/ domingo 6 de septiembre de 2020

Ratifican auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda por delincuencia organizada

Pineda Villa y su esposo, el ex edil de Iguala José Luis Abarca, están presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Un juez federal ratificó el auto de formal prisión que dictó en contra de María de los Ángeles Pineda Villa por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con la compra de 31 inmuebles por 8 millones 330 mil pesos.

Fue el juez Enrique Vázquez Pérez, titilar del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, quien acato la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en donde le ordenó reponer el procedimiento.

El impartidor de justicia, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los indicios suficientes para sostener un juicio contra Pineda Villa, quien deberá permanecer en el panal federal femenil de Morelos.

El tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva diligencia y revelar los nombres de los testigos, "Mateo" y "X", quienes testificaron en el proceso.

En la audiencia, Vázquez Pérez, informó a Pineda Villa que el testigo identificado como “X” es Eynar Rodrigo Lozano Mendoza y “Mateo” es Sergio Villarreal Barragán, El Grande.

La fiscalía general, acusa a María de los Ángeles y a su esposo José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, de adquirir en el 2011 con dinero ilícito dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por un millón 52 mil 814 pesos.

Pese a que se especuló que ambos se les retiraran los cargos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con esta resolución continuarán en prisión.

Semanas antes, José Luis Abarca y su esposa obtuvieron un amparo en el cual tanto un juzgado de distrito como un tribunal unitario determinaron que se debía dejar sin efecto el auto de formal prisión, al considerar que, en diciembre de 2019, no se cumplieron todos los requisitos para la formal prisión.

El unitario, ordenó la reposición del procedimiento, aunque para ello el Ministerio Público federal debía dar a conocer la identidad de los testigos protegidos que declararon en contra.

Las acusaciones de la FGR, se sustenta en que ambos tenía vínculos con el cártel de Guerreros Unidos –organización presuntamente responsable de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014–, y, como parte de la indagatoria, uno de los testigos protegidos, identificado como Mateo señaló los presuntos vínculos que María de los Ángeles Pineda Villa tenía con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, ya que los hermanos de Pineda formaban parte de esa organización, y luego ellos se relacionaron con Guerreros Unidos.





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Un juez federal ratificó el auto de formal prisión que dictó en contra de María de los Ángeles Pineda Villa por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados con la compra de 31 inmuebles por 8 millones 330 mil pesos.

Fue el juez Enrique Vázquez Pérez, titilar del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, quien acato la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en donde le ordenó reponer el procedimiento.

El impartidor de justicia, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los indicios suficientes para sostener un juicio contra Pineda Villa, quien deberá permanecer en el panal federal femenil de Morelos.

El tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva diligencia y revelar los nombres de los testigos, "Mateo" y "X", quienes testificaron en el proceso.

En la audiencia, Vázquez Pérez, informó a Pineda Villa que el testigo identificado como “X” es Eynar Rodrigo Lozano Mendoza y “Mateo” es Sergio Villarreal Barragán, El Grande.

La fiscalía general, acusa a María de los Ángeles y a su esposo José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, de adquirir en el 2011 con dinero ilícito dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por un millón 52 mil 814 pesos.

Pese a que se especuló que ambos se les retiraran los cargos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con esta resolución continuarán en prisión.

Semanas antes, José Luis Abarca y su esposa obtuvieron un amparo en el cual tanto un juzgado de distrito como un tribunal unitario determinaron que se debía dejar sin efecto el auto de formal prisión, al considerar que, en diciembre de 2019, no se cumplieron todos los requisitos para la formal prisión.

El unitario, ordenó la reposición del procedimiento, aunque para ello el Ministerio Público federal debía dar a conocer la identidad de los testigos protegidos que declararon en contra.

Las acusaciones de la FGR, se sustenta en que ambos tenía vínculos con el cártel de Guerreros Unidos –organización presuntamente responsable de la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014–, y, como parte de la indagatoria, uno de los testigos protegidos, identificado como Mateo señaló los presuntos vínculos que María de los Ángeles Pineda Villa tenía con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, ya que los hermanos de Pineda formaban parte de esa organización, y luego ellos se relacionaron con Guerreros Unidos.





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