/ sábado 11 de junio de 2016

La violencia y narcotráfico generó 280 mil desplazados

  • Son once entidades en donde se registra el mayor número de personas obligadas a dejar sus hogares
  • No existe un censo oficial; las familias completas cambian de domicilio y no son localizables

Nidia Marín / El Sol de México

Primera de dos partes

Se van a la chita callando con rumbo desconocido y transforman a sus comunidades en pueblos fantasmas a fuerza de abandono. Por las brechas, caminos y carreteras pueden observarse en caravanas o a cuentagotas con lo más elemental de sus enseres. Existe la presunción de que muchos conforman los cinturones de miseria en las capitales de los Estados y en las urbes. Son los desplazados forzados internos.

Y no, no hay una cifra exacta sobre el problema, porque México no cuenta con un censo en la materia, aunque existen indicios de lo numeroso de tales desplazamientos en cientos de poblaciones de la República. Tampoco hay un diagnóstico, ni políticas públicas para atenderlos y mucho menos programas.

¿Más o menos cuantos son? La empresa Parametría en 2011 (durante la llamada “guerra de Calderón) registró la existencia de un millón 648 mil 387 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en su trabajo “México y sus Desplazados”.

En 2012, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en su reporte, señaló el desplazamiento interno de 1.6 millones de personas desde 2007 debido a la violencia desatada por los cárteles de la droga y la respuesta militar del Gobierno.

En el 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en su Agenda Nacional de Derechos Humanos) reportó el número de 110 mil personas desplazadas, aunque en los últimos dos años (2012-2013) se habían desplazado otras 24 mil, y que a ello se debían añadir los 20 mil que reconoció el Gobierno de Chiapas, lo que suma un total aproximado de 150 mil víctimas de DFI.

Para 2015, el Poder Ejecutivo Federal, en su Programa Nacional de Atención a Víctimas 2014-2018, retomó la cifra de 150 mil personas, al citar la Agenda Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.

También, en tal año, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego sobre Refugiados, en su Informe Global 2015: “Desplazados internos por los conflictos y la violencia”, reportó la existencia de 281 mil 400 personas en nuestro país.

Sin embargo, de tales cifras, señala la CNDH “no es posible extraer un número aproximado porque los periodos son diferentes y en algunos casos parciales geográficamente”.

Por lo tanto, ha insistido “en la urgente necesidad de poner en marcha un censo de personas víctimas de DFI, a efecto de proyectar y poner en funcionamiento acciones de Estado a su favor y cumplir con el deber legal, constitucional y convencional en la materia, pues ante la inexistencia de un registro oficial confiable y veraz, se limita seriamente la toma de decisiones gubernamentales y sociales en torno a las víctimas”.

Hace unos días hubo un refuerzo a dicho planteamiento. De acuerdo a información de Bertha Becerra, publicada en El Sol de México, se aprobó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich. Durante la discusión, la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum refirió que hay 11 Estados de la República que tienen este problema.

Conforme al Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dado a conocer a mediados del pasado mayo), así como a diversos organismos de ayuda, las entidades que han registrado un desplazamiento en sus municipios son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas (se habían registrado extraoficialmente 20 mil desplazados por la violencia), Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

A manera de ilustración del asunto, dicha institución dice que de acuerdo con el acta circunstanciada levantada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de agosto de 2013, dos visitadores adjuntos se entrevistaron con un servidor público municipal de Nuevo Laredo, quien afirmó que “el fenómeno del desplazamiento interno de personas que se ha presentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, deriva de los conflictos armados entre diversas bandas del crimen organizado y/o las fuerzas armadas del Estado Mexicano, estimando que desde el año 2001 al 2012 han abandonado la localidad 20 mil personas, debido al alto índice de violencia registrado en la zona que derivó en afectaciones de propiedades e integridad física de los habitantes, aun cuando éstos no pertenecían a grupos de la delincuencia organizada”. Las cifras bailan al son que les toquen

Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, presentado el mes pasado, que sobre el impacto que se tiene en la atención de las víctimas de DFI frente a la ausencia de registros oficiales y las causas de esta omisión, el relator Especial de los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, afirmó:

“Las cifras oficiales de los desplazados internos presentadas por los Gobiernos suelen diferir significativamente de las que manejan los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, entre otros motivos, por las deficiencias en la recopilación y el registro de los datos y, en algunos casos, por el deseo de restar importancia al problema y al número de afectados por los desplazamientos internos. Esto último sucede, sobre todo, en situaciones de conflicto o de violencia y cuando las autoridades nacionales son cómplices de la situación de desplazamiento”.

Asimismo: “Las deficiencias en los procedimientos de registro y la renuencia de los desplazados a registrarse por temor, falta de información u otros factores, pueden contribuir a que se subestime el número real de desplazados. El Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos destaca que, con frecuencia, las cifras solo reflejan a las personas que viven en campamentos, cuando el 60 por ciento de los desplazados internos se encuentran dispersos en otros lugares y con familias de acogida, y a menudo no se les computa oficialmente. Incluso cuando se les tiene en cuenta en los datos oficiales, las preocupaciones y percepciones de los desplazados internos no suelen reflejarse en las estadísticas oficiales y requieren métodos de recogida de datos y encuestas de hogares más sofisticados”.

Es preocupante. El hecho de no tener claro quién es una persona desplazada de manera forzada de su lugar de origen, imposibilita que las autoridades tomen acciones de manera específica y coordinada en la materia, explica la CNDH al tiempo que resalta: “Algunas autoridades que proporcionan atención, lo hacen como parte de otros programas de atención a personas o grupos en circunstancias diferentes, pero no existe, como hemos enfatizado, política pública específica en la materia”.

Hace notar lo que se ha señalado: las autoridades carecen de un registro específico de este tipo de población y la gran mayoría tampoco tiene protocolos de actuación para hacer frente a esta problemática. “Este ocultamiento del fenómeno acarrea una doble victimización de quienes lo padecen, pues la acción estatal se demora o simplemente no llega, a pesar de las necesidades apremiantes de la población afectada”, recalca.

A juicio de la Comisión, las autoridades mexicanas deben fortalecer su labor de seguridad pública para prevenir los desplazamientos arbitrarios relacionados con violencia generada por la delincuencia organizada. “La CNDH destaca que la labor de los agentes estatales, respecto de la violencia en el país, debe partir del respeto al principio de debida diligencia”, especifica también.

¿Y qué es la debida diligencia? La respuesta del organismo es que “implica para el Estado, el deber de hacer todo cuanto esté en sus atribuciones para efecto de proteger el derecho en cuestión, en este caso la seguridad pública de su población, evitando de manera preventiva su vulneración, investigar si fue transgredido, identificar y sancionar a los responsables y, en su caso, reparar el daño ocasionado”.

Explica que hubo 91 municipios que establecieron como prioritarios los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Los titulares debían remitir a la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 20 de enero de 2014, documentación que se les había solicitado, entre la cual estaba un reporte del avance en la aplicación de los recursos materia de los presentes lineamientos, entre otros.

De tal manera que de conformidad con la información remitida a la CNDH, por parte de las autoridades municipales, “alrededor de 30 municipios cuentan actualmente con diagnósticos sociales de su municipio o delegación, los cuales constituyen un requisito para recibir los recursos del Programa de Prevención del Delito (Pronapred)”. ¿Por qué se va la gente?

