/ martes 26 de noviembre de 2019

Causa en Común presenta recurso ante la Corte para anular Ley Bonilla

La organización civil pide que se resuelva la inconstitucionalidad en el gobierno ampliado de Jaime Bonilla

La organización de la sociedad civil Causa en Común promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso legal con el objetivo de que se resuelva la inconstitucionalidad aprobada el 8 de julio de 2019 por el Congreso del Estado de Baja California y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre, que permite a Jaime Bonilla, actual Gobernador, extender su mandato hasta octubre del 2024.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que la figura jurídica, Amicus Curiae (Amigos de la Corte) fue suscrita por 137 personas, en la que se explica que la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH, debe ser tomada en cuenta al momento de emitir un fallo, dado que la extensión de mandato del actual Gobernador es una afectación no sólo para dicha entidad sino para todo el federalismo mexicano, por lo que debe ser anulada.

Morera detalló que el recurso presentado expone con claridad la manera en que la llamada Ley Bonillavulnera valores democráticos como el respeto al voto, ya que el Congreso suplantó la voluntad de los electores al elegir de facto a un gobernador tres años más sin que se presentarán elecciones con lo que se vulneró la idea de la soberanía popular”.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que la norma jurídica aprobada por el Congreso de Baja California contravino normas constitucionales ya que no se promulgó y publicó 90 días antes de que comenzara el proceso electoral, a pesar de que incidía en la periodicidad del cargo electo.

En este sentido, la activista precisó que dicha ley “contiene efectos retroactivos en perjuicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos al modificar los resultados de la elección en la que votaron, y afecta la certeza de los gobernados porque el legislador cambió las reglas del juego democrático en un momento posterior a la expresión del voto”.

Morera pide que la norma impugnada sea anulada y expulsada del ordenamiento jurídico de Baja California porque tiene elementos estructurales suficientes para considerarse inválida.

Por último, señaló que a 26 días desde la entrada del gobierno de Jaime Bonilla “aquí nos encontramos un grupo de ciudadanos que no olvida la manera inconstitucional como el gobernador amplió su mandato. Nuestra intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada”.

La organización de la sociedad civil Causa en Común promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso legal con el objetivo de que se resuelva la inconstitucionalidad aprobada el 8 de julio de 2019 por el Congreso del Estado de Baja California y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre, que permite a Jaime Bonilla, actual Gobernador, extender su mandato hasta octubre del 2024.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, señaló que la figura jurídica, Amicus Curiae (Amigos de la Corte) fue suscrita por 137 personas, en la que se explica que la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH, debe ser tomada en cuenta al momento de emitir un fallo, dado que la extensión de mandato del actual Gobernador es una afectación no sólo para dicha entidad sino para todo el federalismo mexicano, por lo que debe ser anulada.

Morera detalló que el recurso presentado expone con claridad la manera en que la llamada Ley Bonillavulnera valores democráticos como el respeto al voto, ya que el Congreso suplantó la voluntad de los electores al elegir de facto a un gobernador tres años más sin que se presentarán elecciones con lo que se vulneró la idea de la soberanía popular”.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que la norma jurídica aprobada por el Congreso de Baja California contravino normas constitucionales ya que no se promulgó y publicó 90 días antes de que comenzara el proceso electoral, a pesar de que incidía en la periodicidad del cargo electo.

En este sentido, la activista precisó que dicha ley “contiene efectos retroactivos en perjuicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos al modificar los resultados de la elección en la que votaron, y afecta la certeza de los gobernados porque el legislador cambió las reglas del juego democrático en un momento posterior a la expresión del voto”.

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