/ lunes 29 de agosto de 2016

Ríos Garza asistió en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos

La Policía de Investigación no aplica operativos contracomerciantes, pero en acciones propias se han decomisado drogas yarmas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, ypuestas a disposición de los jueces a personas contra quienesexistían órdenes de aprehensión, afirmó ayer Rodolfo FernandoRíos Garza, procurador de Justicia capitalino.

El funcionario participó en la primera sesión del Programa deDerechos Humanos de la Ciudad de México, en la que destacó laimportancia de que la ciudadanía conozca que cuenta condispositivos eficaces de acceso a la justicia para obtener laprotección de sus derechos, sin importar su condición social,económica o política, ni su género o preferencia sexual.

Lo anterior es parte del acercamiento entre las autoridadesencargadas de la procuración e impartición de la justicia y laorganizaciones de la sociedad civil, por lo que informó que laProcuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital haimplementado diversas acciones orientadas a proporcionar serviciosde atención personalizada, especializada y profesional, y por elloha reforzado la capacitación de los servidores públicos;instalado 42 módulos de atención oportuna y 11 unidades demediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativosde solución de controversias.

Explicó que eso forma parte de las medidas del Sistema ProcesalPenal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público deasesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimasdel delito, y que la dependencia brinda porque está convencida quela libertad personal es un derecho humano de carácter universal eintransferible.

Afirmó que las detenciones ahora están sujetas a reglasprecisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se hanimplementado acciones que garantizan el debido proceso.

“Todo esto reflejan los avances en materia de participaciónciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, yen la promoción, difusión, protección y respeto de los derechoshumanos en los últimos siete años”, manifestó Ríos Garza.

Al respecto, resaltó que actualmente se atraviesa un momentocrucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio,abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen quegarantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechosfundamentales.

El titular de la PGJ se manifestó a favor de la reinstalaciónde esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer directamenteel acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas.Y, en caso de que la actuación del personal del MinisterioPúblico, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer losmecanismos para sancionarlos.

A su vez, Guillermo Orozco, subsecretario de Gobierno local,afirmó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecerel combate a la impunidad y corrupción.

Finalmente, con ese objetivo, señaló, se ha revisado y dadoseguimiento al proyecto de iniciativa de ley de víctimas para laCiudad de México, elaborada por la PGJ, buscando que cumpla conlos estándares nacionales e internacionales en materia de derechoshumanos.

La Policía de Investigación no aplica operativos contracomerciantes, pero en acciones propias se han decomisado drogas yarmas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, ypuestas a disposición de los jueces a personas contra quienesexistían órdenes de aprehensión, afirmó ayer Rodolfo FernandoRíos Garza, procurador de Justicia capitalino.

El funcionario participó en la primera sesión del Programa deDerechos Humanos de la Ciudad de México, en la que destacó laimportancia de que la ciudadanía conozca que cuenta condispositivos eficaces de acceso a la justicia para obtener laprotección de sus derechos, sin importar su condición social,económica o política, ni su género o preferencia sexual.

Lo anterior es parte del acercamiento entre las autoridadesencargadas de la procuración e impartición de la justicia y laorganizaciones de la sociedad civil, por lo que informó que laProcuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital haimplementado diversas acciones orientadas a proporcionar serviciosde atención personalizada, especializada y profesional, y por elloha reforzado la capacitación de los servidores públicos;instalado 42 módulos de atención oportuna y 11 unidades demediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativosde solución de controversias.

Explicó que eso forma parte de las medidas del Sistema ProcesalPenal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público deasesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimasdel delito, y que la dependencia brinda porque está convencida quela libertad personal es un derecho humano de carácter universal eintransferible.

Afirmó que las detenciones ahora están sujetas a reglasprecisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se hanimplementado acciones que garantizan el debido proceso.

“Todo esto reflejan los avances en materia de participaciónciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, yen la promoción, difusión, protección y respeto de los derechoshumanos en los últimos siete años”, manifestó Ríos Garza.

Al respecto, resaltó que actualmente se atraviesa un momentocrucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio,abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen quegarantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechosfundamentales.

El titular de la PGJ se manifestó a favor de la reinstalaciónde esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer directamenteel acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas.Y, en caso de que la actuación del personal del MinisterioPúblico, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer losmecanismos para sancionarlos.

A su vez, Guillermo Orozco, subsecretario de Gobierno local,afirmó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecerel combate a la impunidad y corrupción.

Finalmente, con ese objetivo, señaló, se ha revisado y dadoseguimiento al proyecto de iniciativa de ley de víctimas para laCiudad de México, elaborada por la PGJ, buscando que cumpla conlos estándares nacionales e internacionales en materia de derechoshumanos.

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