Las razones de por qué la gente abandona, por lo regular obligadamente, el lugar donde nació, creció y radicó por años, son por lo menos una docena:

Por conflicto armado, violencia generalizada, violación de sus derechos humanos o derecho internacional humanitario, delincuencia organizada, conflicto social ocasionado por creencias religiosas, por origen étnico o nacional, por identificación política, por opiniones, o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; discriminación e intolerancia motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la orientación sexual y la diversidad de género, el estado civil, o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

También por intimidación, amenazas, disputas por tierras y/o recursos naturales, la ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provoquen violaciones a los derechos humanos y causas por desastres o contingencias socio-ambientales.

El ejemplo más reciente, ocurrido el 27 de mayo pasado fue en la población de Chenalhó, Chiapas. Aproximadamente 80 familias del ejido Puebla, de dicho municipio, fueron desplazadas a la cabecera municipal después de los conflictos políticos derivados del rechazo de algunos a la electa presidenta municipal Rosa Pérez, a quien el síndico Miguel Sántiz desplazó violentamente, además de que sus seguidores retuvieron al presidente del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez, y al coordinador legislativo del PVEM, Carlos Penagos Vargas.

Como resultado murieron dos indígenas: Guadalupe Cruz Hernández, de 53 años, y la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años.

También en mayo, en la zona de La Barquita, Oaxaca, se registraron desplazamientos temporales de decenas de pobladores debido a los estragos causados por las lluvias y el desbordamiento del río Ozama.

Previamente, en Sinaloa, en febrero, decenas de familias habitantes de 12 comunidades de la Sierra de San Ignacio salieron del lugar debido a la violencia generada por la delincuencia organizada, no obstante la presencia del Ejército, la Marina.

Es nuestra realidad y como señalaron en su momento Luis Benavides y Sandra Patargo en su trabajo “México ante la crisis humanitaria de los desplazados internos” al enfocarse en la inseguridad:

“El problema de los desplazados internos como resultado de la lucha contra el crimen organizado en México ha sido subestimado e incluso ignorado. Si bien las cifras sobre el número de desplazados varían según las diferentes fuentes, lo cierto es que se cuentan por miles y no existen políticas públicas que atiendan de manera integral este fenómeno”.

(Continuará)

  • Son once entidades en donde se registra el mayor número de personas obligadas a dejar sus hogares
  • No existe un censo oficial; las familias completas cambian de domicilio y no son localizables

Nidia Marín / El Sol de México

Primera de dos partes

Se van a la chita callando con rumbo desconocido y transforman a sus comunidades en pueblos fantasmas a fuerza de abandono. Por las brechas, caminos y carreteras pueden observarse en caravanas o a cuentagotas con lo más elemental de sus enseres. Existe la presunción de que muchos conforman los cinturones de miseria en las capitales de los Estados y en las urbes. Son los desplazados forzados internos.

Y no, no hay una cifra exacta sobre el problema, porque México no cuenta con un censo en la materia, aunque existen indicios de lo numeroso de tales desplazamientos en cientos de poblaciones de la República. Tampoco hay un diagnóstico, ni políticas públicas para atenderlos y mucho menos programas.

¿Más o menos cuantos son? La empresa Parametría en 2011 (durante la llamada “guerra de Calderón) registró la existencia de un millón 648 mil 387 víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en su trabajo “México y sus Desplazados”.

En 2012, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en su reporte, señaló el desplazamiento interno de 1.6 millones de personas desde 2007 debido a la violencia desatada por los cárteles de la droga y la respuesta militar del Gobierno.

En el 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en su Agenda Nacional de Derechos Humanos) reportó el número de 110 mil personas desplazadas, aunque en los últimos dos años (2012-2013) se habían desplazado otras 24 mil, y que a ello se debían añadir los 20 mil que reconoció el Gobierno de Chiapas, lo que suma un total aproximado de 150 mil víctimas de DFI.

Para 2015, el Poder Ejecutivo Federal, en su Programa Nacional de Atención a Víctimas 2014-2018, retomó la cifra de 150 mil personas, al citar la Agenda Nacional de Derechos Humanos de la CNDH.

