/ jueves 2 de marzo de 2017

Viejas prácticas contaminan al nuevo Sistema de Justicia Penal

Primera de dos partes

Los pecados del antiguo sistema penal inquisitivo hoy contaminan el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en toda la República.

Añeja corrupción, prácticas deficientes, insuficiencia de recursos, saturación del sistema de justicia penal, agotamiento en las habilidades de investigación, tardanza en el desahogo de asuntos, escaso uso de las herramientas de análisis e investigación, abuso de autoridad, extorsiones, omisión del ejercicio de diligencias necesarias, indebidas prácticas de cateos, e ilegal retención de personas, aquejan al aparato de justicia mexicano e, inevitablemente, cruzaron de un sistema al otro.

De ahí que la serie de verdades sobre la impartición de justicia en México fueran expuestas por la propia Procuraduría General de la República en un diagnóstico institucional que realizó, denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, no obstante que, ante tales problemas, entre septiembre 2015 a junio de 2016 fueron removidos 135 servidores públicos. Pero no es suficiente.

También puedes leer: 

El propio procurador Raúl Cervantes lo entregó al Senado de la República, vía su presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, con la finalidad de que los integrantes de la misma, así como los demás legisladores lo conozcan y actúen en consecuencia. Urge una reforma.

Es necesaria, porque la problemática que envuelve al recién estrenado Sistema Adversarial, viene de muy lejos y tiene como lastre múltiples décadas de prácticas cuestionables e ilegales.

Sin ambages fueron planteadas, en primera instancia, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Se trata de las normas internas, procesos, organización, capital humano, información y tecnologías integradas para la consecución de objetivos, las que el procurador, basado en el estudio ha denominado la “arquitectura institucional” que debe ser transformada en México.

No lo dijo, pero la edificación realizada a principios del siglo pasado, hoy padece las consecuencias de más de cien años de uso y escaso mantenimiento, o como dijera el documento:

“¡…no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversaria!, como lo mandatan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

“Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”.

Ante tal realidad urge un nuevo diseño y construcción institucional, “…acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y fiscalías de los dos órdenes de Gobierno; ya que, así como es único el sistema de procuración de justicia que prevé la Constitución para toda la República, también lo son los fines del proceso penal para todas las autoridades en la materia: lograr el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y de las víctimas, el castigo del responsable, la reparación del daño y arribar a soluciones pacíficas de los conflictos sociales”.

LA CONTAMINANTE Y ETERNA CORRUPCIÓN

El reto para elaborar una arquitectura del siglo XXI es mayúsculo. Solo hay que revisar el documento para darse cuenta de lo que sucede. Por ejemplo, en materia de corrupción:

“La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, que es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del personal sustantivo, entre septiembre 2015 a junio de 2016, recibió 3 mil 165 quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades. En ese mismo periodo, la Visitaduría practicó 41 visitas a delegaciones y áreas centrales a la institución. A partir de ello, se emitieron 405 vistas de las cuales 311 fueron de carácter administrativo y 94 penales. Además, se iniciaron 459 averiguaciones previas, se determinaron 835; se libraron 97 órdenes de aprehensión y se cumplimentaron 66, y se concluyeron 104 procedimientos, de los cuales 74 se resolvieron con la remoción de 135 servidores públicos.

Más información: 

“Cabe señalar que entre las conductas con mayor ocurrencia que derivaron en la emisión de vistas, se encuentran:

* Tiempos prolongados sin actuar.

* Abuso de autoridad.

* Omitir la práctica de diligencias necesarias; Indebida práctica de cateo, e

* Indebida retención”.

Añade que entre las conductas con mayor frecuencia por las que se iniciaron y se concluyeron los expedientes de investigación se encuentran, los mismos antes señalados, con el añadido de:

* Extorsión.

* Indebida integración de la averiguación previa, e

* Indebida retención.

En este contexto, explican, es posible suponer que la corrupción y las malas prácticas al interior de la institución derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional retratadas a lo largo de este diagnóstico, así como del estado que guarda el diseño del Servicio Profesional de Carrera del personal sustantivo, que pocas veces se traduce en una mejora real en las percepciones recibidas, así como en su desarrollo profesional.

