La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para análisis el caso de 49 niños fallecidos a causa del incendio de una guardería pública ocurrido hace 11 años en Hermosillo, Sonora, informó este viernes la organización que asesora a los familiares.
"Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano", explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado.
"Las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado "para concretar el acceso a la justicia y la no repetición", añadió la organización.
El caso fue presentado ante la comisión en octubre de 2014 y fue declarado "admisible" el pasado 6 de julio aunque la resolución recién se publicó esta semana, detalló una portavoz del Centro Prodh.
"Existe un intercambio de información y puede haber audiencias. Luego se define si hay posibilidad de una 'solución amistosa'. Si se agota esta etapa, puede llegar a la Corte Interamericana", explicó.
El incendio ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, en el norteño estado Sonora, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y donde se encontraban 141 menores, 49 de los cuales murieron y 70 resultaron heridos.
Las investigaciones oficiales de la tragedia, que conmocionó al país, concluyeron que el fuego comenzó por el sobrecalentamiento de un aire acondicionado en un almacén de documentos del gobierno de Sonora contiguo a la guardería, cuyas dos únicas puertas de emergencia estaban bloqueadas.
Los familiares sostienen que el incendio no fue un evento imprevisible, "sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles", alegó el Centro Prodh.
"Dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias", agregó en el comunicado.
Exigen también investigar y sancionar penalmente a todos los responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo "las causas estructurales" del siniestro.
En mayo de 2016, la justicia mexicana condenó a una decena de funcionarios estatales de distintos rangos a entre 20 y 29 años de prisión, acusados por el homicidio y las lesiones de los infantes.
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