También, en tal año, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego sobre Refugiados, en su Informe Global 2015: “Desplazados internos por los conflictos y la violencia”, reportó la existencia de 281 mil 400 personas en nuestro país.

Sin embargo, de tales cifras, señala la CNDH “no es posible extraer un número aproximado porque los periodos son diferentes y en algunos casos parciales geográficamente”.

Por lo tanto, ha insistido “en la urgente necesidad de poner en marcha un censo de personas víctimas de DFI, a efecto de proyectar y poner en funcionamiento acciones de Estado a su favor y cumplir con el deber legal, constitucional y convencional en la materia, pues ante la inexistencia de un registro oficial confiable y veraz, se limita seriamente la toma de decisiones gubernamentales y sociales en torno a las víctimas”.

Hace unos días hubo un refuerzo a dicho planteamiento. De acuerdo a información de Bertha Becerra, publicada en El Sol de México, se aprobó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich. Durante la discusión, la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum refirió que hay 11 Estados de la República que tienen este problema.

Conforme al Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dado a conocer a mediados del pasado mayo), así como a diversos organismos de ayuda, las entidades que han registrado un desplazamiento en sus municipios son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas (se habían registrado extraoficialmente 20 mil desplazados por la violencia), Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Veracruz.

A manera de ilustración del asunto, dicha institución dice que de acuerdo con el acta circunstanciada levantada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de agosto de 2013, dos visitadores adjuntos se entrevistaron con un servidor público municipal de Nuevo Laredo, quien afirmó que “el fenómeno del desplazamiento interno de personas que se ha presentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, deriva de los conflictos armados entre diversas bandas del crimen organizado y/o las fuerzas armadas del Estado Mexicano, estimando que desde el año 2001 al 2012 han abandonado la localidad 20 mil personas, debido al alto índice de violencia registrado en la zona que derivó en afectaciones de propiedades e integridad física de los habitantes, aun cuando éstos no pertenecían a grupos de la delincuencia organizada”. Las cifras bailan al son que les toquen

Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, presentado el mes pasado, que sobre el impacto que se tiene en la atención de las víctimas de DFI frente a la ausencia de registros oficiales y las causas de esta omisión, el relator Especial de los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, afirmó:

“Las cifras oficiales de los desplazados internos presentadas por los Gobiernos suelen diferir significativamente de las que manejan los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, entre otros motivos, por las deficiencias en la recopilación y el registro de los datos y, en algunos casos, por el deseo de restar importancia al problema y al número de afectados por los desplazamientos internos. Esto último sucede, sobre todo, en situaciones de conflicto o de violencia y cuando las autoridades nacionales son cómplices de la situación de desplazamiento”.

Asimismo: “Las deficiencias en los procedimientos de registro y la renuencia de los desplazados a registrarse por temor, falta de información u otros factores, pueden contribuir a que se subestime el número real de desplazados. El Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos destaca que, con frecuencia, las cifras solo reflejan a las personas que viven en campamentos, cuando el 60 por ciento de los desplazados internos se encuentran dispersos en otros lugares y con familias de acogida, y a menudo no se les computa oficialmente. Incluso cuando se les tiene en cuenta en los datos oficiales, las preocupaciones y percepciones de los desplazados internos no suelen reflejarse en las estadísticas oficiales y requieren métodos de recogida de datos y encuestas de hogares más sofisticados”.

Es preocupante. El hecho de no tener claro quién es una persona desplazada de manera forzada de su lugar de origen, imposibilita que las autoridades tomen acciones de manera específica y coordinada en la materia, explica la CNDH al tiempo que resalta: “Algunas autoridades que proporcionan atención, lo hacen como parte de otros programas de atención a personas o grupos en circunstancias diferentes, pero no existe, como hemos enfatizado, política pública específica en la materia”.