El escalafón de ingresos y rangos, añaden, retrata que, en el caso de los agentes de Policía Federal Ministerial, el incremento en sus grados no se traduce en una mejora significativa en sus percepciones económicas, en proporción con el número de años en el empleo y el incremento en el costo de vida.

En lo que concierne al personal pericial, no existe escalafón de ascensos, por lo que, a lo largo de su trayectoria laboral en la institución, un perito siempre percibirá lo mismo.

LOS DESAFÍOS QUE SE ENFRENTAN

Tras el trabajo, fueron identificados dos desafíos principales necesarios de alcanzar y que en la actualidad aún no se han logrado a plenitud, toda vez que la edificación institucional de la Procuraduría General de la República sigue obedeciendo a la lógica del sistema penal inquisitivo.

Los mencionan:

1. El fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación.

2. El mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrecen las normas nacionales procesales de orden penal para alcanzar su fin último, que no es otro que el de lograr la paz social.

La conclusión anterior, es soportada por datos:

En cuanto al incremento de carpetas de investigación, tan solo en diciembre de 2016 ingresaron 6 mil 549 nuevas, lo que representa un aumento del 10.39 por ciento del total de asuntos que hasta noviembre de ese año conocía la institución.

Otro problema es el insuficiente uso de las herramientas provistas por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para alcanzar sus fines. “Así se advierte de la información analizada, toda vez que, del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 63 mil 059 carpetas de investigación, de las cuales 21 mil 728 (34.46 por ciento) se han determinado en los siguientes sentidos:

• En 9 mil 857 casos se determinó el archivo temporal (15.63 por ciento).

• En 114 casos se ejerció la facultad de abstenerse de investigar (0.18 por ciento).

• En 8 mil 380 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (13.29 por ciento).

• En 151 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal por derivación a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (0.24 por ciento).

• En  mil 677 casos se determinó la suspensión condicional del procedimiento (2.66 por ciento).

• En mil 449 casos se llegó a un procedimiento abreviado (2.30 por ciento).

• 60 casos fueron llevados a juicio oral (0.10 por ciento), y

• En 40 ocasiones se aplicaron criterios de oportunidad (0.06 por ciento)

“Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación que se encuentran pendientes de determinación están siendo atendidas actualmente por las Unidades de Atención Inmediata y las Unidades de Investigación y Litigación. “Esto supone que el 65.54 por ciento de los asuntos que ha conocido esta Procuraduría en los últimos dos años se encuentra sin decisión alguna. Ahora bien, de las 63 mil 059 carpetas de investigación, 12 mil 205 (19.35 por ciento) fueron iniciadas con detenido y 50 mil 854 (80.65 por ciento) sin detenido”, precisan.

“Es importante mencionar que, de las 12 mil 205 carpetas de investigación iniciadas con detenido, 3 mil 186 han sido determinadas en sede Judicial, quedando pendientes 9 mil 019.

“Por su parte, de las 50 mil 854 carpetas iniciadas sin detenido, 33 mil 333 se encuentran pendientes de determinación.

“De los datos anteriores, se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aún en aquellos casos iniciados con detenido”, explican.

Análisis: De Justicia y Otros Mitos

Dicen además que es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición por parte del primer respondiente ante el Ministerio Público de la Federación.

De igual forma, las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido, precisan.

Y recuerdan:

“Esas deficiencias en el desarrollo de las habilidades de investigación resultan características en el sistema de justicia penal inquisitivo, donde la mayor parte de los asuntos que concluían con una sentencia, eran aquellos que iniciaban con detenido, sea en flagrancia o en flagrancia equiparada, donde quedaban generalmente pendientes de una decisión, los asuntos que iniciaban sin w detenido”.

Y algo más…

La saturación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por debilidad en las habilidades de investigación sigue siendo una característica del sistema penal inquisitivo, inclusive a la fecha, aún existen 74 mil 310 averiguaciones previas pendientes de atenderse de conformidad con el sistema tradicional.

