La jueza Ruby Celia Castellanos Barradas negó otorgar un amparo a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quienes fueron vinculados a proceso en octubre de 2021 por la alteración de pruebas y pérdida de un resto óseo relacionado con el caso Ayotzinapa.
Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez son acusado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República de cometer delitos contra la administración de justicia, por lo que de ser encontrados culpables podrían ser sentenciados de cuatro a 10 años de prisión.
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De acuerdo con las acusaciones, ambos peritos formaron parte del equipo de la PGR que visitó las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero, la tarde del 28 de octubre de 2014. A dicho lugar llegaron después de que Cerón Solana recibió una llamada telefónica mientras se encontraba coordinando a un equipo de especialistas en el lugar conocido como “La Parota”.
Ahí, al poco tiempo de que los peritos llegaron al lugar arribó el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio −hoy en Israel acusado de tortura por el mismo caso. Supuestamente él les habría dado la instrucción de buscar bolsas negras en las que se encontraban cenizas con los restos de los normalistas, quienes, según la llamada “verdad histórica” habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El expediente del caso detalla que la orden por sí misma fue una violación, ya que no contó con un mandamiento judicial para realizar la remoción de sedimentos y lodo del predio, lo que alteró la posible evidencia en el lugar.
Asimismo, derivado de las tareas de búsqueda ordenadas, se conoció que el hoy vinculado a proceso también localizó y sujetó un resto óseo que extrajo de una alforja negra de plástico, el cual procedió a darle a su compañera Patricia Gómez Ramírez quien lo examinó, pero “no fue procesado ni analizado conforme al método científico para determinar su naturaleza u origen y del que se desconoce su paradero”.
Después de ello ninguno de los dos peritos que tuvo contacto directo con el resto óseo rindió un informe o constancia para avalar las actividades llevadas a cabo en el lugar. También se supo que impidieron que el grupo de antropología argentino, que brindaba apoyo a los familiares, accediera al lugar para su análisis.
Por estos hechos, y dado que consideró que no se transgrede ningún derecho de los imputados, la titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México negó el amparo promovido por los peritos en contra de la vinculación a proceso dictada por el juez de Control del Reclusorio Oriente.
