- Son once entidades en donde se registra el mayor númerode personas obligadas a dejar sus hogares
- No existe un censo oficial; las familias completascambian de domicilio y no son localizables
Nidia Marín / El Sol de México
Primera de dos partes
Se van a la chita callando con rumbo desconocido y transforman asus comunidades en pueblos fantasmas a fuerza de abandono. Por lasbrechas, caminos y carreteras pueden observarse en caravanas o acuentagotas con lo más elemental de sus enseres. Existe lapresunción de que muchos conforman los cinturones de miseria enlas capitales de los Estados y en las urbes. Son los desplazadosforzados internos.
Y no, no hay una cifra exacta sobre el problema, porque Méxicono cuenta con un censo en la materia, aunque existen indicios de lonumeroso de tales desplazamientos en cientos de poblaciones de laRepública. Tampoco hay un diagnóstico, ni políticas públicaspara atenderlos y mucho menos programas.
¿Más o menos cuantos son? La empresa Parametría en 2011(durante la llamada “guerra de Calderón) registró la existenciade un millón 648 mil 387 víctimas de Desplazamiento ForzadoInterno (DFI), en su trabajo “México y sus Desplazados”.
En 2012, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR),en su reporte, señaló el desplazamiento interno de 1.6 millonesde personas desde 2007 debido a la violencia desatada por loscárteles de la droga y la respuesta militar del Gobierno.
En el 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en suAgenda Nacional de Derechos Humanos) reportó el número de 110 milpersonas desplazadas, aunque en los últimos dos años (2012-2013)se habían desplazado otras 24 mil, y que a ello se debían añadirlos 20 mil que reconoció el Gobierno de Chiapas, lo que suma untotal aproximado de 150 mil víctimas de DFI.
Para 2015, el Poder Ejecutivo Federal, en su Programa Nacionalde Atención a Víctimas 2014-2018, retomó la cifra de 150 milpersonas, al citar la Agenda Nacional de Derechos Humanos de laCNDH.
También, en tal año, el Centro de Monitoreo de DesplazamientoInterno (IDMC por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego sobreRefugiados, en su Informe Global 2015: “Desplazados internos porlos conflictos y la violencia”, reportó la existencia de 281 mil400 personas en nuestro país.
Sin embargo, de tales cifras, señala la CNDH “no es posibleextraer un número aproximado porque los periodos son diferentes yen algunos casos parciales geográficamente”.
Por lo tanto, ha insistido “en la urgente necesidad de poneren marcha un censo de personas víctimas de DFI, a efecto deproyectar y poner en funcionamiento acciones de Estado a su favor ycumplir con el deber legal, constitucional y convencional en lamateria, pues ante la inexistencia de un registro oficial confiabley veraz, se limita seriamente la toma de decisiones gubernamentalesy sociales en torno a las víctimas”.
Hace unos días hubo un refuerzo a dicho planteamiento. Deacuerdo a información de Bertha Becerra, publicada en El Sol deMéxico, se aprobó un punto de acuerdo en la Comisión Permanentedel Congreso de la Unión presentado por el diputado de MovimientoCiudadano, Clemente Castañeda Hoeflich. Durante la discusión, lasenadora priísta Diva Hadamira Gastélum refirió que hay 11Estados de la República que tienen este problema.
Conforme al Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado enMéxico, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (dado aconocer a mediados del pasado mayo), así como a diversosorganismos de ayuda, las entidades que han registrado undesplazamiento en sus municipios son: Chiapas, Chihuahua, Durango,Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas (se habían registradoextraoficialmente 20 mil desplazados por la violencia), NuevoLeón, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
A manera de ilustración del asunto, dicha institución dice quede acuerdo con el acta circunstanciada levantada en Nuevo Laredo,Tamaulipas, el 20 de agosto de 2013, dos visitadores adjuntos seentrevistaron con un servidor público municipal de Nuevo Laredo,quien afirmó que “el fenómeno del desplazamiento interno depersonas que se ha presentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivade los conflictos armados entre diversas bandas del crimenorganizado y/o las fuerzas armadas del Estado Mexicano, estimandoque desde el año 2001 al 2012 han abandonado la localidad 20 milpersonas, debido al alto índice de violencia registrado en la zonaque derivó en afectaciones de propiedades e integridad física delos habitantes, aun cuando éstos no pertenecían a grupos de ladelincuencia organizada”. Las cifras bailan al son que lestoquen
Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en suInforme Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México,presentado el mes pasado, que sobre el impacto que se tiene en laatención de las víctimas de DFI frente a la ausencia de registrosoficiales y las causas de esta omisión, el relator Especial de losDerechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU,afirmó:
“Las cifras oficiales de los desplazados internos presentadaspor los Gobiernos suelen diferir significativamente de las quemanejan los organismos internacionales y las organizaciones nogubernamentales, entre otros motivos, por las deficiencias en larecopilación y el registro de los datos y, en algunos casos, porel deseo de restar importancia al problema y al número deafectados por los desplazamientos internos. Esto último sucede,sobre todo, en situaciones de conflicto o de violencia y cuando lasautoridades nacionales son cómplices de la situación dedesplazamiento”.
