/ sábado 15 de octubre de 2016

Del campo llegaron y viven en 384 ciudades el 71.6% de la población

  • Gobernabilidad, uno de los serios desafíos
  • Paisaje para cambiar: Cartolandias citadinas

Primera de dos partes

La contención de los problemas de gobernabilidad en estados y municipios de la República mexicana como consecuencia de la anarquía en el desarrollo, de la irregularidad en los asentamientos y de la vulnerabilidad ante los desastres, se avizora con los primeros pasos de la reforma urbana en México.

Tal vez, pasado algún tiempo empiecen a cambiar los paisajes de las cartolandias citadinas. Quizás se modifiquen las cifras actuales, porque a nivel nacional, señalan estudios oficiales, 11 por ciento de las viviendas en localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 por ciento se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y nueve por ciento sobre barrancas.

Es posible, porque hoy las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo, precisan dichos estudios, se ven reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como un hecho frecuente en cuatro por ciento de los hogares urbanos, cuarteaduras de muros por reblandecimiento reportado por cinco por ciento de los hogares y deslaves y derrumbes de cerros por lluvias reportado por cuatro por ciento.

El puntal para enfrentar la realidad en el siglo XXI de un país predominantemente urbano, donde tres cuartas partes de la población habitan en 384 ciudades de 15 mil y más habitantes, integradas al Sistema Urbano Nacional, dio principio con la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta enviada por el Senado de la República para la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Reforma al Artículo Tercero de la Ley de Planeación.

Han pasado más de 60 años desde que empezó la expansión de las ciudades mexicanas. Fue en la década de los 50, aseguran los urbanistas, cuando el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. Hace más de 30 años que México es eminentemente urbano.

Y solo hay que revisar, en 1900 la nación contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde existían 1.4 millones de personas (10.4 por ciento de la población total); para la década de los 80, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3 por ciento de la población nacional; y finalmente, para el año 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6 por ciento de la población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

El problema es que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población y el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. Tampoco existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible, por lo que millones de mexicanos se asentaron de manera irregular.

Y como si no fuera suficiente, en toda la República surgieron los líderes de los denominados “paracaidistas” que mediante promesas asentaban (y asientan) a cientos de familias en terrenos prohibidos o riesgosos para después exigir a los gobiernos no solamente regularización, sino servicios.

Hasta nuestros días, la falta de certeza jurídica sobre la propiedad es un problema común entre los habitantes de asentamientos irregulares los cuales son, en algunos casos, la única opción para que las familias en condiciones de pobreza puedan acceder a suelo para construir su vivienda. Esta situación impide que los hogares se beneficien plenamente del uso y usufructo de su propiedad, dijo en su momento la Sedesol.

LOS ACTORES DE LA OCUPACIÓN IRREGULAR

Estudios de la UNAM han señalado a los actores involucrados en la ocupación del suelo irregular.

“A grandes rasgos se puede decir que el primer actor involucrado es el propietario original del suelo, posteriormente un comprador especulador y/o fraccionador, quien vende al que sería un segundo comprador que termina por ser el habitante del suelo, finalmente aparecen las autoridades quienes se encargan de ofrecer servicios, equipamiento e infraestructura, así como la regularización de la tenencia de la tierra.

“Cuando el terreno de origen ilegal se ocupa vía invasión, los líderes sociales se convierten en una figura relevante, ya que muchas veces son ellos quienes planean y ejecutan el proceso de poblamiento del predio, reclutando a la gente, acomodando a los colonos, cobrando cuotas de afiliación a la organización que representan y gestionando la provisión de servicios y equipamiento.

“En otras ocasiones se ha observado la acción de un actor adicional representado por las instancias promotoras de lotes, que aún cuando son inmobiliarias reconocidas no dejan de ser instituciones informales, pues realizan acciones al margen del marco normativo.

“Estas instancias adquieren el suelo al propietario original usualmente a un precio mucho menor al que ellos posteriormente venden al segundo comprador, aunque no se tiene información de las condiciones de pago y cuál sería el incremento del precio en el momento de la reventa”.

Un segundo efecto del proceso de urbanización en México, agregan, es la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos 30 años, la superficie urbana se multiplicó por seis.

