La liberación del general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es un “golpe a la impunidad” y una muestra de “innegable sesgo (de las autoridades) a favor del Ejército”, aseguró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro).
“Esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”, acusó.
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En un posicionamiento, luego de que ayer se conociera que el militar en situación de retiro pudo abandonar la cárcel para continuar su proceso en libertad, el Centro Pro cuestionó la determinación de la juzgadora Segunda de Distrito de Procesos Penales en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, pues no es la primera ocasión que el exmando es favorecido judicialmente.
“En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal”, recordó la organización que acompaña a los familiares de los normalistas desaparecidos.
Rafael Hernández Nieto, se desempeñaba como comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Ayer, se conoció que la jueza Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva oficiosa en la que se encontraba desde julio pasado tras ser detenido en su domicilio en Puebla.
En su lugar, le ordenó acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de revisión de medidas cautelares, entregar su pasaporte y visa vigentes, además de presentar una garantía económica de 50 mil pesos y le prohibió acercarse a los testigos y a las víctimas del caso.
Para el Centro Pro estas nuevas medidas cautelares son “un inusual beneficio”, pues el exmando de la Sedena es acusado del delito de delincuencia organizada, que se encuentra del catálogo de ilícitos contemplados en el artículo 19 constitucional como acreedor de prisión preventiva oficiosa.
“Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables sólo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”, cuestionó.
La jueza justificó su fallo al señalar que la prisión preventiva en la que se encontraba Hernández Nieto era inconvencional, pues la Fiscalía General de la República no pudo acreditar la necesidad de la medida.
Sin embargo, la organización de derechos humanos explicó esta mañana que el desistimiento de la medida cautelar pasó por el consentimiento de la Guardia Nacional, organización que en menos de 24 horas se encargó de analizar si era necesaria, concluyendo finalmente que el detenido no presentaba riesgo de fuga.
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“Celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, remarcó.
Sobre esta decisión, que deja fuera de la cárcel al exmando, el Centro Pro informó que los padres y madres de los 43 jóvenes normalistas apenas están conociendo la determinación, pero en su momento fijarán su postura.