Asimismo: “Las deficiencias en los procedimientos de registroy la renuencia de los desplazados a registrarse por temor, falta deinformación u otros factores, pueden contribuir a que se subestimeel número real de desplazados. El Centro de Vigilancia de losDesplazamientos Internos destaca que, con frecuencia, las cifrassolo reflejan a las personas que viven en campamentos, cuando el 60por ciento de los desplazados internos se encuentran dispersos enotros lugares y con familias de acogida, y a menudo no se lescomputa oficialmente. Incluso cuando se les tiene en cuenta en losdatos oficiales, las preocupaciones y percepciones de losdesplazados internos no suelen reflejarse en las estadísticasoficiales y requieren métodos de recogida de datos y encuestas dehogares más sofisticados”.
Es preocupante. El hecho de no tener claro quién es una personadesplazada de manera forzada de su lugar de origen, imposibilitaque las autoridades tomen acciones de manera específica ycoordinada en la materia, explica la CNDH al tiempo que resalta:“Algunas autoridades que proporcionan atención, lo hacen comoparte de otros programas de atención a personas o grupos encircunstancias diferentes, pero no existe, como hemos enfatizado,política pública específica en la materia”.
Hace notar lo que se ha señalado: las autoridades carecen de unregistro específico de este tipo de población y la gran mayoríatampoco tiene protocolos de actuación para hacer frente a estaproblemática. “Este ocultamiento del fenómeno acarrea una doblevictimización de quienes lo padecen, pues la acción estatal sedemora o simplemente no llega, a pesar de las necesidadesapremiantes de la población afectada”, recalca.
A juicio de la Comisión, las autoridades mexicanas debenfortalecer su labor de seguridad pública para prevenir losdesplazamientos arbitrarios relacionados con violencia generada porla delincuencia organizada. “La CNDH destaca que la labor de losagentes estatales, respecto de la violencia en el país, debepartir del respeto al principio de debida diligencia”, especificatambién.
¿Y qué es la debida diligencia? La respuesta del organismo esque “implica para el Estado, el deber de hacer todo cuanto estéen sus atribuciones para efecto de proteger el derecho encuestión, en este caso la seguridad pública de su población,evitando de manera preventiva su vulneración, investigar si fuetransgredido, identificar y sancionar a los responsables y, en sucaso, reparar el daño ocasionado”.
Explica que hubo 91 municipios que establecieron comoprioritarios los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a lasentidades federativas en el marco del Programa Nacional dePrevención del Delito. Los titulares debían remitir a laSecretaría de Gobernación, a más tardar el 20 de enero de 2014,documentación que se les había solicitado, entre la cual estabaun reporte del avance en la aplicación de los recursos materia delos presentes lineamientos, entre otros.
De tal manera que de conformidad con la información remitida ala CNDH, por parte de las autoridades municipales, “alrededor de30 municipios cuentan actualmente con diagnósticos sociales de sumunicipio o delegación, los cuales constituyen un requisito pararecibir los recursos del Programa de Prevención del Delito(Pronapred)”. ¿Por qué se va la gente?
Las razones de por qué la gente abandona, por lo regularobligadamente, el lugar donde nació, creció y radicó por años,son por lo menos una docena:
Por conflicto armado, violencia generalizada, violación de susderechos humanos o derecho internacional humanitario, delincuenciaorganizada, conflicto social ocasionado por creencias religiosas,por origen étnico o nacional, por identificación política, poropiniones, o cualquier otra que tenga por objeto anular omenoscabar los derechos y libertades de las personas;discriminación e intolerancia motivada por origen étnico onacional, el género, la edad, las discapacidades, la condiciónsocial, las condiciones de salud, la orientación sexual y ladiversidad de género, el estado civil, o cualquier otra que atenteen contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular omenoscabar los derechos y libertades de las personas.
También por intimidación, amenazas, disputas por tierras y/orecursos naturales, la ejecución inadecuada de proyectos dedesarrollo que provoquen violaciones a los derechos humanos ycausas por desastres o contingencias socio-ambientales.
El ejemplo más reciente, ocurrido el 27 de mayo pasado fue enla población de Chenalhó, Chiapas. Aproximadamente 80 familiasdel ejido Puebla, de dicho municipio, fueron desplazadas a lacabecera municipal después de los conflictos políticos derivadosdel rechazo de algunos a la electa presidenta municipal RosaPérez, a quien el síndico Miguel Sántiz desplazó violentamente,además de que sus seguidores retuvieron al presidente del CongresoEstatal, Eduardo Ramírez, y al coordinador legislativo del PVEM,Carlos Penagos Vargas.
Como resultado murieron dos indígenas: Guadalupe CruzHernández, de 53 años, y la menor Adriana Méndez Gutiérrez, de12 años.
También en mayo, en la zona de La Barquita, Oaxaca, seregistraron desplazamientos temporales de decenas de pobladoresdebido a los estragos causados por las lluvias y el desbordamientodel río Ozama.
Previamente, en Sinaloa, en febrero, decenas de familiashabitantes de 12 comunidades de la Sierra de San Ignacio salierondel lugar debido a la violencia generada por la delincuenciaorganizada, no obstante la presencia del Ejército, la Marina.
Es nuestra realidad y como señalaron en su momento LuisBenavides y Sandra Patargo en su trabajo “México ante la crisishumanitaria de los desplazados internos” al enfocarse en lainseguridad:
“El problema de los desplazados internos como resultado de lalucha contra el crimen organizado en México ha sido subestimado eincluso ignorado. Si bien las cifras sobre el número dedesplazados varían según las diferentes fuentes, lo cierto es quese cuentan por miles y no existen políticas públicas que atiendande manera integral este fenómeno”.
(Continuará)
