Más de mil quejas por solicitudes de información e investigaciones por presuntas prácticas monopólicas son algunos de los pendientes que tienen los organismos autónomos que el Congreso de la Unión decidió extinguir.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al corte del 20 de noviembre, tenía por resolver mil 041 recursos de revisión de ciudadanos que solicitaron información, pero que no la habían recibido.
Entre los pendientes están dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional que el Pleno del Inai debe analizar y 10 amparos ante la negativa de algún sujeto obligado de entregar la información solicitada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, falta que 782 fallos del Inai sean cumplidos por sujetos obligados, ya sea en materia de protección de datos personales o en acceso a la información pública.
El jueves, el Senado aprobó la reforma constitucional para extinguir siete organismos autónomos: el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas funciones serán asumidas por dependencias del Ejecutivo federal.
Aunque la reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado, al tratarse de una reforma constitucional se requiere que al menos 17 Congresos locales la aprueben para que sea declarada válida, se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Hasta la tarde de ayer, en nueve Congresos ya la habían aprobado.
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La reforma establece que una vez que entren en vigor, el Congreso tendrá 90 días para aprobar las leyes secundarias, mismas que establecerán cómo será la transición para que las dependencias federales asuman dichas funciones.
En el caso de Cofece, entre sus pendientes está la resolución por presuntas prácticas monopólicas de Walmart de México y Centroamérica.
“Vamos a esperar la resolución, estamos en la misma posición, esperando también una respuesta”, comentó Eduardo Villarreal, vicepresidente de operaciones de Walmart Supercenter, en entrevista con El Sol de México tras la inauguración de una sucursal en la Ciudad de México.
La investigación, iniciada en octubre de 2023, analiza el posible abuso de poder de mercado en el abastecimiento, distribución mayorista y comercialización minorista de bienes de consumo, así como los servicios asociados.
Según la empresa, estas prácticas son habituales en la industria. Sin embargo, se presentó ante la Cofece una denuncia acusando a Walmart de reducir precios de manera agresiva en el sureste de México para ganar ventaja competitiva.
Sobre la extinción de la Cofece, el comisionado Eduardo Mendoza insistió en la importancia de que el país tenga reguladores especializados.
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Mendoza sostuvo que la nueva administración del organismo ha empujado por recuperar el costo social que ha implicado la falta de competencia y las prácticas monopólicas.
“Sí hay acciones desde la Cofece, es importante tener reguladores especializados, pero para que esto tenga éxito se requiere colaboración del Estado en su conjunto o no lograremos llegar a esa meta, que es la de mayor bienestar porque estas conductas afectan a quienes menos tienen”, dijo el comisionado en la presentación de la Evaluación ex post por sanciones a servicios integrales de laboratorio y banco de sangre celebrada en El Colegio de México.
