/ martes 27 de marzo de 2018

Alejandro Gutiérrez y cómplices de corrupción serán juzgados en Chihuahua

Un juez de Chihuahua negó la petición de un juez federal para escalar el caso donde está envuelto el exgobernador César Duarte

El juez Alejandro Legarda Carreón de Chihuahua, negó la petición de un juez federal sobre la entrega de los casos del exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García; el exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles y el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas priistas.

Foto: Especial

La audiencia inició ayer a las 10 de la mañana en la Sala 1 de la Ciudad Judicial para determinar a los tres procesados por el delito de peculado si debían de seguir en el estado o ser juzgados por un juez federal.

La audiencia de los tres procesados fue para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas del PRI, luego de que en febrero, el juez federal Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, determinó que los tres detenidos debían ser juzgados en el ámbito federal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la causa penal debe permanecer en el ámbito local, toda vez que expuso, los delitos señalados significaron una afectación al erario del estado de Chihuahua, pese a que su procedencia era el Ramo 23 Federal.

Antonio Tarín García, pretendía rendir protesta como diputado federal suplente del fallecido Carlos Hermosillo. Foto: Mauricio Huizar

El hecho delictivo se cometió en Chihuahua, dado que los recursos fueron depositados en la cuenta 4058556945 del banco HSBC perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal.

El Ministerio Público aseguró que los servidores públicos, con la aprobación del entonces secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera, se aprobaron los contratos con empresas fantasmas para desviar dinero de las arcas estatales.

La contratación de cursos con empresas “fantasmas” se realizó con recursos del Estado, por lo que el delito de peculado en el que están acusados los tres procesados debe de ser juzgado en Chihuahua.

Alegatos

Legarda Carreón determinó que el tribunal de control del Distrito Judicial Morelos es el competente para seguir conociendo de las acusaciones en contra de Gerardo Villegas Madriles, a quien se le dictó auto de vinculación a proceso (formal prisión) el 2 de abril de 2017 por parte del juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez; de Antonio Tarín García, vinculado el 1 de junio de 2017 por el mismo Alejandro Legarda y en contra de Alejandro Gutiérrez, a quien se le dictó vinculación a proceso el 21 de diciembre de 2017 por parte del juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán.

“Lo que sí es de considerarse es que el ente fiscalizador es el federal, y por parte de la Secretaría de la Función Pública federal. Ambos son coincidentes que el recurso que llegó de la Federación a través del convenio de fortalecimiento fue aplicado debidamente, es decir que era un recurso federal, y la Auditoría Superior del Estado verificó que ese dinero (250 millones de pesos), con el cual se realizó el pago de cuatro contratos, derivaba de una afectación a la hacienda estatal, es decir un tercer organismo auditor del ejercicio fiscal de 2016”, precisó el Ministerio Público.

El juez Alejandro Legarda Carreón de Chihuahua, negó la petición de un juez federal sobre la entrega de los casos del exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García; el exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles y el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas priistas.

Foto: Especial

La audiencia inició ayer a las 10 de la mañana en la Sala 1 de la Ciudad Judicial para determinar a los tres procesados por el delito de peculado si debían de seguir en el estado o ser juzgados por un juez federal.

La audiencia de los tres procesados fue para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas del PRI, luego de que en febrero, el juez federal Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, determinó que los tres detenidos debían ser juzgados en el ámbito federal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la causa penal debe permanecer en el ámbito local, toda vez que expuso, los delitos señalados significaron una afectación al erario del estado de Chihuahua, pese a que su procedencia era el Ramo 23 Federal.

Antonio Tarín García, pretendía rendir protesta como diputado federal suplente del fallecido Carlos Hermosillo. Foto: Mauricio Huizar

El hecho delictivo se cometió en Chihuahua, dado que los recursos fueron depositados en la cuenta 4058556945 del banco HSBC perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal.

El Ministerio Público aseguró que los servidores públicos, con la aprobación del entonces secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera, se aprobaron los contratos con empresas fantasmas para desviar dinero de las arcas estatales.

La contratación de cursos con empresas “fantasmas” se realizó con recursos del Estado, por lo que el delito de peculado en el que están acusados los tres procesados debe de ser juzgado en Chihuahua.

Alegatos

Legarda Carreón determinó que el tribunal de control del Distrito Judicial Morelos es el competente para seguir conociendo de las acusaciones en contra de Gerardo Villegas Madriles, a quien se le dictó auto de vinculación a proceso (formal prisión) el 2 de abril de 2017 por parte del juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez; de Antonio Tarín García, vinculado el 1 de junio de 2017 por el mismo Alejandro Legarda y en contra de Alejandro Gutiérrez, a quien se le dictó vinculación a proceso el 21 de diciembre de 2017 por parte del juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán.

“Lo que sí es de considerarse es que el ente fiscalizador es el federal, y por parte de la Secretaría de la Función Pública federal. Ambos son coincidentes que el recurso que llegó de la Federación a través del convenio de fortalecimiento fue aplicado debidamente, es decir que era un recurso federal, y la Auditoría Superior del Estado verificó que ese dinero (250 millones de pesos), con el cual se realizó el pago de cuatro contratos, derivaba de una afectación a la hacienda estatal, es decir un tercer organismo auditor del ejercicio fiscal de 2016”, precisó el Ministerio Público.

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