Explican que otra faceta del proceso de urbanización en México, es el efecto de la dinámica de migración actual. “El patrón de migración ha generado despoblamiento de muchas localidades y ciudades, al mismo tiempo que genera flujos importantes hacia los centros de población más dinámicos. Este fenómeno se ha vuelto muy notorio y ha impactado, tanto al ámbito rural como al urbano, incluyendo a las grandes zonas metropolitanas que décadas atrás fueron polos de atracción para la población”.

Los ejemplos sobran. Entre 2000 y 2010, municipios de zonas metropolitanas de gran importancia perdieron población; en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, el municipio de Jaltenco, fue el que resintió la mayor pérdida con un decremento de 16.7 por ciento. También destacan los municipios de Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz con pérdidas equivalentes a 9.4 por ciento y 7.9 por ciento de su población, respectivamente.

En el Distrito Federal, las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, tuvieron tasas de crecimiento negativas, siendo Venustiano Carranza la de mayor pérdida de población.

Otras ciudades también perdieron población durante el periodo. Sobresalen los municipios de Guadalajara que registró una pérdida de 9.1 por ciento y de San Nicolás de los Garza (10.8 por ciento), al igual que otras ciudades de menor tamaño como Jiquilpan de Juárez en Michoacán (0.6 por ciento), Gabriel Leyva, en Sinaloa (0.5 por ciento), Zacatepec de Hidalgo, en Morelos (0.1 por ciento), Tenancingo de Degollado, en el Estado de México (2.2 por ciento), Atencingo-Chietla, en Puebla (0.9 por ciento) y Tuxpan, en Nayarit (0.2 por ciento).

LO QUE HAY Y LO QUE NOS CUESTA

La Comisión Nacional de Vivienda ha dicho que, las ciudades de más de un millón de habitantes, presentan densidades promedio de 36 viviendas por hectárea; las de 500 mil a un millón promedian 27; las de 100 mil a 500 mil, 21; y las de 50 a 100 mil presentan en promedio densidades de 19. El promedio general nacional es de 23 viviendas por hectárea.

El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos por parte del Gobierno se vuelve más costosa, problema que aunado a la debilidad financiera de las recaudaciones locales, se traduce en desigualdades en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos locales proveen bienes públicos a los ciudadanos.

Se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. La provisión de servicios básicos, como estrategia para conectar desarrollos alejados de las ciudades, sumado al abandono de los centros de las ciudades debido al deterioro de inmuebles, provoca subutilización del equipamiento e infraestructura e incluso genera incentivos para la especulación del suelo.

“Por otra parte, la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente para acceder a sus trabajos, genera inversiones significativas en dinero y tiempo. El 15 por ciento de los hogares en zonas urbanas reporta que gasta aproximadamente entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su casa al trabajo.

“En el Valle de México, el porcentaje de hogares que paga dicha cantidad aumenta a 16 por ciento y en las ciudades de más de un millón de habitantes aumenta a 21 por ciento. En cuanto al tiempo de traslado se refiere un 62 por ciento de los hogares encuestados reportan que a la persona que más aporta al gasto familiar le toma entre 23 y 38 minutos llegar a su centro de trabajo”, aseguran.

Se considera que el principal reto que enfrentan las ciudades y metrópolis en los próximos años es hacer frente al aumento y concentración de la población urbana, que pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 en 2030. Ello implica planear y gestionar ciudades con la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a las nuevas y actuales generaciones, a través de la oferta de soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria y alternativas adecuadas de movilidad.

La advertencia es: Si prevalece el patrón territorial actual en las ciudades mexicanas, esta concentración provocará incrementos en las distancias y los trayectos, así mismo crecerán las externalidades negativas o costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial, afectando el medio ambiente y agudizando la inequidad y la desigualdad socio-económica.

Por lo tanto…

Las ciudades mexicanas requieren el impulso a nuevos instrumentos de planeación que promuevan la cooperación entre distintos órdenes de Gobierno y la participación de la sociedad civil. La población que habita las ciudades hoy más que nunca cuenta con una amplia conciencia acerca de la importancia de realizar acciones en favor de la sustentabilidad ambiental.

