/ miércoles 24 de noviembre de 2021

Admiten amparo de Kamel Nacif para tener acceso a acusación de la UIF

La demanda de garantías fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal

Un juzgado de distrito admitió la demanda de amparo que el empresario Kamel Nacif tramitó en contra de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR), tras la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita.

La demanda de garantías fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, luego de que el empresario se quejó por “el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001148/202”.

➡ Kamel Nacif logra amparo y no podrá ser detenido por caso Lydia Cacho

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda ordenó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR rendir el informe justificado correspondiente, señalando como fecha de la próxima audiencia las 09:10 horas del 23 de diciembre del año en curso para revisarlo.

De manera paralela, el juez concedió una suspensión provisional a Nacif, para que el proceso en su contra sea temporalmente suspendido, dejando como fecha el 30 de noviembre del 2021 para la revisión de esta suspensión.

➡ Dan cinco años de prisión a policía judicial que participó en tortura de Lydia Cacho

La UIF presentó esta demanda en contra de Nacif en septiembre de 2020, por los delitos antes mencionados.

En un proceso paralelo, Kamel Nacif fue detenido en Líbano a inicios de 2021 y liberado meses después luego de pagar una multa. En ese proceso se le acusa por presuntamente orquestar y pagar la tortura de la periodista Lydia Cacho, luego de que ésta dio a conocer que el empresario participó en una red de prostitución y abuso infantil.

Sin embargo, la última información que se tuvo al respecto es que un Tribunal ordenó revocar la orden aprehensión librada en su contra y una ficha roja debido a que no se le acreditó ser servidor público cuando detuvieron a la periodista en 2005.

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Un juzgado de distrito admitió la demanda de amparo que el empresario Kamel Nacif tramitó en contra de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR), tras la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita.

La demanda de garantías fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, luego de que el empresario se quejó por “el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración y determinación de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001148/202”.

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El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda ordenó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR rendir el informe justificado correspondiente, señalando como fecha de la próxima audiencia las 09:10 horas del 23 de diciembre del año en curso para revisarlo.

De manera paralela, el juez concedió una suspensión provisional a Nacif, para que el proceso en su contra sea temporalmente suspendido, dejando como fecha el 30 de noviembre del 2021 para la revisión de esta suspensión.

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La UIF presentó esta demanda en contra de Nacif en septiembre de 2020, por los delitos antes mencionados.

En un proceso paralelo, Kamel Nacif fue detenido en Líbano a inicios de 2021 y liberado meses después luego de pagar una multa. En ese proceso se le acusa por presuntamente orquestar y pagar la tortura de la periodista Lydia Cacho, luego de que ésta dio a conocer que el empresario participó en una red de prostitución y abuso infantil.

Sin embargo, la última información que se tuvo al respecto es que un Tribunal ordenó revocar la orden aprehensión librada en su contra y una ficha roja debido a que no se le acreditó ser servidor público cuando detuvieron a la periodista en 2005.

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