estado de México?”.

El estudio presentado este jueves en la Ciudad de México, señala que la supervisión de los jueces sobre la legalidad del trabajo de los policías en casos penales del Estado de México es casi inexistente, pues en el 97% de los casos en que un médico determinó que el detenido fue sometido a abusos, el juez validó la actuación del cuerpo policial y la fiscalía.

El estudio, construido a partir de la revisión de 1 mil 145 procesos penales concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado de México, permite analizar las principales características del proceso en una entidad que opera bajo el esquema acusatorio desde hace algunos años, pues en el Estado de México entró en vigor el nuevo sistema desde 2009.

Aquí se reveló que en el 18% de las detenciones se certificó que hubo tratos inhumanos o degradantes contra los detenidos, y que el  91.7% de las detenciones se realizan en flagrancia y solo el 8.3% mediante una orden de aprehensión, lo que significa que hay poca capacidad de investigación en el sistema penal mexiquense.

Además de Gustavo Fondevila, en la presentación del estudio participaron Máximo Langer, director del Programa Transnacional sobre Justicia Penal de la Universidad de California (UCLA), así como Edna Jaime, directora general de México Evalúa y Alejandro Ponce, director general del Programa Promoviendo la Justicia de USAID/México.

Los investigadores sostuvieron que el 49.2% de los delitos imputados en el Estado de México son robo agraviado y el 10.1% corresponde a robo simple, mientras que solo el 3.6% son delitos sexuales; 1.9% homicidio culposo; 0.8% secuestros y 1.3% homicidio doloso.

Es decir, afirman,  en la entidad, más de la mitad de los delitos que se procesan son menores, mientras que para los delitos graves el porcentaje de detenciones es mínimo.

Revelaron que la investigaciones fue elaborada con base en la revisión de 1,145 expedientes concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado de México, en donde el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en 2008. “La buena noticia es que los casos se procesan de forma mucho más expedita que en el sistema anterior, principalmente por el uso de salidas alternas y procedimientos abreviados”, señaló Gustavo Fondevila.

Otro aspecto es que en el nuevo sistema, se cumple el derecho del imputado a obtener el apoyo de una defensa. En 53.5 por ciento de los casos, el imputado tuvo acceso a un defensor público, en 37.4 por ciento de los casos, a un abogado privado y en el restante 9.1 por ciento, tuvieron acceso a ambos.

“Desafortunadamente, la defensa no necesariamente interviene en el momento oportuno ni tiene la calidad requerida”, expresó Máximo Langer,  y en el 76.9 por ciento de los casos, el abogado no aportó ninguna prueba durante la etapa de investigación complementaria y en 86.2 por ciento de los casos no presentó recursos contra las medidas tomadas por el juez.

En este sentido, los investigadores subrayaron que el nuevo sistema de justicia no garantiza el respeto a los derechos de los imputados, ya que por ejemplo si el juez de control detecta una violación en la detención, suele ratificar la detención.

Del  mismo modo, en los casos en los que se han documentado lesiones en los imputados compatibles con la tortura, el juez suele ignorar dicha información y continuar el proceso como si no hubiera pasado nada.

Adicionalmente, los investigadores encontraron que la mayoría de los delitos procesados son de escasa complejidad (el 59.3 por ciento de los casos corresponde a robos) y que el 91.7 por ciento de las detenciones corresponden a una flagrancia. Esto refleja la débil capacidad de investigación de los Ministerios Públicos.

  • Señalan investigadores de México Evalúa

En el Estado de México (Edomex), los jueces no investigan la tortura ni otros tratos crueles contra personas detenidas por las fuerzas de seguridad en la entidad, aunque el informe de un médico certifique los abusos, señalan  Investigadores de México Evalúa y el CIDE al dar a conocer el “¿Cómo se juzga en el Estado de México?”.

El estudio presentado este jueves en la Ciudad de México, señala que la supervisión de los jueces sobre la legalidad del trabajo de los policías en casos penales del Estado de México es casi inexistente, pues en el 97% de los casos en que un médico determinó que el detenido fue sometido a abusos, el juez validó la actuación del cuerpo policial y la fiscalía.

El estudio, construido a partir de la revisión de 1 mil 145 procesos penales concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado de México, permite analizar las principales características del proceso en una entidad que opera bajo el esquema acusatorio desde hace algunos años, pues en el Estado de México entró en vigor el nuevo sistema desde 2009.

Aquí se reveló que en el 18% de las detenciones se certificó que hubo tratos inhumanos o degradantes contra los detenidos, y que el  91.7% de las detenciones se realizan en flagrancia y solo el 8.3% mediante una orden de aprehensión, lo que significa que hay poca capacidad de investigación en el sistema penal mexiquense.

Además de Gustavo Fondevila, en la presentación del estudio participaron Máximo Langer, director del Programa Transnacional sobre Justicia Penal de la Universidad de California (UCLA), así como Edna Jaime, directora general de México Evalúa y Alejandro Ponce, director general del Programa Promoviendo la Justicia de USAID/México.

Los investigadores sostuvieron que el 49.2% de los delitos imputados en el Estado de México son robo agraviado y el 10.1% corresponde a robo simple, mientras que solo el 3.6% son delitos sexuales; 1.9% homicidio culposo; 0.8% secuestros y 1.3% homicidio doloso.

Es decir, afirman,  en la entidad, más de la mitad de los delitos que se procesan son menores, mientras que para los delitos graves el porcentaje de detenciones es mínimo.

Revelaron que la investigaciones fue elaborada con base en la revisión de 1,145 expedientes concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado de México, en donde el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en 2008. “La buena noticia es que los casos se procesan de forma mucho más expedita que en el sistema anterior, principalmente por el uso de salidas alternas y procedimientos abreviados”, señaló Gustavo Fondevila.

Otro aspecto es que en el nuevo sistema, se cumple el derecho del imputado a obtener el apoyo de una defensa. En 53.5 por ciento de los casos, el imputado tuvo acceso a un defensor público, en 37.4 por ciento de los casos, a un abogado privado y en el restante 9.1 por ciento, tuvieron acceso a ambos.

“Desafortunadamente, la defensa no necesariamente interviene en el momento oportuno ni tiene la calidad requerida”, expresó Máximo Langer,  y en el 76.9 por ciento de los casos, el abogado no aportó ninguna prueba durante la etapa de investigación complementaria y en 86.2 por ciento de los casos no presentó recursos contra las medidas tomadas por el juez.

En este sentido, los investigadores subrayaron que el nuevo sistema de justicia no garantiza el respeto a los derechos de los imputados, ya que por ejemplo si el juez de control detecta una violación en la detención, suele ratificar la detención.

Del  mismo modo, en los casos en los que se han documentado lesiones en los imputados compatibles con la tortura, el juez suele ignorar dicha información y continuar el proceso como si no hubiera pasado nada.

Adicionalmente, los investigadores encontraron que la mayoría de los delitos procesados son de escasa complejidad (el 59.3 por ciento de los casos corresponde a robos) y que el 91.7 por ciento de las detenciones corresponden a una flagrancia. Esto refleja la débil capacidad de investigación de los Ministerios Públicos.