/ miércoles 21 de octubre de 2015

Quitan a la SEIDO caso Iguala

Hugo Hernández / El Sol de México

Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) no difundir versiones que no estén contrastadas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el llamado caso Iguala y solicitó quitarle a la SEIDO la investigación del mismo.

Ello, durante la audiencia pública realizada ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado mexicano, celebrada en la ciudad de Washington DC.

De acuerdo con los expertos, cada nueva versión, no contrastada, genera un impacto negativo en familiares de las víctimas, advirtió.

Al respecto, Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos, dijo que el Estado mexicano, el GIEI y familiares de los normalistas suscribieron un acuerdo para mantener en confidencialidad la información mientras no se notifique a los padres de los estudiantes.

En la presentación del “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” ante la CIDH, Carlos Beristáin expuso ocho puntos clave dentro de la indagatoria que realizaron en seis meses.

Expuso que en el informe concluyeron que los normalistas no iban a boicotear el evento político de la entonces presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa.

Tampoco hubo evidencia de que estudiantes estuvieran ligados con el crimen organizado, no llevaban armas, sino piedras.

Además, el ataque, dejó a 180 víctimas directas en nueve escenarios en cuatro o cinco horas; también se refirió al famoso quinto autobús, el cual no ha sido investigado por la PGR y que podría haber transportado heroína, lo que sería una hipótesis para determinar por qué fueron atacados los normalistas.

Para el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, los peticionarios tienen acceso al expediente del caso Ayotzinapa, en respuesta al reclamo del director del Centro Prodh, Mario Patrón. El subprocurador de PGR dijo que la SEIDO declinará su competencia en el caso, el próximo jueves, y pasará a la subprocuraduría de Derechos Humanos a su cargo, tal y como lo solicita el grupo de expertos independientes. Así, el GIEI llegó a los siguientes compromisos con el Estado mexicano; a partir de la publicación del Informe Ayotzinapa el 6 de septiembre de 2015, el GIEI propone al Estado los siguientes acuerdos que considera básicos para llevar a cabo su mandato:

Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.

En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio.

La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.

Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el grupo.

A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.

Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.

La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.

El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.

Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.

El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.

El acuerdo fue firmado por parte del Estado mexicano: Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Hugo Hernández / El Sol de México

Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) no difundir versiones que no estén contrastadas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el llamado caso Iguala y solicitó quitarle a la SEIDO la investigación del mismo.

Ello, durante la audiencia pública realizada ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes del Estado mexicano, celebrada en la ciudad de Washington DC.

De acuerdo con los expertos, cada nueva versión, no contrastada, genera un impacto negativo en familiares de las víctimas, advirtió.

Al respecto, Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos, dijo que el Estado mexicano, el GIEI y familiares de los normalistas suscribieron un acuerdo para mantener en confidencialidad la información mientras no se notifique a los padres de los estudiantes.

En la presentación del “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” ante la CIDH, Carlos Beristáin expuso ocho puntos clave dentro de la indagatoria que realizaron en seis meses.

Expuso que en el informe concluyeron que los normalistas no iban a boicotear el evento político de la entonces presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa.

Tampoco hubo evidencia de que estudiantes estuvieran ligados con el crimen organizado, no llevaban armas, sino piedras.

Además, el ataque, dejó a 180 víctimas directas en nueve escenarios en cuatro o cinco horas; también se refirió al famoso quinto autobús, el cual no ha sido investigado por la PGR y que podría haber transportado heroína, lo que sería una hipótesis para determinar por qué fueron atacados los normalistas.

Para el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, los peticionarios tienen acceso al expediente del caso Ayotzinapa, en respuesta al reclamo del director del Centro Prodh, Mario Patrón. El subprocurador de PGR dijo que la SEIDO declinará su competencia en el caso, el próximo jueves, y pasará a la subprocuraduría de Derechos Humanos a su cargo, tal y como lo solicita el grupo de expertos independientes. Así, el GIEI llegó a los siguientes compromisos con el Estado mexicano; a partir de la publicación del Informe Ayotzinapa el 6 de septiembre de 2015, el GIEI propone al Estado los siguientes acuerdos que considera básicos para llevar a cabo su mandato:

Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.

En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio.

La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.

Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el grupo.

A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.

Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.

La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.

El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.

Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.

El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.

El acuerdo fue firmado por parte del Estado mexicano: Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.