/ martes 5 de enero de 2016

Piden en la Cámara de Diputados tener lista Ley General Contra la Desaparición Forzada

México.- El vicepresidente de la Cámara deDiputados, el perredista Alejandro Ojeda, urgió a las Comisionesencargadas de dictaminar y los grupos parlamentarios de esteórgano legislativo a trabajar para tener lista a la brevedadposible la Ley General Contra la Desaparición Forzada.

Lo anterior, dijo, con el propósito de cumplir conel compromiso que tiene el Congreso de la Unión, para que eldictamen de dicha legislación en la materia pudiera estar listopara los primeros días de febrero, cuando arranca el próximoperiodo ordinario de sesiones y ser aprobada por el pleno camaral,ya que, subrayó, se trata de un asunto fundamental que no puedeesperar más.

Reitero su llamado para que la Ley General Contra laDesaparición Forzada de Personas sea dictaminada, y comentó queaunque haya receso, las comisiones están obligadas a trabajar enlos dictámenes para que haya materia de discusión y en su caso deaprobación para el próximo periodo ordinario de sesiones.

El diputado Ojeda aseveró que debe ser un propósitoinsoslayable de todas las fuerzas políticas del país, elconcretar esta ley reglamentaria que le da normatividad a lareforma que se hizo al Artículo 73 Constitucional.

Mencionó que dicha reforma fue publicada en elDiario Oficial del pasado 10 de julio de 2015, contándose con 180días a partir de la entrada en vigor de la misma, paraelaborar la ley reglamentaria correspondiente, tiempo que se cumpleel este 6 de enero del 2016.

Recordó que la intención fundamental de estalegislación es el de proteger a toda persona contra el delito dedesaparición forzada, así como la implementación de acciones deprevención, investigación, persecución y criterios parasancionar este delito, así́ como para la protección y asistenciaa las víctimas y testigos.

Sin desconocer que en el Senado y en la Cámara Baja,se han promovido otras iniciativas sobre este tema, el diputadoAlejandro Ojeda mencionó que en San Lázaro impulsó, junto con elpresidente camaral, el diputado Jesús Zambrano, una propuesta quepretende no sólo coadyuvar en la discusión de este asunto, sinopara que el tema de las desapariciones forzadas vuelva a serprioritario en la agenda legislativa.

El diputado federal refrendó la importancia deconcretar esta nueva ley que respondería a la exigencia de accesoa la justicia y a la verdad de miles de víctimas.

Entre otras cosas, insistió, la iniciativa quepromovió contempla la creación de fiscalías especializadas en ladesaparición forzada de personas y a manos de particulares, una anivel federal y una por cada estado de la República, así como laimplementación de un Registro Nacional de Datos de PersonasExtraviadas o Desaparecidas.

Se hace énfasis en que cualquier investigación debepartir de la no criminalización: Las autoridades no deberánagravar el sufrimiento de las víctimas o familiares ni tratarlasen ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión delos hechos que denuncie

La ley también obligaría al Estado a la reparaciónintegral del daño para las víctimas y familiares sin importar susnacionalidades, así como a garantizar la seguridad física ypsicológica de los defensores de derechos humanos, organizaciones,testigos y grupos que se encuentren en riesgo.

Se plantea, además, que al servidor público oparticular que comenta el delito de desaparición forzada depersona, se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años deprisión, de cuatro mil a ocho mil días de multa e inhabilitacióndefinitiva e inconmutable para ejercer la función pública encualquiera de sus niveles.

En la propuesta se contempla que el Estado deberágarantizar que cuando haya indicios para suponer que se pudierahaber cometido una desaparición forzada, se proceda, sindilación, a investigar de manera efectiva a todos los agentes uórganos estatales que pudieran haber estado involucrados, asícomo a agotar todas las líneas de investigación.

Además, se obliga al Estado a actuar bajo elprincipio de máxima protección a la víctima, atendiendo alrespeto a su dignidad humana, todas las autoridades estánobligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimoexistencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado elnúcleo esencial de sus derechos, que es la  presunción devida.