Hace notar lo que se ha señalado: las autoridades carecen de un registro específico de este tipo de población y la gran mayoría tampoco tiene protocolos de actuación para hacer frente a esta problemática. “Este ocultamiento del fenómeno acarrea una doble victimización de quienes lo padecen, pues la acción estatal se demora o simplemente no llega, a pesar de las necesidades apremiantes de la población afectada”, recalca.

A juicio de la Comisión, las autoridades mexicanas deben fortalecer su labor de seguridad pública para prevenir los desplazamientos arbitrarios relacionados con violencia generada por la delincuencia organizada. “La CNDH destaca que la labor de los agentes estatales, respecto de la violencia en el país, debe partir del respeto al principio de debida diligencia”, especifica también.

¿Y qué es la debida diligencia? La respuesta del organismo es que “implica para el Estado, el deber de hacer todo cuanto esté en sus atribuciones para efecto de proteger el derecho en cuestión, en este caso la seguridad pública de su población, evitando de manera preventiva su vulneración, investigar si fue transgredido, identificar y sancionar a los responsables y, en su caso, reparar el daño ocasionado”.

Explica que hubo 91 municipios que establecieron como prioritarios los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Los titulares debían remitir a la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 20 de enero de 2014, documentación que se les había solicitado, entre la cual estaba un reporte del avance en la aplicación de los recursos materia de los presentes lineamientos, entre otros.

De tal manera que de conformidad con la información remitida a la CNDH, por parte de las autoridades municipales, “alrededor de 30 municipios cuentan actualmente con diagnósticos sociales de su municipio o delegación, los cuales constituyen un requisito para recibir los recursos del Programa de Prevención del Delito (Pronapred)”. ¿Por qué se va la gente?

Las razones de por qué la gente abandona, por lo regular obligadamente, el lugar donde nació, creció y radicó por años, son por lo menos una docena:

Por conflicto armado, violencia generalizada, violación de sus derechos humanos o derecho internacional humanitario, delincuencia organizada, conflicto social ocasionado por creencias religiosas, por origen étnico o nacional, por identificación política, por opiniones, o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; discriminación e intolerancia motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la orientación sexual y la diversidad de género, el estado civil, o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

También por intimidación, amenazas, disputas por tierras y/o recursos naturales, la ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provoquen violaciones a los derechos humanos y causas por desastres o contingencias socio-ambientales.

El ejemplo más reciente, ocurrido el 27 de mayo pasado fue en la población de Chenalhó, Chiapas. Aproximadamente 80 familias del ejido Puebla, de dicho municipio, fueron desplazadas a la cabecera municipal después de los conflictos políticos derivados del rechazo de algunos a la electa presidenta municipal Rosa Pérez, a quien el síndico Miguel Sántiz desplazó violentamente, además de que sus seguidores retuvieron al presidente del Congreso Estatal, Eduardo Ramírez, y al coordinador legislativo del PVEM, Carlos Penagos Vargas.

Como resultado murieron dos indígenas: Guadalupe Cruz Hernández, de 53 años, y la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de 12 años.

También en mayo, en la zona de La Barquita, Oaxaca, se registraron desplazamientos temporales de decenas de pobladores debido a los estragos causados por las lluvias y el desbordamiento del río Ozama.

Previamente, en Sinaloa, en febrero, decenas de familias habitantes de 12 comunidades de la Sierra de San Ignacio salieron del lugar debido a la violencia generada por la delincuencia organizada, no obstante la presencia del Ejército, la Marina.

Es nuestra realidad y como señalaron en su momento Luis Benavides y Sandra Patargo en su trabajo “México ante la crisis humanitaria de los desplazados internos” al enfocarse en la inseguridad:

“El problema de los desplazados internos como resultado de la lucha contra el crimen organizado en México ha sido subestimado e incluso ignorado. Si bien las cifras sobre el número de desplazados varían según las diferentes fuentes, lo cierto es que se cuentan por miles y no existen políticas públicas que atiendan de manera integral este fenómeno”.

(Continuará)