Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé otorgar un amparo a uno de los asesinos del priista, José Francisco Ruiz Massieu, bajo el argumento de que fue torturado por la entonces Procuraduría General de la República, para que se declarara culpable de participar en el magnicidio del 28 de septiembre de 1994.
Del caso, actualmente hay tres sentenciados; Daniel Aguilar Treviño, Carlos Ángel Vantú Narváez, y Fernando Rodríguez González, uno de los cuales tramitó un amparo bajo al argumento de que fue torturado para autoincriminarse. Los tres purgan condenas de entre 31 a 42 años de prisión.
Un tribunal le negó el amparo y confirmó la sentencia de condena por homicidio calificado y portación de arma de fuego, no obstante, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, advierte que el tribunal no ordenó una investigación por tortura y por tanto la condena que le fue impuesta debe revisarse.
En su proyecto, el ministro Ortiz Mena no da a conocer el nombre del quejoso, aunque expone conceptos de violación contra su sentencia como el que no se acreditaron los elementos del delito ni su responsabilidad penal en la comisión del mismo, pues de las declaraciones de los testigos de cargo no se desprende que haya estado en el lugar de los hechos.
Argumenta que la sentencia reclamada no fue debidamente fundada y motivada, en virtud de una incorrecta valoración probatoria y se otorgó valor probatorio a pruebas testimoniales que no fueron ratificadas ni confrontadas. Denunció que fue torturado en las oficinas de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General) por un grupo de 20 personas uniformadas y condenado a través de declaraciones de los coimputados y que éstas fueron obtenidas mediante tortura.
El homicida declaró que le ofrecieron 50 mil nuevos pesos por matar al político y su primo Carlos Ángel Cantú Narváez le proporcionó el arma, por lo que también fue detenido. A 25 años del magnicidio, la Corte analizar el amparo que promovió uno de ellos alegando que fue torturado, el ministro señala que el tribunal colegiado de circuito no ordenó una investigación.
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