Por acciones y omisiones de personal del servicio público que contribuyeron a que en una casa hogar en Zamora, Michoacán, se vulneraron los derechos humanos de 536 personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación a los tres órdenes de gobierno.
Se trata de la Casa albergue “La Gran Familia”, de Mamá Rosa lugar donde el 15 de julio del 2014 se detecto que 536 personas eran víctimas de agresiones físicas y psicológicas, encierro en condiciones carcelarias y diversas vejaciones más en su mayoría niñas, niños y adolescentes.
La CNDH determinó que hubo acciones y omisiones atribuibles a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, las cuales contribuyeron a que los responsables de la dirección, manejo y cuidados de los internos de la Casa Hogar en Zamora, Michoacán, violaran derechos humanos.
Las recomendaciones van dirigidas a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Presidente Municipal de Zamora y a los Gobernadores de 15 estados: Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
El Organismo Nacional confirmó que se vulneraron los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno e interés superior de la niñez y adolescencia, así como aspectos inherentes a la dignidad humana en su relación con los principios mínimos de atención a las víctimas del delito; a la protección de la salud; a la educación; a la integridad personal; a la identidad; a la seguridad jurídica; a la procuración de justicia, y a no ser sometido a trata de personas, en agravio de las 536 víctimas localizadas en la Casa Hogar en situación de extrema vulnerabilidad.
Con sus omisiones, los servidores públicos no protegieron, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las 536 personas víctimas de delito. Por ello, requirió todas las autoridades involucradas colaborar ampliamente con la CNDH en las quejas que se promuevan ante las correspondientes instancias que investigan las responsabilidades administrativas en que incurrieron esas personas servidoras públicas. En caso de que la responsabilidad hubiera prescrito, se deberá insertar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales.
