Carlos Lara / El Sol de México
Ciudad de México.- La diputada del PRI, Yolanda de la TorreValdez, propuso una reforma que adicione al artículo cuartoconstitucional, a fin de dotar de “criterios marco” a lasdecisiones de las instituciones públicas en materia de garantía yacceso de las personas con alguna discapacidad, al conjunto dederechos reconocidos.
La legisladora por Durango abundó que, de acuerdo con lamedición multidimensional de la pobreza, a cargo del ConsejoNacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval), el 59.3 por ciento de las personas con algunadiscapacidad son vulnerables, sea por carencia de acceso aservicios de salud o bien por falta de acceso a la seguridadsocial.
De la Torre Valdez aseguró que el grupo de personas condiscapacidad, es en el que la pobreza, lejos de reducirse, seincrementó en un punto porcentual, anualizado, entre los años2010 y 2014.
Agregó que las personas con alguna discapacidad siguenconstituyendo el sector de la población con mayor nivel de rezagoeducativo, porque no se ha conseguido el acceso universal a laeducación regular de las niñas y niños con alguna discapacidad yporque los jóvenes con alguna discapacidad truncan sustrayectorias escolares por carecer de los recursos necesarios paracontinuar sus estudios y acceder a empleos dignos.
“La discriminación, la exclusión y el rechazo fáctico delas personas con discapacidad en el empleo, en los espacios dedecisión y representación política, en los cargos directivos yde responsabilidad en la iniciativa privada, así como en losespacios públicos, siguen siendo una constante que exigefortalecer el marco jurídico de protección y garantía dederechos, con el propósito de definir de manera clara los alcancesy las responsabilidades de las autoridades en la materia”,puntualizó De la Torre Valdez.
Por ello, expuso, esta iniciativa busca incorporar al TextoConstitucional un párrafo adicional en el que se incluya elprincipio de la inclusión de las personas con discapacidad paracontar con un marco de referencia claro y preciso que, además,permita armonizar el texto de la Carta Magna con el de laConvención marco de las Naciones Unidas en esta materia.
“Las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, en el ámbito educativo y en el rubro de laretroactividad en el pago de las pensiones alimentarias, y enmateria de amparo en el caso de la protección de las niñas y losniños frente al acoso escolar, entre otras, son una muestraclarísima sobre la relevancia de dotar al Texto Constitucional decriterios de interpretación clara para todas aquellas personasinvolucradas en la denominada operación de la ley”, expuso.