En este país, sólo una institución hace que el presidente López Obrador se alinee por la derecha. Ni el INE, ni la Suprema Corte, ni el Congreso. El Ejército es a la cual el Presidente más le guarda respeto y le concede cortesías.
Tan es así que está dispuesto a entregarle la más importante responsabilidad del Estado: la seguridad pública.
Como ha declarado, López Obrador emitirá una propuesta de reforma para que la Guardia Nacional “dependa completamente” de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Esto contraviene explícitamente los principios bajo los que fue propuesta y creada al inicio de su sexenio: sacar al Ejército de las calles.
Asímismo, choca con lo expuesto por el Presidente en campaña, cuando refirió que la guerra contra el narco no pacificó al país.
Más grave aún es que el decreto de convertir a la Guardia Nacional en un brazo de la Sedena se opone claramente al Artículo 21 de la Constitución. Clarito lo dice, y cito: "Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional".
Para que esta letra cambie debe pasar por una reforma de ley que la mayoría legislativa apoye; cosa que por supuesto no le va a conceder la oposición, la cual ya le bateó sus reformas eléctrica y electoral.
Ya correrá tinta mucho más informada que la de quien escribe sobre las implicaciones legales y democráticas de esta voluntad, sin embargo, me quiero detener en lo que esto nos dice sobre el país que ve el hombre más poderoso del país.
El presidente López Obrador, en el fondo, ve un México sin la capacidad de crear nuevas instituciones civiles fiables. Lo dice seguido. El INE está cooptado por la cleptocracia, el Congreso es un traicionero, los jueces son burgueses, según él.
Tenemos ya a soldados construyendo trenes, cuidando aeropuertos, armando bancos, distribuyendo vacunas, repartiendo programas sociales. Era obvio que los iba a volver policías cuando es el Ejército quien tiene los rifles.
A todo esto es a lo que se refiere uno cuando dice que el Presidente está militarizando al país.
Cederle responsabilidades al Ejército en todas estas áreas es reconocer la imposibilidad durante el actual sexenio y hacia adelante de poder instalar de manera efectiva controles de confianza, rendición de cuentas y la creación de una cultura del servicio y honestidad en el servicio público.
Para encargarle el país al Ejército no se eligió al Presidente. Se le eligió de manera histórica para que liderara un cambio cultural y político para limpiar al Estado mexicano tras la grosera corrupción priista y panista. Para gobernar bien.
Pobre favor le está haciendo este gobierno al Ejército. Al ubicarlo como arquitecto del país le transfiere responsabilidades para las cuales no fue creado, y en ese sentido sobre él recaerán presiones y reclamos.
El argumento básico del Presidente para renunciar a las obligaciones para las que fue electo es el de la incorruptibilidad del Ejército. Por eso defendió a capa y espada –y hasta la relación con EU arriesgó– cuando rescató al general Salvador Cienfuegos de las investigaciones que la DEA tenía en su contra por presunto crimen organizado.
“Que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder. Para que no vuelva a pasar lo que pasó con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió", ha dicho El Presi.
Dice él que el Ejército es "pueblo uniformado" y por eso la apuesta de su gobierno es con ellos. Para él, son los soldados y el rigor marcial el prototipo del mexicano modelo, no los ciudadanos y los procesos civiles.
Los policías municipales, estatales y federales, aquellos que se parten el lomo por sueldos de miseria, han de ser marcianos entonces, pues en ellos el Presidente no ve materia suficiente para dedicarles su trabajo, el de mejorarlos. Mucho menos su confianza.