/ sábado 21 de enero de 2017

Muro no implicaría más deportaciones, coinciden expertos

  • El perfil de la política migratoria de expatriaciones masivasno es algo nuevo
  • Migrantes eligen hoy rutas más peligrosas ante mayor seguridadfronteriza

Por Laura Bueno, El Sol de tijuana

TIJUANA, BC. (OEM-Informex).- La política migratoria delpresidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no impactará enla deportación masiva de connacionales mexicanos si sus esfuerzosse centran en la construcción de un muro pagado por México, comolo ha manifestado en su discurso discriminatorio.

El peligro radica en la aceleración de los procesos de mayorseguridad en la frontera y deportaciones de aquellas personas quetienen más de tres años de residencia ilegal en Estados Unidos,plantea Jesús Peña, investigador del Departamento de Estudios dePoblación del El Colegio de la Frontera Norte (Colef), con sede enCiudad Juárez.

Lo primero que habría que dejar claro, señala el investigadordel Colef, es que la situación de la política migratoria dedeportaciones masivas no es algo nuevo, “Donald Trump sólo loevidencia”.

Plantea que en los recientes 20 años la seguridad ha aumentadoen la frontera de México con Estados Unidos, por lo cual losmigrantes tuvieron que irse a lugares más peligrosos y desistir ensus intentos de alcanzar el sueño americano.

Así como la migración disminuyó exponencialmente en losúltimos diez años, naturalmente las deportaciones lo hicieron,aclarando que es en referencia a los ciudadanos deportados con unperfil de menos de tres años viviendo en Estados Unidos, por loque ahora la atención se centra en las personas con más de tresaños de residencia ilegal en el vecino país.

Subrayó que de acuerdo con las condiciones económicas deEstados Unidos es inviable que en dos años se dé una deportaciónde 2 millones de personas que se encuentran ilegalmente en dichopaís, aunque exista la voluntad, el precio es muy alto. Abundó enque las investigaciones que han consultado refieren que cadatrámite de deportación al Gobierno estadunidense le cuesta cercade 12 mil dólares, por lo que “no hay capacidad ni logísticapara hacerlo”.

La opción del regreso voluntario, agregó, se descarta con lateoría de que el mexicano nacido la República Mexicana, pero convida en Estados Unidos, tiene más miedo de volver a su país deorigen que a vivir como indocumentado y sabiéndose no querido enaquel país, exponiendo que “han vivido siempre bajo la sombradel racismo, que ya es algo normal”.

El investigador del Departamento de Estudios de Población consede en Ciudad Juárez indica que la situación para México nodebe centrarse en la preocupación por una deportación masiva demexicanos, sino en las políticas de atención para recibir yayudar a estos ciudadanos que describe con un “nuevo perfil”,ya que tiene una historia diferente a los deportados de los últimoaños.

Peña advierte que se está hablando de mexicanos que tienenincluso hasta diez años viviendo en Estados Unidos, familias quehan construido un patrimonio y para las cuales la intención alverse deportados no será obtener un trabajo en México yestabilidad, sino poder resolver su estatus migratorio, porque lamayoría estarían dejando hijos y familia del otro lado de lafrontera. Falta liderazgo

Hará falta mayor liderazgo por parte de los embajadores enEstados Unidos y del Ejecutivo federal de México para defender elrespeto a los mexicanos que se encuentren fuera y dentro delterritorio mexicano, advierte el doctorado del Colef.

Peña propone el acercamiento inmediato del Gobierno federal alos Estados en donde están las redes migratorias más activastanto del lado mexicano como en Estados Unidos, proyectando inclusola intervención del Consulado Mexicano para tutelar la custodia delos menores de 18 años de edad que pudieran quedar allá sin suspadres.

Reforzado en los datos de 2015, de acuerdo con los resultados dela Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, fuerondeportados 175 mil personas de las cuales 75 por ciento indicó quetenían más de 3 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos, yde ese porcentaje 20 por ciento dejó hijos nacidos allá, quedandosolo 67.5 por ciento en custodia de un familiar con estatus legal,mientras que el restante 32.5 por cento debió ser canalizado a uncentro de resguardo a cargo del Estado.

Pedro Ríos, director del Comité Amigo en San Diego,California, plantea que la acción que más preocupa a laorganización que representa es la participación de losdepartamentos de policías de los Estados y condados en las redadasmigratorias, porque “esto sí desencadenaría un temorcolectivo”. Asimismo ve efectivo el reforzamiento de la seguridaden la franja fronteriza con la llegada del General John Kelly,haciendo cumplir las leyes migratorias al pie de la letra.

La Consideración de Acción Diferida de 2012 para los Llegadosen la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) está en suspensotambién debido a que ya fue frenada en 2014 en el tribunalfederal, considera el activista, por lo que exhorta a estarpreparados para una posible suspensión. Choque entre autoridades yONG

El director del Comité Amigo manifiesta que el choque enCalifornia al menos es inminente entre las autoridades migratoriasy simpatizantes frente a las comunidades migrantes que residen enesta ciudad, basado en el pronunciamiento público de ciudadanos,activistas, políticos, académicos y más en contra de lapolítica migratoria de Donald Trump.

Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera,organización instalada en San Diego, California, con una visión yejercicio por más de 25 años en apoyo a los migrantes, dijo estarmuy preocupado porque la situación sigue siendo de incertidumbrepara los migrantes en Estados Unidos, por lo que advierte que laprevención es lo único que se puede hacer por el momento, hastaque no se conozcan las medidas del nuevo Gobierno, que tomaráposesión el 20 de enero próximo.

“Ellos deben conocer sus derechos y estar preparados para lopeor”, señala sin pretender ser alarmista, a quienes sonsusceptibles a la deportación por estar ilegalmente en el país oen caso de que se suspendan las consideraciones legales.