(Continuará)

Primera de dos partes

Los pecados del antiguo sistema penal inquisitivo hoy contaminan el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en toda la República.

Añeja corrupción, prácticas deficientes, insuficiencia de recursos, saturación del sistema de justicia penal, agotamiento en las habilidades de investigación, tardanza en el desahogo de asuntos, escaso uso de las herramientas de análisis e investigación, abuso de autoridad, extorsiones, omisión del ejercicio de diligencias necesarias, indebidas prácticas de cateos, e ilegal retención de personas, aquejan al aparato de justicia mexicano e, inevitablemente, cruzaron de un sistema al otro.

De ahí que la serie de verdades sobre la impartición de justicia en México fueran expuestas por la propia Procuraduría General de la República en un diagnóstico institucional que realizó, denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de trabajo”, no obstante que, ante tales problemas, entre septiembre 2015 a junio de 2016 fueron removidos 135 servidores públicos. Pero no es suficiente.

También puedes leer: 

El propio procurador Raúl Cervantes lo entregó al Senado de la República, vía su presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, con la finalidad de que los integrantes de la misma, así como los demás legisladores lo conozcan y actúen en consecuencia. Urge una reforma.

Es necesaria, porque la problemática que envuelve al recién estrenado Sistema Adversarial, viene de muy lejos y tiene como lastre múltiples décadas de prácticas cuestionables e ilegales.

Sin ambages fueron planteadas, en primera instancia, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Se trata de las normas internas, procesos, organización, capital humano, información y tecnologías integradas para la consecución de objetivos, las que el procurador, basado en el estudio ha denominado la “arquitectura institucional” que debe ser transformada en México.

No lo dijo, pero la edificación realizada a principios del siglo pasado, hoy padece las consecuencias de más de cien años de uso y escaso mantenimiento, o como dijera el documento:

“¡…no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el Sistema de Justicia Penal Adversaria!, como lo mandatan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

“Tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”.

Ante tal realidad urge un nuevo diseño y construcción institucional, “…acorde al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que lo haga operable y que sea capaz de replicarse en las 33 procuradurías y fiscalías de los dos órdenes de Gobierno; ya que, así como es único el sistema de procuración de justicia que prevé la Constitución para toda la República, también lo son los fines del proceso penal para todas las autoridades en la materia: lograr el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente y de las víctimas, el castigo del responsable, la reparación del daño y arribar a soluciones pacíficas de los conflictos sociales”.

LA CONTAMINANTE Y ETERNA CORRUPCIÓN

El reto para elaborar una arquitectura del siglo XXI es mayúsculo. Solo hay que revisar el documento para darse cuenta de lo que sucede. Por ejemplo, en materia de corrupción:

“La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, que es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control del personal sustantivo, entre septiembre 2015 a junio de 2016, recibió 3 mil 165 quejas y denuncias sobre presuntas irregularidades. En ese mismo periodo, la Visitaduría practicó 41 visitas a delegaciones y áreas centrales a la institución. A partir de ello, se emitieron 405 vistas de las cuales 311 fueron de carácter administrativo y 94 penales. Además, se iniciaron 459 averiguaciones previas, se determinaron 835; se libraron 97 órdenes de aprehensión y se cumplimentaron 66, y se concluyeron 104 procedimientos, de los cuales 74 se resolvieron con la remoción de 135 servidores públicos.

Más información: 

“Cabe señalar que entre las conductas con mayor ocurrencia que derivaron en la emisión de vistas, se encuentran:

* Tiempos prolongados sin actuar.

* Abuso de autoridad.

* Omitir la práctica de diligencias necesarias; Indebida práctica de cateo, e

* Indebida retención”.

Añade que entre las conductas con mayor frecuencia por las que se iniciaron y se concluyeron los expedientes de investigación se encuentran, los mismos antes señalados, con el añadido de:

* Extorsión.

* Indebida integración de la averiguación previa, e

* Indebida retención.

En este contexto, explican, es posible suponer que la corrupción y las malas prácticas al interior de la institución derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional retratadas a lo largo de este diagnóstico, así como del estado que guarda el diseño del Servicio Profesional de Carrera del personal sustantivo, que pocas veces se traduce en una mejora real en las percepciones recibidas, así como en su desarrollo profesional.