(Continuará)

  • Gobernabilidad, uno de los serios desafíos
  • Paisaje para cambiar: Cartolandias citadinas

Primera de dos partes

La contención de los problemas de gobernabilidad en estados y municipios de la República mexicana como consecuencia de la anarquía en el desarrollo, de la irregularidad en los asentamientos y de la vulnerabilidad ante los desastres, se avizora con los primeros pasos de la reforma urbana en México.

Tal vez, pasado algún tiempo empiecen a cambiar los paisajes de las cartolandias citadinas. Quizás se modifiquen las cifras actuales, porque a nivel nacional, señalan estudios oficiales, 11 por ciento de las viviendas en localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 por ciento se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y nueve por ciento sobre barrancas.

Es posible, porque hoy las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo, precisan dichos estudios, se ven reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como un hecho frecuente en cuatro por ciento de los hogares urbanos, cuarteaduras de muros por reblandecimiento reportado por cinco por ciento de los hogares y deslaves y derrumbes de cerros por lluvias reportado por cuatro por ciento.

El puntal para enfrentar la realidad en el siglo XXI de un país predominantemente urbano, donde tres cuartas partes de la población habitan en 384 ciudades de 15 mil y más habitantes, integradas al Sistema Urbano Nacional, dio principio con la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta enviada por el Senado de la República para la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Reforma al Artículo Tercero de la Ley de Planeación.

Han pasado más de 60 años desde que empezó la expansión de las ciudades mexicanas. Fue en la década de los 50, aseguran los urbanistas, cuando el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. Hace más de 30 años que México es eminentemente urbano.

Y solo hay que revisar, en 1900 la nación contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde existían 1.4 millones de personas (10.4 por ciento de la población total); para la década de los 80, 36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales alojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3 por ciento de la población nacional; y finalmente, para el año 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6 por ciento de la población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

El problema es que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de población y el proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. Tampoco existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible, por lo que millones de mexicanos se asentaron de manera irregular.

Y como si no fuera suficiente, en toda la República surgieron los líderes de los denominados “paracaidistas” que mediante promesas asentaban (y asientan) a cientos de familias en terrenos prohibidos o riesgosos para después exigir a los gobiernos no solamente regularización, sino servicios.

Hasta nuestros días, la falta de certeza jurídica sobre la propiedad es un problema común entre los habitantes de asentamientos irregulares los cuales son, en algunos casos, la única opción para que las familias en condiciones de pobreza puedan acceder a suelo para construir su vivienda. Esta situación impide que los hogares se beneficien plenamente del uso y usufructo de su propiedad, dijo en su momento la Sedesol.

LOS ACTORES DE LA OCUPACIÓN IRREGULAR

Estudios de la UNAM han señalado a los actores involucrados en la ocupación del suelo irregular.

“A grandes rasgos se puede decir que el primer actor involucrado es el propietario original del suelo, posteriormente un comprador especulador y/o fraccionador, quien vende al que sería un segundo comprador que termina por ser el habitante del suelo, finalmente aparecen las autoridades quienes se encargan de ofrecer servicios, equipamiento e infraestructura, así como la regularización de la tenencia de la tierra.

“Cuando el terreno de origen ilegal se ocupa vía invasión, los líderes sociales se convierten en una figura relevante, ya que muchas veces son ellos quienes planean y ejecutan el proceso de poblamiento del predio, reclutando a la gente, acomodando a los colonos, cobrando cuotas de afiliación a la organización que representan y gestionando la provisión de servicios y equipamiento.

“En otras ocasiones se ha observado la acción de un actor adicional representado por las instancias promotoras de lotes, que aún cuando son inmobiliarias reconocidas no dejan de ser instituciones informales, pues realizan acciones al margen del marco normativo.

“Estas instancias adquieren el suelo al propietario original usualmente a un precio mucho menor al que ellos posteriormente venden al segundo comprador, aunque no se tiene información de las condiciones de pago y cuál sería el incremento del precio en el momento de la reventa”.

Un segundo efecto del proceso de urbanización en México, agregan, es la expansión desproporcionada de la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos 30 años, la superficie urbana se multiplicó por seis.