  • El perfil de la política migratoria de expatriaciones masivasno es algo nuevo
  • Migrantes eligen hoy rutas más peligrosas ante mayor seguridadfronteriza

Por Laura Bueno, El Sol de tijuana

TIJUANA, BC. (OEM-Informex).- La política migratoria delpresidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no impactará enla deportación masiva de connacionales mexicanos si sus esfuerzosse centran en la construcción de un muro pagado por México, comolo ha manifestado en su discurso discriminatorio.

El peligro radica en la aceleración de los procesos de mayorseguridad en la frontera y deportaciones de aquellas personas quetienen más de tres años de residencia ilegal en Estados Unidos,plantea Jesús Peña, investigador del Departamento de Estudios dePoblación del El Colegio de la Frontera Norte (Colef), con sede enCiudad Juárez.

Lo primero que habría que dejar claro, señala el investigadordel Colef, es que la situación de la política migratoria dedeportaciones masivas no es algo nuevo, “Donald Trump sólo loevidencia”.

Plantea que en los recientes 20 años la seguridad ha aumentadoen la frontera de México con Estados Unidos, por lo cual losmigrantes tuvieron que irse a lugares más peligrosos y desistir ensus intentos de alcanzar el sueño americano.

Así como la migración disminuyó exponencialmente en losúltimos diez años, naturalmente las deportaciones lo hicieron,aclarando que es en referencia a los ciudadanos deportados con unperfil de menos de tres años viviendo en Estados Unidos, por loque ahora la atención se centra en las personas con más de tresaños de residencia ilegal en el vecino país.

Subrayó que de acuerdo con las condiciones económicas deEstados Unidos es inviable que en dos años se dé una deportaciónde 2 millones de personas que se encuentran ilegalmente en dichopaís, aunque exista la voluntad, el precio es muy alto. Abundó enque las investigaciones que han consultado refieren que cadatrámite de deportación al Gobierno estadunidense le cuesta cercade 12 mil dólares, por lo que “no hay capacidad ni logísticapara hacerlo”.

La opción del regreso voluntario, agregó, se descarta con lateoría de que el mexicano nacido la República Mexicana, pero convida en Estados Unidos, tiene más miedo de volver a su país deorigen que a vivir como indocumentado y sabiéndose no querido enaquel país, exponiendo que “han vivido siempre bajo la sombradel racismo, que ya es algo normal”.

El investigador del Departamento de Estudios de Población consede en Ciudad Juárez indica que la situación para México nodebe centrarse en la preocupación por una deportación masiva demexicanos, sino en las políticas de atención para recibir yayudar a estos ciudadanos que describe con un “nuevo perfil”,ya que tiene una historia diferente a los deportados de los últimoaños.

Peña advierte que se está hablando de mexicanos que tienenincluso hasta diez años viviendo en Estados Unidos, familias quehan construido un patrimonio y para las cuales la intención alverse deportados no será obtener un trabajo en México yestabilidad, sino poder resolver su estatus migratorio, porque lamayoría estarían dejando hijos y familia del otro lado de lafrontera. Falta liderazgo

Hará falta mayor liderazgo por parte de los embajadores enEstados Unidos y del Ejecutivo federal de México para defender elrespeto a los mexicanos que se encuentren fuera y dentro delterritorio mexicano, advierte el doctorado del Colef.

Peña propone el acercamiento inmediato del Gobierno federal alos Estados en donde están las redes migratorias más activastanto del lado mexicano como en Estados Unidos, proyectando inclusola intervención del Consulado Mexicano para tutelar la custodia delos menores de 18 años de edad que pudieran quedar allá sin suspadres.

Reforzado en los datos de 2015, de acuerdo con los resultados dela Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, fuerondeportados 175 mil personas de las cuales 75 por ciento indicó quetenían más de 3 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos, yde ese porcentaje 20 por ciento dejó hijos nacidos allá, quedandosolo 67.5 por ciento en custodia de un familiar con estatus legal,mientras que el restante 32.5 por cento debió ser canalizado a uncentro de resguardo a cargo del Estado.

Pedro Ríos, director del Comité Amigo en San Diego,California, plantea que la acción que más preocupa a laorganización que representa es la participación de losdepartamentos de policías de los Estados y condados en las redadasmigratorias, porque “esto sí desencadenaría un temorcolectivo”. Asimismo ve efectivo el reforzamiento de la seguridaden la franja fronteriza con la llegada del General John Kelly,haciendo cumplir las leyes migratorias al pie de la letra.

La Consideración de Acción Diferida de 2012 para los Llegadosen la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) está en suspensotambién debido a que ya fue frenada en 2014 en el tribunalfederal, considera el activista, por lo que exhorta a estarpreparados para una posible suspensión. Choque entre autoridades yONG

El director del Comité Amigo manifiesta que el choque enCalifornia al menos es inminente entre las autoridades migratoriasy simpatizantes frente a las comunidades migrantes que residen enesta ciudad, basado en el pronunciamiento público de ciudadanos,activistas, políticos, académicos y más en contra de lapolítica migratoria de Donald Trump.

Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera,organización instalada en San Diego, California, con una visión yejercicio por más de 25 años en apoyo a los migrantes, dijo estarmuy preocupado porque la situación sigue siendo de incertidumbrepara los migrantes en Estados Unidos, por lo que advierte que laprevención es lo único que se puede hacer por el momento, hastaque no se conozcan las medidas del nuevo Gobierno, que tomaráposesión el 20 de enero próximo.

“Ellos deben conocer sus derechos y estar preparados para lopeor”, señala sin pretender ser alarmista, a quienes sonsusceptibles a la deportación por estar ilegalmente en el país oen caso de que se suspendan las consideraciones legales.

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