El subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga, denunció que hay el "riesgo de una incursión armada" a la Embajada de México en La Paz, Bolivia.
A través de su cuenta de Twitter denunció que se mantiene el secuestro policíaco y militar en contra de las instalaciones diplomáticas de México en Bolivia”.
“Estamos en alerta permanente ante el riesgo de una incursión armada a nuestros inmuebles en La Paz”, advirtió.
Además, compartió una nota de América en Movimiento donde se afirma que “un grupo de operaciones especiales de la Policía boliviana, vinculado al Ministerio de Gobierno, se encuentra afinando un plan de intervención a la residencia de México durante las fiestas de fin de año”.
El objetivo es proceder a la detención de los nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados desde el 10 de noviembre en la Embajada, entre ellos los ministros de Presidencia, Juan Ramón Quintana, y Cultura, Wilma Alanoca.
La posible intervención es una propuesta del ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, pero quien se opone es la canciller Karen Longaric.
Según Murillo, el asilo afecta la imagen del gobierno de Jeaninne Añez en su intento por “pacificar” al país.
En contraparte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado donde protesta por el asedio policial en sus recintos diplomáticos en Bolivia y señala que esto constituye una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Además, responsabiliza a Bolivia por cualquier afectación a la sede diplomática, al personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país.
“Cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos continúan rodeando ambos recintos de México en La Paz, contrario a lo que han declarado funcionarios de ese país”, señaló.
Refirió que hay un cerco policial, agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales.
Así, México exige a Bolivia “cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento”.
