La diputada Claudia Corichi García, de Movimiento Ciudadano,afirmó que México enfrenta una de las peores crisis en derechoshumanos, a pesar de que cuenta con un vasto y moderno marco legalen la materia, al inaugurar el foro “Sobrevivir a la muerte.Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas enMéxico”.
La diputada de MC indicó que ante la persistente violación alos derechos humanos, los tres niveles de gobierno, así como lasociedad civil, deben sensibilizarse y actuar contra la tortura yla violencia sexual.
Madeleine Penman, investigadora del secretariado internacionalde AI, aseveró que en el informe que recientemente presentó sobreel tema, se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar en esteperiodo de sesiones, la minuta que expide la Ley General paraPrevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o Degradantes.
Agregó que también se hace un llamado al Poder Ejecutivo y alsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a reforzarel Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometidacontra las Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional paraPrevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Al presentar el informe, señaló que la tortura despuntó de2003 a 2013, y el número de quejas ante la CNDH aumentó en másde 600 por ciento. En un solo año, hubo más de 12 mil quejas entodo el país por tortura o malos tratos.
El documento muestra la realidad de cien mujeres detenidas yentrevistadas entre 2015 y 2016, recluidas en centrospenitenciarios, acusadas de delitos federales como delincuenciaorganizada, contra la salud y secuestro.
Detalló que durante el arresto, del total, 97 denunciaron quefueron víctimas de violencia física, 72 sexual y 33 deviolación.
Mencionó que es frecuente que sean arrestadas en grupo yacusadas de ser novias de delincuentes o cómplices de actosdelictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esasacusaciones.
Un hallazgo es que las mujeres consideran la violencia sexualcomo algo normal. Además, las víctimas no tienen acceso aginecólogos después de ser abusadas y las heridas pueden borrarseen una semana. “De los miles de denuncias de tortura realizadasdesde 1991, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias anivel federal”, comentó.
Pese al elevado número de denuncias presentadas por mujeresvíctimas de violencia sexual, incluida la tortura u otros malostratos a manos de las fuerzas armadas, el Ejército informó a AIque no se había suspendido del servicio ni un solo soldado porestos delitos entre 2010 y 2015, mientras que, en la Marina, sesuspendió a cuatro elementos durante ese mismo periodo.
Precisó que sólo un marino fue condenado por abusos sexuales,que fue dado de baja temporalmente, lo que permite reintegrarse ala corporación, una vez cumplida su pena en prisión.
Hasta el momento, recalcó, la PGR no ha publicado datosdesglosados sobre víctimas de tortura. Esto ha tenido como efecto“rodear el problema con un velo de secretismo y ha impedido darrespuestas informadas con las que abordar la violencia contra lasmujeres durante el arresto y la detención”.
En la Policía y en las Fuerzas Armadas, agregó, se realizancientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia yderechos humanos, pero no parecen haber tenido un impactoapreciable a la hora de reducir las violaciones de los derechoshumanos de las mujeres.
Amnistía Internacional recomendó al Congreso mexicano adoptarsin demora la Ley General Contra la Tortura, garantizando queincluya los siguientes elementos:
Penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a lasnormas internacionales, en concreto a la Convención Interamericanapara Prevenir y Sancionar la Tortura.
Excluir de las actuaciones judiciales, todas las declaraciones ypruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan, exceptoen contra de un posible perpetrador, como evidencia de que latortura ocurrió.
Garantizar en la ley que, cuando se presenten pruebas obtenidasbajo tortura u otros malos tratos, el juez excluya dichas pruebasdesde el principio e inicie una investigación dentro del juicio,con el fin de adoptar una decisión final, entre otras medidas.
Durante el foro diputadas de Nueva Alianza, MovimientoCiudadano, Revolución Democrática y del PRI se pronunciaron porimpulsar un marco jurídico para abatir la tortura en contra demujeres en México y castigar a los responsables, así comoestablecer mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación yde la Defensa Nacional, y la Procuraduría General de laRepública, para implementar mecanismos que frenen el abusosexual.
Urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídicocontra la tortura.
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