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Después de 23 años, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que el próximo 2 de septiembre se llevará a cabo la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa para reparar el daño a las víctimas de la masacre de Acteal e iniciar la reconstrucción del tejido social.
Se dio cuenta que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y el vocero de un grupo de víctimas de la masacre de Acteal, Patrocinio Hernández Gómez, acordaron firmar el Acuerdo de Solución Amistosa derivado del informe de admisibilidad dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de instrumentar acciones de reparación estos dos lamentables hechos.
En un encuentro privado y con la participación del secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos; del titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón; y del representante peticionario de las víctimas ante la CIDH, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, se acordó que el próximo 3 de septiembre se firmará el acuerdo.
En este sentido, en esa fecha se celebrará un acto de reconocimiento del Estado mexicano por los hechos que dieron lugar a la muerte de 45 indígenas tzotziles (incluyendo cuatro mujeres embarazadas, así como dieciocho niños y niñas) ejecutados por civiles armados el 22 de diciembre de 1997, en un campamento de desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
“El Estado mexicano y el grupo de víctimas coincidieron en que este acuerdo contribuirá para que juntos se avance en la reconstrucción del tejido social en Acteal y las comunidades indígenas aledañas”, señaló la Secretaría de Gobernación.
La Matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997.
En estas acciones, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización "Las Abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad.
Por este hecho, fueron asesinados 45 indígenas, donde el gobierno mexicano de ese entonces consideró que la masacre era un conflicto étnico entre comunidades, los opositores.
Defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal.
Cabe destacar que este ataque fue oficialmente castigado, pero la comunidad sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune.
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