Explican que otra faceta del proceso de urbanización en México, es el efecto de la dinámica de migración actual. “El patrón de migración ha generado despoblamiento de muchas localidades y ciudades, al mismo tiempo que genera flujos importantes hacia los centros de población más dinámicos. Este fenómeno se ha vuelto muy notorio y ha impactado, tanto al ámbito rural como al urbano, incluyendo a las grandes zonas metropolitanas que décadas atrás fueron polos de atracción para la población”.

Los ejemplos sobran. Entre 2000 y 2010, municipios de zonas metropolitanas de gran importancia perdieron población; en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, el municipio de Jaltenco, fue el que resintió la mayor pérdida con un decremento de 16.7 por ciento. También destacan los municipios de Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz con pérdidas equivalentes a 9.4 por ciento y 7.9 por ciento de su población, respectivamente.

En el Distrito Federal, las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, tuvieron tasas de crecimiento negativas, siendo Venustiano Carranza la de mayor pérdida de población.

Otras ciudades también perdieron población durante el periodo. Sobresalen los municipios de Guadalajara que registró una pérdida de 9.1 por ciento y de San Nicolás de los Garza (10.8 por ciento), al igual que otras ciudades de menor tamaño como Jiquilpan de Juárez en Michoacán (0.6 por ciento), Gabriel Leyva, en Sinaloa (0.5 por ciento), Zacatepec de Hidalgo, en Morelos (0.1 por ciento), Tenancingo de Degollado, en el Estado de México (2.2 por ciento), Atencingo-Chietla, en Puebla (0.9 por ciento) y Tuxpan, en Nayarit (0.2 por ciento).

LO QUE HAY Y LO QUE NOS CUESTA

La Comisión Nacional de Vivienda ha dicho que, las ciudades de más de un millón de habitantes, presentan densidades promedio de 36 viviendas por hectárea; las de 500 mil a un millón promedian 27; las de 100 mil a 500 mil, 21; y las de 50 a 100 mil presentan en promedio densidades de 19. El promedio general nacional es de 23 viviendas por hectárea.

El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos por parte del Gobierno se vuelve más costosa, problema que aunado a la debilidad financiera de las recaudaciones locales, se traduce en desigualdades en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos locales proveen bienes públicos a los ciudadanos.

Se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. La provisión de servicios básicos, como estrategia para conectar desarrollos alejados de las ciudades, sumado al abandono de los centros de las ciudades debido al deterioro de inmuebles, provoca subutilización del equipamiento e infraestructura e incluso genera incentivos para la especulación del suelo.

“Por otra parte, la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente para acceder a sus trabajos, genera inversiones significativas en dinero y tiempo. El 15 por ciento de los hogares en zonas urbanas reporta que gasta aproximadamente entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su casa al trabajo.

“En el Valle de México, el porcentaje de hogares que paga dicha cantidad aumenta a 16 por ciento y en las ciudades de más de un millón de habitantes aumenta a 21 por ciento. En cuanto al tiempo de traslado se refiere un 62 por ciento de los hogares encuestados reportan que a la persona que más aporta al gasto familiar le toma entre 23 y 38 minutos llegar a su centro de trabajo”, aseguran.

Se considera que el principal reto que enfrentan las ciudades y metrópolis en los próximos años es hacer frente al aumento y concentración de la población urbana, que pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 en 2030. Ello implica planear y gestionar ciudades con la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a las nuevas y actuales generaciones, a través de la oferta de soluciones adecuadas de vivienda, cobertura de servicios, impulso a las actividades económicas, promoción de la vida comunitaria y alternativas adecuadas de movilidad.

La advertencia es: Si prevalece el patrón territorial actual en las ciudades mexicanas, esta concentración provocará incrementos en las distancias y los trayectos, así mismo crecerán las externalidades negativas o costos sociales por el imperativo de mayor conectividad espacial, afectando el medio ambiente y agudizando la inequidad y la desigualdad socio-económica.

Por lo tanto…

Las ciudades mexicanas requieren el impulso a nuevos instrumentos de planeación que promuevan la cooperación entre distintos órdenes de Gobierno y la participación de la sociedad civil. La población que habita las ciudades hoy más que nunca cuenta con una amplia conciencia acerca de la importancia de realizar acciones en favor de la sustentabilidad ambiental.

(Continuará)