Una eventual detención del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podría configurar un delito contra la administración de justicia previsto en el Código Penal Federal, artículo 225 fracción XIX, de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de control que otorgó la orden de aprehensión, porque sigue con fuero.
Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que en ese supuesto se violaría la norma, en virtud de que no se le ha removido el fuero al servidor público conserva el fuero constitucional y no se le puede detener.
En cualquier caso, explicó, la pérdida del fuero del titular del Ejecutivo estatal no es causal para la desaparición de poderes en una entidad federativa, pues la fracción V del artículo 76 constitucional, cuando se indica que es facultad exclusiva del Senado declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa.
"Implica que cuando el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial dejen de funcionar; porque el Senado no tiene una 'varita mágica' para desaparecer los poderes de un momento a otro", explicó.
Ahora, abundó, si revisamos la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76, el artículo segundo indica los supuestos, que pueden ejemplificar un poco más, cómo se pude entender el hecho que dejen de funcionar los tres poderes.
"Por una parte la Constitución federal nos indica que dejen de funcionar los tres poderes y la ley reglamentaria habla de los titulares de los poderes; obviamente, son cosas diferentes, esta parte es importante porque inevitablemente traerá una discusión", dijo.
Burgoa enumeró los supuestos para la desaparición de poderes, que quebranten los principios del régimen federal, que abandonen el ejercicio de sus funciones, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Congreso siguen en sus funciones.
Incluso ayer, el gobernador García Cabeza de Vaca recibió en Palacio de Gobierno a integrantes de su gabinete con quienes discutió cuestiones del ejercicio de la administración pública, comentaron los propios funcionarios.
Otros supuestos, enumeró, señalan que prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.
Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
"Entonces no veo que jurídicamente exista la posibilidad de que se configure el ejercicio de la facultad del Senado de declarar que han dejado de funcionar los tres poderes; ya sea por la interpretación directa de la Constitución o por la de la ley reglamentaria, que solamente estaría señalando a los titulares de los poderes locales".
Entonces, opinó, desde la perspectiva jurídica no hay elementos para que pueda dar la desaparición de poderes en Tamaulipas; aunque, acotó, desde una perspectiva política sería diferente, pues como lo señaló el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, se va por la desaparición de poderes o una negociación política.
Señaló que de 1917 a 1975, el Senado de la República abusó de esta facultad, pues el presidente de la República le solicitaba que removiera a quienes no estaban de acuerdo con el régimen.
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"Y ya que tenemos la ley reglamentaria, desde 1978, la cual precisa los supuestos jurídicos, resulta que no ha habido desaparición de poderes".
Recordó que, durante el conflicto de 2006 en Oaxaca, se pedía la desaparición de poderes luego de que el gobernador Ulises Ruiz no estaba en el Palacio de Gobierno para llevar los asuntos del Ejecutivo, pero el Senado se negó a la disolución de los poderes bajo el argumento de que el Poder Judicial seguía en funciones.
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