Hugo Hernández / El Sol de México
Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de ExpertosIndependientes (GIEI) pidió a la Procuraduría General de laRepública (PGR) no difundir versiones que no estén contrastadassobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en elllamado caso Iguala y solicitó quitarle a la SEIDO lainvestigación del mismo.
Ello, durante la audiencia pública realizada ante integrantesde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) yrepresentantes del Estado mexicano, celebrada en la ciudad deWashington DC.
De acuerdo con los expertos, cada nueva versión, nocontrastada, genera un impacto negativo en familiares de lasvíctimas, advirtió.
Al respecto, Ángela Buitrago, integrante del grupo de expertos,dijo que el Estado mexicano, el GIEI y familiares de losnormalistas suscribieron un acuerdo para mantener enconfidencialidad la información mientras no se notifique a lospadres de los estudiantes.
En la presentación del “Informe Ayotzinapa: Investigación yprimeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de losnormalistas de Ayotzinapa” ante la CIDH, Carlos Beristáin expusoocho puntos clave dentro de la indagatoria que realizaron en seismeses.
Expuso que en el informe concluyeron que los normalistas no ibana boicotear el evento político de la entonces presidenta del DIF,María de los Ángeles Pineda Villa.
Tampoco hubo evidencia de que estudiantes estuvieran ligados conel crimen organizado, no llevaban armas, sino piedras.
Además, el ataque, dejó a 180 víctimas directas en nueveescenarios en cuatro o cinco horas; también se refirió al famosoquinto autobús, el cual no ha sido investigado por la PGR y quepodría haber transportado heroína, lo que sería una hipótesispara determinar por qué fueron atacados los normalistas.
Para el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber OmarBetanzos, los peticionarios tienen acceso al expediente del casoAyotzinapa, en respuesta al reclamo del director del Centro Prodh,Mario Patrón. El subprocurador de PGR dijo que la SEIDO declinarásu competencia en el caso, el próximo jueves, y pasará a lasubprocuraduría de Derechos Humanos a su cargo, tal y como losolicita el grupo de expertos independientes. Así, el GIEI llegóa los siguientes compromisos con el Estado mexicano; a partir de lapublicación del Informe Ayotzinapa el 6 de septiembre de 2015, elGIEI propone al Estado los siguientes acuerdos que considerabásicos para llevar a cabo su mandato:
Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata,proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo deinvestigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cualllevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.
En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevoestudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, seacuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos ycondiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta ladecisión sobre los perfiles y la elección definitiva de losperitos, c) se consense el modo en que se realizará elestudio.
La conformación de un nuevo equipo de investigación conexperiencia así como de confianza con la procuradora y con elpropio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes delas víctimas para facilitar una actitud positiva frente alcompromiso en la investigación y las respuestas a lasvíctimas.
Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Estosignifica: a) evaluar las implicaciones del informe en lainvestigación de los hechos, b) dar seguimiento a lasrecomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en lasrecomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre lascuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otrasque están siendo deliberadas por el grupo.
A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta unaruta de investigación tomando en cuenta las informacionesexistentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Seestablecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo:a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantespara el caso y las líneas de investigación acordadas, b) laobservancia o participación del GIEI en las cuestiones que estimerelevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papelde coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjuntode las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones paraestablecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso ylos pasos a dar en nuevas consignaciones.
Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con unaestrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendoel uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugaresidentificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con losfamiliares.
La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demásinstituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones conel GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento delos mismos tanto por parte de la PGR como de las instanciasimplicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo parallevar a cabo la investigación y búsqueda, así como haproporcionado un documento de criterios sobre atención a lasvíctimas.
Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán acabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas,estableciendo las medidas de valoración del daño, el avanceprogresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, asícomo el derecho a la reparación y a la información que asiste alos familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a laverdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.
El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de lainformación sobre nuevos resultados de la investigación hastatransmitir la información a los familiares, previamente acualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo decomunicación periódico y directo con las familias.
El acuerdo fue firmado por parte del Estado mexicano: RobertoCampa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaríade Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador deDerechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la comunidadde la Procuraduría General de la República y Miguel Ruiz-CabañasIzquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y DerechosHumanos.
