Organizaciones ciudadanas y especialistas en derecho pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede congelar las cuentas de personas o empresas que estén bajo sospecha de cometer delitos financieros, como lavado de dinero, sin que haya una sentencia de por medio.
En el último año, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal realizaron 648 mil 284 análisis de cuentas bancarias por presumirse que pudieran ser utilizadas para algún tipo de delito. Estas cuentas involucraron a 324 personas o empresas.
De las 648 mil 284 revisiones, en 180 diagnósticos se dio vista a la autoridad ministerial para la detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En este contexto, los ministros de la Corte estudian un proyecto de resolución de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone declarar inconstitucional la práctica de bloquear cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero designados en las “listas negras” que emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Ante ello, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostuvo que esta medida por parte de autoridades hacendarias es “excesiva en mucho de los casos”. Y pidió la participación de otras autoridades.
De septiembre del 2016 a la fecha, la autoridad hacendaria ha recibido de bancos y del sector no financiero 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados, de este universo encontró 105 casos con probables irregularidades por lo que interpuso una denuncia ante la PGR en contra de 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
INCLUYE HACIENDA A 632 PERSONAS
La Secretaría de Hacienda reporta bloqueo de saldos por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares. El presidente de México Unido Contra la Delincuencia, Francisco Torres Landa, opinó que esta legislación ha tenido muchos problemas, porque se ha determinado que hay posibles abusos en que, con una simple inferencia de que “probablemente haya un tema de lavado de dinero” se da el congelamiento de activos.
Consideró que México ha cedido ante la presión de otras jurisdicciones, particularmente de Estados Unidos.
“No hay que olvidar que una serie de estándares en materia de derechos humanos, consagrados en la Carta Magna, pero (…) tendría que demostrarse que tuvo esa responsabilidad y no hacerla mediante una simple inferencia de que algo estuvo mal”.
Por ello, sostuvo que los ministros deben declarar inconstitucional el artículo 115 y mandar el mensaje de que no se puede manejar un criterio arbitrario respecto a si alguien incurrió o no en una cierta falta.
VIOLAN SUS DERECHOS HUMANOS
El abogado Juan Rivero Legarreta afirmó que se da una violación a derechos humanos, porque se está afectando el patrimonio; no pueden congelar una cuenta solo porque eres presunto responsable de un delito”.
El litigante que llevó los casos del exlíder minero, Napoleón Gómez Urrutia (a quien también Hacienda le congeló sus cuentas ) y alcaldes en el llamado “Michoacanazo”, refirió que se debe echar para atrás la ley de Instituciones de Crédito “porque ni la PGR ni Hacienda pueden congelarte cuentas con una presunción, si yo autoridad presumo que tú eres responsable, tienen que especificar el delito, si se trata de de aduanal, fiscal, moral, etcétera, el delito tiene que ser perfectamente probado, es decir, modo tiempo y circunstancia”.