El escalafón de ingresos y rangos, añaden, retrata que, en el caso de los agentes de Policía Federal Ministerial, el incremento en sus grados no se traduce en una mejora significativa en sus percepciones económicas, en proporción con el número de años en el empleo y el incremento en el costo de vida.

En lo que concierne al personal pericial, no existe escalafón de ascensos, por lo que, a lo largo de su trayectoria laboral en la institución, un perito siempre percibirá lo mismo.

LOS DESAFÍOS QUE SE ENFRENTAN

Tras el trabajo, fueron identificados dos desafíos principales necesarios de alcanzar y que en la actualidad aún no se han logrado a plenitud, toda vez que la edificación institucional de la Procuraduría General de la República sigue obedeciendo a la lógica del sistema penal inquisitivo.

Los mencionan:

1. El fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación.

2. El mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas que ofrecen las normas nacionales procesales de orden penal para alcanzar su fin último, que no es otro que el de lograr la paz social.

La conclusión anterior, es soportada por datos:

En cuanto al incremento de carpetas de investigación, tan solo en diciembre de 2016 ingresaron 6 mil 549 nuevas, lo que representa un aumento del 10.39 por ciento del total de asuntos que hasta noviembre de ese año conocía la institución.

Otro problema es el insuficiente uso de las herramientas provistas por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para alcanzar sus fines. “Así se advierte de la información analizada, toda vez que, del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 63 mil 059 carpetas de investigación, de las cuales 21 mil 728 (34.46 por ciento) se han determinado en los siguientes sentidos:

• En 9 mil 857 casos se determinó el archivo temporal (15.63 por ciento).

• En 114 casos se ejerció la facultad de abstenerse de investigar (0.18 por ciento).

• En 8 mil 380 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (13.29 por ciento).

• En 151 casos se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal por derivación a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (0.24 por ciento).

• En  mil 677 casos se determinó la suspensión condicional del procedimiento (2.66 por ciento).

• En mil 449 casos se llegó a un procedimiento abreviado (2.30 por ciento).

• 60 casos fueron llevados a juicio oral (0.10 por ciento), y

• En 40 ocasiones se aplicaron criterios de oportunidad (0.06 por ciento)

“Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación que se encuentran pendientes de determinación están siendo atendidas actualmente por las Unidades de Atención Inmediata y las Unidades de Investigación y Litigación. “Esto supone que el 65.54 por ciento de los asuntos que ha conocido esta Procuraduría en los últimos dos años se encuentra sin decisión alguna. Ahora bien, de las 63 mil 059 carpetas de investigación, 12 mil 205 (19.35 por ciento) fueron iniciadas con detenido y 50 mil 854 (80.65 por ciento) sin detenido”, precisan.

“Es importante mencionar que, de las 12 mil 205 carpetas de investigación iniciadas con detenido, 3 mil 186 han sido determinadas en sede Judicial, quedando pendientes 9 mil 019.

“Por su parte, de las 50 mil 854 carpetas iniciadas sin detenido, 33 mil 333 se encuentran pendientes de determinación.

“De los datos anteriores, se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aún en aquellos casos iniciados con detenido”, explican.

Análisis: De Justicia y Otros Mitos

Dicen además que es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición por parte del primer respondiente ante el Ministerio Público de la Federación.

De igual forma, las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido, precisan.

Y recuerdan:

“Esas deficiencias en el desarrollo de las habilidades de investigación resultan características en el sistema de justicia penal inquisitivo, donde la mayor parte de los asuntos que concluían con una sentencia, eran aquellos que iniciaban con detenido, sea en flagrancia o en flagrancia equiparada, donde quedaban generalmente pendientes de una decisión, los asuntos que iniciaban sin w detenido”.

Y algo más…

La saturación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por debilidad en las habilidades de investigación sigue siendo una característica del sistema penal inquisitivo, inclusive a la fecha, aún existen 74 mil 310 averiguaciones previas pendientes de atenderse de conformidad con el sistema tradicional.

(Continuará)