/ jueves 3 de marzo de 2016

Sesgado, el informe de la CIDH. Responde el Gobierno Federal

Martha Elva González / El Sol de México

Ciudad de México.- El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado ayer, “no refleja la situación general del país”, parte de premisas y diagnósticos erróneos, no tiene un sustento sólido, “no contrasta la información con sus fuentes” y desde el análisis inicial, tiene un sesgo que no aporta “conclusiones sólidas y fidedignas”, por lo tanto no tiene fundamento alguno, responde el Gobierno mexicano.

En comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), aseguran que “de hecho”, el Gobierno mexicano en repetidas ocasiones “solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones” y “desafortunadamente, el informe publicado no ofrece mayor fundamento, ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión”.

Sostiene que, además, “ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México” y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH, en su visita a México en 1997.

Las tres dependencias coinciden en que “si bien en el informe da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Dicen que tanto en la reciente visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que “en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos” y que las observaciones preliminares de la CIDH -que ayer se retomaron en el informe- se construyeron a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.

Tras asegurar que “ha sido una prioridad del Gobierno de la República atender las solicitudes de información y audiencia de la CIDH, y que “está comprometido con la vigencia del Estado de Derecho y los propios derechos humanos”, precisa que “las visitas que realiza la Comisión son muestra de la mayor apertura y cooperación por parte del Estado mexicano”.

El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado mexicano de manera directa, en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial.

“Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones, éstas no incidieron en su análisis final, ni en su metodología, ni en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”. Las observaciones del Gobierno mexicano a la CIDH

El 15 de diciembre de 2015, el Estado mexicano formuló a la CIDH una serie de observaciones donde destaca que “la metodología utilizada para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de solo seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”.

También le dijo que “ese sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su propio reglamento” y que habrían sido indispensables para que ésta “pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.

En aquella ocasión, se le dijo a la CIDH, que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país, generada por la delincuencia, para garantizar la seguridad, para proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.

Por ello, “se esperaba que la visita de la CIDH, contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México, con la emisión de sus conclusiones y recomendaciones, las que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.

El informe no valora que para el Gobierno de la República, “siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH, además, las numerosas audiencias públicas en que ha participado, en el marco del sistema interamericano de derechos humanos y las visitas de los comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional, que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge. Los avances que la CIDH desestimó

El comunicado de la Segob, SRE y PGR menciona que, “hay avances que el informe de la CIDH desestimó o recogió solo parcialmente”, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita.

Por ejemplo, que “el Ejecutivo federal, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de Ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales.

Señaló a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja y que la PGR publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.

Precisan que, entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del Gobierno, “está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la ley general en la materia, que prevé la instalación de un sistema nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral.

Que durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Segob y del Fondo para la implementación de estas medidas, donde a la fecha, 489 personas y 11 organizaciones, han sido incorporadas al mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo.

Por otro lado, nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos, como el de las personas migrantes y refugiados y se cuenta con legislación sin precedentes en México y en el mundo, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además atendió a recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF.

“Todas estas acciones están enmarcadas en un marco jurídico sólido, que obliga al respeto de los derechos humanos, en todo el quehacer gubernamental”.

En adición a todo lo anterior, el informe de la CIDH no refleja que México es un Gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales.

“Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el Coneval, esfuerzos que no son reconocidos, ni señalados como buenas prácticas por la CIDH.

Se destaca también que México cuenta con una sociedad civil demandante, que participa activamente en el diseño e implementación de políticas y estrategias de derechos humanos y con la que se mantiene un diálogo constante, mismo que ha servido para la construcción de políticas públicas y en el diseño de instrumentos legales. * El Gobierno toma nota de las recomendaciones de la CIDH “Independientemente de todo lo anterior”, el Gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda.

Aunque “si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”.

Martha Elva González / El Sol de México

Ciudad de México.- El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado ayer, “no refleja la situación general del país”, parte de premisas y diagnósticos erróneos, no tiene un sustento sólido, “no contrasta la información con sus fuentes” y desde el análisis inicial, tiene un sesgo que no aporta “conclusiones sólidas y fidedignas”, por lo tanto no tiene fundamento alguno, responde el Gobierno mexicano.

En comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), aseguran que “de hecho”, el Gobierno mexicano en repetidas ocasiones “solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones” y “desafortunadamente, el informe publicado no ofrece mayor fundamento, ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión”.

Sostiene que, además, “ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México” y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH, en su visita a México en 1997.

Las tres dependencias coinciden en que “si bien en el informe da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Dicen que tanto en la reciente visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que “en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos” y que las observaciones preliminares de la CIDH -que ayer se retomaron en el informe- se construyeron a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.

Tras asegurar que “ha sido una prioridad del Gobierno de la República atender las solicitudes de información y audiencia de la CIDH, y que “está comprometido con la vigencia del Estado de Derecho y los propios derechos humanos”, precisa que “las visitas que realiza la Comisión son muestra de la mayor apertura y cooperación por parte del Estado mexicano”.

El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado mexicano de manera directa, en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial.

“Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones, éstas no incidieron en su análisis final, ni en su metodología, ni en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”. Las observaciones del Gobierno mexicano a la CIDH

El 15 de diciembre de 2015, el Estado mexicano formuló a la CIDH una serie de observaciones donde destaca que “la metodología utilizada para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de solo seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”.

También le dijo que “ese sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su propio reglamento” y que habrían sido indispensables para que ésta “pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”.

En aquella ocasión, se le dijo a la CIDH, que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país, generada por la delincuencia, para garantizar la seguridad, para proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.

Por ello, “se esperaba que la visita de la CIDH, contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México, con la emisión de sus conclusiones y recomendaciones, las que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.

El informe no valora que para el Gobierno de la República, “siempre ha sido una prioridad atender las solicitudes de información de parte de la CIDH, además, las numerosas audiencias públicas en que ha participado, en el marco del sistema interamericano de derechos humanos y las visitas de los comisionados a México en septiembre pasado, son muestra de la apertura y cooperación internacional, que privilegia nuestro país y que, una vez más, el informe no recoge. Los avances que la CIDH desestimó

El comunicado de la Segob, SRE y PGR menciona que, “hay avances que el informe de la CIDH desestimó o recogió solo parcialmente”, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita.

Por ejemplo, que “el Ejecutivo federal, con el objeto de prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, presentó ante el Congreso las iniciativas de Ley en estos rubros, que resultaron de un amplio proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil y otros actores internacionales.

Señaló a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja y que la PGR publicó dos protocolos para la investigación de estos delitos y creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas.

Precisan que, entre otras acciones que forman parte de los ejes prioritarios del Gobierno, “está la protección a los derechos de las víctimas, por ello se publicó la ley general en la materia, que prevé la instalación de un sistema nacional de atención y la creación de un fondo de ayuda y de reparación integral.

Que durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Segob y del Fondo para la implementación de estas medidas, donde a la fecha, 489 personas y 11 organizaciones, han sido incorporadas al mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo.

Por otro lado, nuestro país ha avanzado en legislar desde una perspectiva de derechos humanos, como el de las personas migrantes y refugiados y se cuenta con legislación sin precedentes en México y en el mundo, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además atendió a recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF.

“Todas estas acciones están enmarcadas en un marco jurídico sólido, que obliga al respeto de los derechos humanos, en todo el quehacer gubernamental”.

En adición a todo lo anterior, el informe de la CIDH no refleja que México es un Gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales.

“Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el Coneval, esfuerzos que no son reconocidos, ni señalados como buenas prácticas por la CIDH.

Se destaca también que México cuenta con una sociedad civil demandante, que participa activamente en el diseño e implementación de políticas y estrategias de derechos humanos y con la que se mantiene un diálogo constante, mismo que ha servido para la construcción de políticas públicas y en el diseño de instrumentos legales. * El Gobierno toma nota de las recomendaciones de la CIDH “Independientemente de todo lo anterior”, el Gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda.

Aunque “si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”.