Por Alejandro Suárez
Desde sucreación, la Fiscalía Especializada para la Atención de DelitosElectorales (Fepade) en 1994 ha integrado dos mil 686 correspondena actos de corrupción electoral, sin embargo, de éstos, mil 086concluyeron en el No Ejercicio de la Acción Penal, debido a que elmarco legal permite al impunidad de estos delincuentes.
“La debilidad legislativa generaun marco de impunidad en el que los delincuentes electoralescontinúan aprovechándose de recursos públicos para influirnegativamente en los procesos electorales, motivados por el hechode que las sanciones a las pueden hacerse acreedores son muy bajas,ya que, es menos gravosa una sanción por la vía penal que una porla vía administrativa, situación debe y puede revertirse, ya que generaimpunidad”, indica la Fepade.
Aunque la Fiscalía admite que lareforma político-electoral de 2014 consideró el tema de lacorrupción electoral, ésta fue insuficiente ya que este delito nose considera grave, una situación preocupante ya que atenta contraprincipios básicos de la democracia como equidad y neutralidad enlas contiendas electorales.
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Uno de los argumentos de la Fepadepara exigir ese cambio constitucional es que la corrupciónelectoral va en aumento, sobre todo en los estados, ya que pese aque históricamente los picos de denuncias eran en procesosfederales, en 2016 se alcanzó el récord de expedientes con 469 enlas 13 elecciones locales.
Fepade destaca dos casos exitosos yemblemáticos de redes de corrupción electoral en los últimosaños. En Veracruz, selograron ocho órdenes de aprehensión contra servidores y exservidores públicos federales y estatales por este delito. EnChihuahua, también se logró acreditar que ocho funcionariospúblicos desviaron recursos públicos de la entidad, por lo cualhubo dos órdenes de aprehensión, entre ellas una para el exgobernador César Duarte.
“Se propone una reforma alpárrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución, así como alas normas secundarias a partir de las cuales se prevea la prisiónpreventiva oficiosa en los supuestos de peculado electoral de altacuantía y de financiamiento ilícito con fines electorales”,indica la Fepade.
La Fiscalía no es la primerainstancia que llama a esta reforma constitucional. Por ejemplo,Jaqueline Peschard Mariscal, presidenta del Comité deParticipación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción delSistema Nacional Anticorrupción, y Juan E. Pardinas, director delInstituto Mexicano para la Competitividad, se pronunciaron porquelos delitos electorales deben considerarse como graves.
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