- Señalan investigadores de México Evalúa
En el Estado de México (Edomex), los jueces no investigan latortura ni otros tratos crueles contra personas detenidas por lasfuerzas de seguridad en la entidad, aunque el informe de un médicocertifique los abusos, señalan Investigadores de México Evalúay el CIDE al dar a conocer el “¿Cómo se juzga en el Estado deMéxico?”.
El estudio presentado este jueves en la Ciudad de México,señala que la supervisión de los jueces sobre la legalidad deltrabajo de los policías en casos penales del Estado de México escasi inexistente, pues en el 97% de los casos en que un médicodeterminó que el detenido fue sometido a abusos, el juez validóla actuación del cuerpo policial y la fiscalía.
El estudio, construido a partir de la revisión de 1 mil 145procesos penales concluidos entre 2010 y 2014 en el Estado deMéxico, permite analizar las principales características delproceso en una entidad que opera bajo el esquema acusatorio desdehace algunos años, pues en el Estado de México entró en vigor elnuevo sistema desde 2009.
Aquí se reveló que en el 18% de las detenciones se certificóque hubo tratos inhumanos o degradantes contra los detenidos, y queel 91.7% de las detenciones se realizan en flagrancia y solo el8.3% mediante una orden de aprehensión, lo que significa que haypoca capacidad de investigación en el sistema penalmexiquense.
Además de Gustavo Fondevila, en la presentación del estudioparticiparon Máximo Langer, director del Programa Transnacionalsobre Justicia Penal de la Universidad de California (UCLA), asícomo Edna Jaime, directora general de México Evalúa y AlejandroPonce, director general del Programa Promoviendo la Justicia deUSAID/México.
Los investigadores sostuvieron que el 49.2% de los delitosimputados en el Estado de México son robo agraviado y el 10.1%corresponde a robo simple, mientras que solo el 3.6% son delitossexuales; 1.9% homicidio culposo; 0.8% secuestros y 1.3% homicidiodoloso.
Es decir, afirman, en la entidad, más de la mitad de losdelitos que se procesan son menores, mientras que para los delitosgraves el porcentaje de detenciones es mínimo.
Revelaron que la investigaciones fue elaborada con base en larevisión de 1,145 expedientes concluidos entre 2010 y 2014 en elEstado de México, en donde el nuevo sistema de justicia penalentró en vigor en 2008. “La buena noticia es que los casos seprocesan de forma mucho más expedita que en el sistema anterior,principalmente por el uso de salidas alternas y procedimientosabreviados”, señaló Gustavo Fondevila.
Otro aspecto es que en el nuevo sistema, se cumple el derechodel imputado a obtener el apoyo de una defensa. En 53.5 por cientode los casos, el imputado tuvo acceso a un defensor público, en37.4 por ciento de los casos, a un abogado privado y en el restante9.1 por ciento, tuvieron acceso a ambos.
“Desafortunadamente, la defensa no necesariamente intervieneen el momento oportuno ni tiene la calidad requerida”, expresóMáximo Langer, y en el 76.9 por ciento de los casos, el abogadono aportó ninguna prueba durante la etapa de investigacióncomplementaria y en 86.2 por ciento de los casos no presentórecursos contra las medidas tomadas por el juez.
En este sentido, los investigadores subrayaron que el nuevosistema de justicia no garantiza el respeto a los derechos de losimputados, ya que por ejemplo si el juez de control detecta unaviolación en la detención, suele ratificar la detención.
Del mismo modo, en los casos en los que se han documentadolesiones en los imputados compatibles con la tortura, el juez sueleignorar dicha información y continuar el proceso como si nohubiera pasado nada.
Adicionalmente, los investigadores encontraron que la mayoríade los delitos procesados son de escasa complejidad (el 59.3 porciento de los casos corresponde a robos) y que el 91.7 por cientode las detenciones corresponden a una flagrancia. Esto refleja ladébil capacidad de investigación de los MinisteriosPúblicos.