/eupr

México.- El vicepresidente de la Cámara deDiputados, el perredista Alejandro Ojeda, urgió a las Comisionesencargadas de dictaminar y los grupos parlamentarios de esteórgano legislativo a trabajar para tener lista a la brevedadposible la Ley General Contra la Desaparición Forzada.

Lo anterior, dijo, con el propósito de cumplir conel compromiso que tiene el Congreso de la Unión, para que eldictamen de dicha legislación en la materia pudiera estar listopara los primeros días de febrero, cuando arranca el próximoperiodo ordinario de sesiones y ser aprobada por el pleno camaral,ya que, subrayó, se trata de un asunto fundamental que no puedeesperar más.

Reitero su llamado para que la Ley General Contra laDesaparición Forzada de Personas sea dictaminada, y comentó queaunque haya receso, las comisiones están obligadas a trabajar enlos dictámenes para que haya materia de discusión y en su caso deaprobación para el próximo periodo ordinario de sesiones.

El diputado Ojeda aseveró que debe ser un propósitoinsoslayable de todas las fuerzas políticas del país, elconcretar esta ley reglamentaria que le da normatividad a lareforma que se hizo al Artículo 73 Constitucional.

Mencionó que dicha reforma fue publicada en elDiario Oficial del pasado 10 de julio de 2015, contándose con 180días a partir de la entrada en vigor de la misma, paraelaborar la ley reglamentaria correspondiente, tiempo que se cumpleel este 6 de enero del 2016.

Recordó que la intención fundamental de estalegislación es el de proteger a toda persona contra el delito dedesaparición forzada, así como la implementación de acciones deprevención, investigación, persecución y criterios parasancionar este delito, así́ como para la protección y asistenciaa las víctimas y testigos.

Sin desconocer que en el Senado y en la Cámara Baja,se han promovido otras iniciativas sobre este tema, el diputadoAlejandro Ojeda mencionó que en San Lázaro impulsó, junto con elpresidente camaral, el diputado Jesús Zambrano, una propuesta quepretende no sólo coadyuvar en la discusión de este asunto, sinopara que el tema de las desapariciones forzadas vuelva a serprioritario en la agenda legislativa.

El diputado federal refrendó la importancia deconcretar esta nueva ley que respondería a la exigencia de accesoa la justicia y a la verdad de miles de víctimas.

Entre otras cosas, insistió, la iniciativa quepromovió contempla la creación de fiscalías especializadas en ladesaparición forzada de personas y a manos de particulares, una anivel federal y una por cada estado de la República, así como laimplementación de un Registro Nacional de Datos de PersonasExtraviadas o Desaparecidas.

Se hace énfasis en que cualquier investigación debepartir de la no criminalización: Las autoridades no deberánagravar el sufrimiento de las víctimas o familiares ni tratarlasen ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión delos hechos que denuncie

La ley también obligaría al Estado a la reparaciónintegral del daño para las víctimas y familiares sin importar susnacionalidades, así como a garantizar la seguridad física ypsicológica de los defensores de derechos humanos, organizaciones,testigos y grupos que se encuentren en riesgo.

Se plantea, además, que al servidor público oparticular que comenta el delito de desaparición forzada depersona, se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años deprisión, de cuatro mil a ocho mil días de multa e inhabilitacióndefinitiva e inconmutable para ejercer la función pública encualquiera de sus niveles.

En la propuesta se contempla que el Estado deberágarantizar que cuando haya indicios para suponer que se pudierahaber cometido una desaparición forzada, se proceda, sindilación, a investigar de manera efectiva a todos los agentes uórganos estatales que pudieran haber estado involucrados, asícomo a agotar todas las líneas de investigación.

Además, se obliga al Estado a actuar bajo elprincipio de máxima protección a la víctima, atendiendo alrespeto a su dignidad humana, todas las autoridades estánobligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimoexistencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado elnúcleo esencial de sus derechos, que es la  presunción devida.

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