/ viernes 7 de abril de 2017

De enero de 2007 a septiembre de 2016, 855 fosas clandestinas y mil 548 exhumaciones

El primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez, informó que de enero de 2007 a Septiembre de 2016, las procuradurías General de Justicia (PGJ) estatales localizaron 855 fosas clandestinas, exhumando mil 548 cadáveres, de los cuales 796 han sido identificados. Durante la presentación del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, se especificó que de acuerdo al Registro Nacional del Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en los últimos 10 años, desaparecieron 29 mil 903 personas, de las cuales 82.71 por ciento se concentró en 11 Estados.

En la presentación del informe, el visitador advirtió que la diversidad de cifras proporcionadas por los órganos de procuración de justicia locales, evidencia la necesidad de sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desaparecidas.

Eslava Pérez explicó que en la consulta de al menos 100 investigaciones ministeriales, como muestra representativa, se detectó irregularidades en las investigaciones al no realizarse indagatorias prontas, exhaustivas e imparciales

En este contexto, advierte que en respuesta, 25 instancias de procuración de justicia remitieron la información correspondiente, que en su totalidad suman 24 mil 928 víctimas, señalando que la mayoría de los órganos de procuración de justicia no explicaron los motivos de la disminución de casos. “No se omite mencionar que, de manera paralela, esta Comisión Nacional ha venido realizando una revisión paulatina y aleatoria -aún no concluida- a la información relacionada con los 57 mil 861 registros de personas desaparecidas inicialmente proporcionada, obteniendo como resultado a diciembre de 2016 una base de datos de 32 mil 236 casos de personas desaparecidas en el país, de las cuales se tendrá que determinar cuántas han sido localizadas”.

El visitado acotó que en relación a la solicitud del número de personas localizadas, en agosto de 2015, dichas instancias informaron que en el periodo 2005-agosto 2015 fueron reportadas en conjunto por 23 procuradurías y/o fiscalías locales un total de 48 mil 827 personas localizadas, aunque la mayoría omitió señalar, entre otros aspectos, nombre de las personas localizadas, nombre y número telefónico de sus familiares, para establecer comunicación con ellos y conocer detalles de la localización de las víctimas.

Por ello -dice- no se excluye que algunas de las 48 mil 827 personas localizadas formen parte de los 57 mil 861 registros de personas desaparecidas, así como de los 32 mil 236 casos revisados por esta Comisión Nacional. De esta manera, las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016 suman 29 mil 903 de las cuales 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal.

De acuerdo con dicho registro, en los últimos 10 años ha aumentado el número de personas desaparecidas, ya que en 2007 hubo 662 casos; en 2008, 822; 2009, mil 401; 2010, 3 mil 227; 2011, 4 mil 094; 2012, 3 mil 343; 2013, 3 mil 878; 2014, 4 mil 196; 2015, 3 mil 768, y hasta octubre de 2016, 3 mil 805 casos.

En tanto que el 82.71 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas del fuero común que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en 11 estados del país: Tamaulipas 19.22 por ciento, 5 mil 563 casos; México, 10.31 por ciento, 2 mil 984; Jalisco, 8.71 por ciento, 2 mil 523; Sinaloa 8.24 por ciento, 2 mil 385; Nuevo León 8.20 por ciento, 2 mil 374; Chihuahua 6.68 por ciento, mil 933; Coahuila, 5.59 por ciento, mil 620; Sonora 4.45 por ciento, mil 288; Guerrero, 3.99 por ciento, mil 155; Puebla 3.73 por ciento, mil 080 y Michoacán 3.55 por ciento, mil 029 casos.

Para la CNDH resulta preocupante la falta de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y localización de las víctimas por el Ministerio Público, lo que patentiza la necesidad de que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, investigar las conductas delictivas, ubicar su paradero, identificar a los responsables y lograr que se les sancione, así como proporcionar a sus familiares un trato digno, sensible y respetuoso.

El primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez, informó que de enero de 2007 a Septiembre de 2016, las procuradurías General de Justicia (PGJ) estatales localizaron 855 fosas clandestinas, exhumando mil 548 cadáveres, de los cuales 796 han sido identificados. Durante la presentación del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, se especificó que de acuerdo al Registro Nacional del Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en los últimos 10 años, desaparecieron 29 mil 903 personas, de las cuales 82.71 por ciento se concentró en 11 Estados.

En la presentación del informe, el visitador advirtió que la diversidad de cifras proporcionadas por los órganos de procuración de justicia locales, evidencia la necesidad de sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desaparecidas.

Eslava Pérez explicó que en la consulta de al menos 100 investigaciones ministeriales, como muestra representativa, se detectó irregularidades en las investigaciones al no realizarse indagatorias prontas, exhaustivas e imparciales

En este contexto, advierte que en respuesta, 25 instancias de procuración de justicia remitieron la información correspondiente, que en su totalidad suman 24 mil 928 víctimas, señalando que la mayoría de los órganos de procuración de justicia no explicaron los motivos de la disminución de casos. “No se omite mencionar que, de manera paralela, esta Comisión Nacional ha venido realizando una revisión paulatina y aleatoria -aún no concluida- a la información relacionada con los 57 mil 861 registros de personas desaparecidas inicialmente proporcionada, obteniendo como resultado a diciembre de 2016 una base de datos de 32 mil 236 casos de personas desaparecidas en el país, de las cuales se tendrá que determinar cuántas han sido localizadas”.

El visitado acotó que en relación a la solicitud del número de personas localizadas, en agosto de 2015, dichas instancias informaron que en el periodo 2005-agosto 2015 fueron reportadas en conjunto por 23 procuradurías y/o fiscalías locales un total de 48 mil 827 personas localizadas, aunque la mayoría omitió señalar, entre otros aspectos, nombre de las personas localizadas, nombre y número telefónico de sus familiares, para establecer comunicación con ellos y conocer detalles de la localización de las víctimas.

Por ello -dice- no se excluye que algunas de las 48 mil 827 personas localizadas formen parte de los 57 mil 861 registros de personas desaparecidas, así como de los 32 mil 236 casos revisados por esta Comisión Nacional. De esta manera, las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016 suman 29 mil 903 de las cuales 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal.

De acuerdo con dicho registro, en los últimos 10 años ha aumentado el número de personas desaparecidas, ya que en 2007 hubo 662 casos; en 2008, 822; 2009, mil 401; 2010, 3 mil 227; 2011, 4 mil 094; 2012, 3 mil 343; 2013, 3 mil 878; 2014, 4 mil 196; 2015, 3 mil 768, y hasta octubre de 2016, 3 mil 805 casos.

En tanto que el 82.71 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas del fuero común que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en 11 estados del país: Tamaulipas 19.22 por ciento, 5 mil 563 casos; México, 10.31 por ciento, 2 mil 984; Jalisco, 8.71 por ciento, 2 mil 523; Sinaloa 8.24 por ciento, 2 mil 385; Nuevo León 8.20 por ciento, 2 mil 374; Chihuahua 6.68 por ciento, mil 933; Coahuila, 5.59 por ciento, mil 620; Sonora 4.45 por ciento, mil 288; Guerrero, 3.99 por ciento, mil 155; Puebla 3.73 por ciento, mil 080 y Michoacán 3.55 por ciento, mil 029 casos.

Para la CNDH resulta preocupante la falta de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y localización de las víctimas por el Ministerio Público, lo que patentiza la necesidad de que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, investigar las conductas delictivas, ubicar su paradero, identificar a los responsables y lograr que se les sancione, así como proporcionar a sus familiares un trato digno, sensible y respetuoso.