La organización Artículo 19 señaló que, como parte de la distorsión, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre a la desinformación para atacar la labor en defensa de derechos humanos que realizan organizaciones, lo que se ha constituido en un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa.
“El discurso de estigmatización y criminalización que se promueve desde el Ejecutivo y se replica en todos los niveles de gobierno constituye un mecanismo distractor ante la incapacidad de responder a la violencia contra la prensa y resolver la crisis de derechos humanos. Además, ignora sus efectos en la vida de las víctimas, en la sociedad y contribuye a la desconfianza de las instituciones”, señaló la organización mediante un comunicado.
El posicionamiento ocurre luego de que el presidente anunció que envió una nota diplomática a Estados Unidos por financiar a las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Artículo 19, en la que pidió “considere suspender el apoyo financiero” que reciben ambas ONG, a quienes señaló por ser “opositoras y golpistas”.
Por ello, al considerar que el presidente “guarda silencio por la espiral ascendente de violencia contra la prensa”, Artículo 19 subrayó que en 2020 documentó 692 agresiones contra la prensa, un incremento del 13.6 por ciento respecto al año anterior, de las que un 49.5 por ciento fueron cometidas por agentes del Estado, y especificó que desde el inicio de su gobierno 18 periodistas han sido asesinados en posible vínculo con su trabajo.
“Preocupa que el presidente no actúe para frenar el incremento de la violencia en México, ni condene públicamente el hecho de que cada 13 horas se registra una agresión contra periodistas. En su lugar, estigmatiza el trabajo de organizaciones no gubernamentales que, frente a una clara inacción del Estado, documentan, denuncian y acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos”, señaló.
Respecto a la intención del presidente de intervenir para que se restrinjan financiamientos de la cooperación internacional a las organizaciones, Articulo 19 señaló que estas fuentes de financiamiento son diversas, mismas que se sujetan a estrictas reglas de operación, transparencia y auditoría y van enfocadas a actividades específicas cuyos impactos están a la vista de todas las personas.
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“El trabajo de defensa de los derechos humanos es una causa legítima y esencial para sociedades democráticas. La criminalización y estigmatización son por el contrario, mecanismos autoritarios que distorsionan para silenciar a quienes denuncian violencia e injusticia”, señaló.
Finalmente, al reiterar su compromiso por defender la libertad de expresión y el derecho a la información “como lo hemos hecho ante sucesivos gobiernos”, especificó que en 15 años de trabajo han documentado cuatro mil 926 agresiones contra la prensa y han participado en la construcción de la Ley General de Transparencia, en el fortalecimiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y en procesos colectivos para defender el derecho a la protesta, entre otras.
