/ lunes 29 de agosto de 2016

Ríos Garza asistió en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos

La Policía de Investigación no aplica operativos contra comerciantes, pero en acciones propias se han decomisado drogas y armas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, y puestas a disposición de los jueces a personas contra quienes existían órdenes de aprehensión, afirmó ayer Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador de Justicia capitalino.

El funcionario participó en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que destacó la importancia de que la ciudadanía conozca que cuenta con dispositivos eficaces de acceso a la justicia para obtener la protección de sus derechos, sin importar su condición social, económica o política, ni su género o preferencia sexual.

Lo anterior es parte del acercamiento entre las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia y la organizaciones de la sociedad civil, por lo que informó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital ha implementado diversas acciones orientadas a proporcionar servicios de atención personalizada, especializada y profesional, y por ello ha reforzado la capacitación de los servidores públicos; instalado 42 módulos de atención oportuna y 11 unidades de mediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Explicó que eso forma parte de las medidas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público de asesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimas del delito, y que la dependencia brinda porque está convencida que la libertad personal es un derecho humano de carácter universal e intransferible.

Afirmó que las detenciones ahora están sujetas a reglas precisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se han implementado acciones que garantizan el debido proceso.

“Todo esto reflejan los avances en materia de participación ciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, y en la promoción, difusión, protección y respeto de los derechos humanos en los últimos siete años”, manifestó Ríos Garza.

Al respecto, resaltó que actualmente se atraviesa un momento crucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio, abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen que garantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales.

El titular de la PGJ se manifestó a favor de la reinstalación de esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer directamente el acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas. Y, en caso de que la actuación del personal del Ministerio Público, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer los mecanismos para sancionarlos.

A su vez, Guillermo Orozco, subsecretario de Gobierno local, afirmó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecer el combate a la impunidad y corrupción.

Finalmente, con ese objetivo, señaló, se ha revisado y dado seguimiento al proyecto de iniciativa de ley de víctimas para la Ciudad de México, elaborada por la PGJ, buscando que cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La Policía de Investigación no aplica operativos contra comerciantes, pero en acciones propias se han decomisado drogas y armas; detenido a presuntos implicados en hechos delictivos, y puestas a disposición de los jueces a personas contra quienes existían órdenes de aprehensión, afirmó ayer Rodolfo Fernando Ríos Garza, procurador de Justicia capitalino.

El funcionario participó en la primera sesión del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que destacó la importancia de que la ciudadanía conozca que cuenta con dispositivos eficaces de acceso a la justicia para obtener la protección de sus derechos, sin importar su condición social, económica o política, ni su género o preferencia sexual.

Lo anterior es parte del acercamiento entre las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia y la organizaciones de la sociedad civil, por lo que informó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la capital ha implementado diversas acciones orientadas a proporcionar servicios de atención personalizada, especializada y profesional, y por ello ha reforzado la capacitación de los servidores públicos; instalado 42 módulos de atención oportuna y 11 unidades de mediación, en las que son aplicables los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Explicó que eso forma parte de las medidas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), el cual establece el servicio público de asesoría jurídica gratuita que favorece a las personas, víctimas del delito, y que la dependencia brinda porque está convencida que la libertad personal es un derecho humano de carácter universal e intransferible.

Afirmó que las detenciones ahora están sujetas a reglas precisas que evitan la comisión de excesos, y para ello se han implementado acciones que garantizan el debido proceso.

“Todo esto reflejan los avances en materia de participación ciudadana; en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, y en la promoción, difusión, protección y respeto de los derechos humanos en los últimos siete años”, manifestó Ríos Garza.

Al respecto, resaltó que actualmente se atraviesa un momento crucial debido a que la adopción del sistema procesal acusatorio, abre áreas de oportunidad para fortalecer un régimen que garantice a las personas, el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales.

El titular de la PGJ se manifestó a favor de la reinstalación de esta mesa de trabajo, con el propósito de conocer directamente el acontecer en la comunidad, y así dar solución a los problemas. Y, en caso de que la actuación del personal del Ministerio Público, peritos o policías, no sea la adecuada, hacer valer los mecanismos para sancionarlos.

A su vez, Guillermo Orozco, subsecretario de Gobierno local, afirmó que con la creación de este mecanismo se busca fortalecer el combate a la impunidad y corrupción.

Finalmente, con ese objetivo, señaló, se ha revisado y dado seguimiento al proyecto de iniciativa de ley de víctimas para la Ciudad de México, elaborada por la PGJ, buscando que cumpla con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.