/ viernes 13 de enero de 2017

Analiza INE reducción de recursos a partidos

  • Ante molestia por el alza de combustibles

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) respaldaron la exigencia de reducir el financiamiento público de los partidos políticos, ante la molestia por el alza en el precio de los combustibles.

Y para ello se pronunciaron por una revisión en el gasto de los partidos políticos, ya que advirtieron que en una democracia todo puede ser revisado, por lo que en una situación de apremio a las finanzas públicas el financiamiento público es necesario.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sostuvo que la fórmula establecida en la ley mediante la cual se calcula el gasto de los partidos sí puede ser revisada para que éstos obtengan menos recursos sin comprometer su operación.

En entrevista, expuso que, a raíz de la reforma política de 2014, la ley general de partidos políticos homologó en los 32 estados la fórmula con la que el INE calcula los recursos que les entrega de presupuesto federal, que este año ascenderá a 4 mil 059 millones de pesos.

Explicó que la replicación de la fórmula a nivel local representó, al menos en 2015, un gasto público adicional de casi mil 400 millones de pesos con cargo al erario de las entidades federativas.

“Lo que puede seguir es una revisión (del gasto de los partidos), yo creo que en una democracia todo puede ser revisado, y en una situación de apremio a las finanzas públicas también, yo creo que el financiamiento público es necesario, pero esa fórmula está escrita en la ley, no está escrita sobre piedra”, consideró.

El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas, propuso que un nuevo esquema de financiamiento podría tomar como base el número de votos efectivos que haya obtenido cada partido en la última elección a la que haya concurrido, y no el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, como ocurre actualmente.

“Del número total de los empadronados, los porcentajes más altos de votación que se registran en una campaña presidencial oscilan entre el 60 y el 63 por ciento; hay cerca del 38 por ciento de ciudadanos que, estando en la lista nominal, no acuden a las urnas, y creo que eso, de entrada, ya significaría una reducción del financiamiento que tienen los partidos.

“Me parece que es viable, y creo que, en un contexto en el cual las finanzas públicas están comprometidas y que todas las instituciones están haciendo un esfuerzo por que se mejore la situación económica del país, los partidos políticos deberían de tener un gesto con el país y propiciar un esquema regulatorio que modifique y haga más objetivo el cálculo del financiamiento público”, planteó.

El consejero José Roberto Ruíz Saldaña, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, abogó de plano por que los partidos dejen de recibir gasto con cargo al erario de las 32 entidades federativas.

“Se debe considerar la posibilidad de que los partidos políticos nacionales no recibiesen recursos estatales; es un financiamiento doble, es decir, estatal y nacional, y deberían de subsistir a nivel local con los recursos que les envíen sus órganos centrales”.

  • Ante molestia por el alza de combustibles

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) respaldaron la exigencia de reducir el financiamiento público de los partidos políticos, ante la molestia por el alza en el precio de los combustibles.

Y para ello se pronunciaron por una revisión en el gasto de los partidos políticos, ya que advirtieron que en una democracia todo puede ser revisado, por lo que en una situación de apremio a las finanzas públicas el financiamiento público es necesario.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sostuvo que la fórmula establecida en la ley mediante la cual se calcula el gasto de los partidos sí puede ser revisada para que éstos obtengan menos recursos sin comprometer su operación.

En entrevista, expuso que, a raíz de la reforma política de 2014, la ley general de partidos políticos homologó en los 32 estados la fórmula con la que el INE calcula los recursos que les entrega de presupuesto federal, que este año ascenderá a 4 mil 059 millones de pesos.

Explicó que la replicación de la fórmula a nivel local representó, al menos en 2015, un gasto público adicional de casi mil 400 millones de pesos con cargo al erario de las entidades federativas.

“Lo que puede seguir es una revisión (del gasto de los partidos), yo creo que en una democracia todo puede ser revisado, y en una situación de apremio a las finanzas públicas también, yo creo que el financiamiento público es necesario, pero esa fórmula está escrita en la ley, no está escrita sobre piedra”, consideró.

El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas, propuso que un nuevo esquema de financiamiento podría tomar como base el número de votos efectivos que haya obtenido cada partido en la última elección a la que haya concurrido, y no el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, como ocurre actualmente.

“Del número total de los empadronados, los porcentajes más altos de votación que se registran en una campaña presidencial oscilan entre el 60 y el 63 por ciento; hay cerca del 38 por ciento de ciudadanos que, estando en la lista nominal, no acuden a las urnas, y creo que eso, de entrada, ya significaría una reducción del financiamiento que tienen los partidos.

“Me parece que es viable, y creo que, en un contexto en el cual las finanzas públicas están comprometidas y que todas las instituciones están haciendo un esfuerzo por que se mejore la situación económica del país, los partidos políticos deberían de tener un gesto con el país y propiciar un esquema regulatorio que modifique y haga más objetivo el cálculo del financiamiento público”, planteó.

El consejero José Roberto Ruíz Saldaña, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, abogó de plano por que los partidos dejen de recibir gasto con cargo al erario de las 32 entidades federativas.

“Se debe considerar la posibilidad de que los partidos políticos nacionales no recibiesen recursos estatales; es un financiamiento doble, es decir, estatal y nacional, y deberían de subsistir a nivel local con los recursos que les envíen sus órganos centrales”.