/ jueves 5 de septiembre de 2019

CNDH pide protección para sobrevivientes de ataque a bar en Coatzacoalcos

El organismo dijo que las medidas cautelares solicitadas deberán implementarse por el tiempo que se requieran

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades del estado de Veracruz la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y el derecho al debido proceso legal de los sobrevivientes de la matanza del 27 de agosto en Coatzacoalcos.

El organismo constitucional autónomo indicó en un boletín que solicitó las medidas mediante sendos oficios dirigidos al secretario general del Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros, y a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, firmados por el primer visitador General, Ismael Eslava.

Las medidas tienen el propósito de evitar "la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas por los hechos", señaló la CNDH.

Añadió que las medidas consisten en implementar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad física de las víctimas sobrevivientes de esos hechos violentos y sus familias mediante la protección oportuna y eficaz que requieran.

Asimismo, solicitó que en todas las acciones que realicen las autoridades locales se respete el derecho al debido proceso legal de las personas afectadas, y se les brinde la asesoría jurídica que requieran en la investigación de los hechos, incluida la información adecuada para el ejercicio de su coadyuvancia.

La Comisión señaló que las medidas cautelares solicitadas deberán implementarse por el tiempo que se requieran hasta la determinación que conforme a derecho corresponda, y la respuesta a tal requerimiento deberá formularse de manera inmediata.

Apuntó que la Fiscalía General ya respondió afirmativamente a la solicitud y ha ordenado a su división en la región de Coatzacoalcos que disponga la implementación de las medidas e informe de las acciones para darles cumplimiento.

En un ataque al centro nocturno "El Caballo Blanco" perpetrado el 27 de agosto fallecieron 23 personas y siete más han perecido en distintos hospitales de Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz.

Al menos 10 sujetos ingresaron al club nocturno haciéndose pasar por funcionarios que realizarían una inspección y una vez adentro ordenaron a los clientes y empleados tirarse al suelo.

A los pocos segundos ingresaron otros individuos con bidones de gasolina, rociaron el líquido inflamable por todo el establecimiento y prendieron fuego.

De acuerdo con la policía municipal de Coatzacoalcos, los atacantes comenzaron a disparar al aire cuando la gente intentaba salir corriendo del lugar.

El ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que extorsiona a los dueños de los establecimientos nocturnos de la zona.

Se trata de uno de los ataques más letales registrados en la región petrolera de Veracruz, sumida en una espiral de violencia en la última década por disputas de cárteles de la droga.

En abril pasado un ataque a un salón de fiestas dejó 13 personas muertas, entre ellas un bebé de un año, en el municipio de Minatitlán.

En Veracruz, según áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, los cárteles de los Zetas, Jalisco Nueva Generación y del Golfo se disputan las rutas de transporte de drogas y de paso de migrantes, el cobro de extorsiones y el secuestro.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades del estado de Veracruz la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y el derecho al debido proceso legal de los sobrevivientes de la matanza del 27 de agosto en Coatzacoalcos.

El organismo constitucional autónomo indicó en un boletín que solicitó las medidas mediante sendos oficios dirigidos al secretario general del Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros, y a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, firmados por el primer visitador General, Ismael Eslava.

Las medidas tienen el propósito de evitar "la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación en agravio de las personas afectadas por los hechos", señaló la CNDH.

Añadió que las medidas consisten en implementar las acciones necesarias para garantizar y salvaguardar la integridad física de las víctimas sobrevivientes de esos hechos violentos y sus familias mediante la protección oportuna y eficaz que requieran.

Asimismo, solicitó que en todas las acciones que realicen las autoridades locales se respete el derecho al debido proceso legal de las personas afectadas, y se les brinde la asesoría jurídica que requieran en la investigación de los hechos, incluida la información adecuada para el ejercicio de su coadyuvancia.

La Comisión señaló que las medidas cautelares solicitadas deberán implementarse por el tiempo que se requieran hasta la determinación que conforme a derecho corresponda, y la respuesta a tal requerimiento deberá formularse de manera inmediata.

Apuntó que la Fiscalía General ya respondió afirmativamente a la solicitud y ha ordenado a su división en la región de Coatzacoalcos que disponga la implementación de las medidas e informe de las acciones para darles cumplimiento.

En un ataque al centro nocturno "El Caballo Blanco" perpetrado el 27 de agosto fallecieron 23 personas y siete más han perecido en distintos hospitales de Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz.

Al menos 10 sujetos ingresaron al club nocturno haciéndose pasar por funcionarios que realizarían una inspección y una vez adentro ordenaron a los clientes y empleados tirarse al suelo.

A los pocos segundos ingresaron otros individuos con bidones de gasolina, rociaron el líquido inflamable por todo el establecimiento y prendieron fuego.

De acuerdo con la policía municipal de Coatzacoalcos, los atacantes comenzaron a disparar al aire cuando la gente intentaba salir corriendo del lugar.

El ataque fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que extorsiona a los dueños de los establecimientos nocturnos de la zona.

Se trata de uno de los ataques más letales registrados en la región petrolera de Veracruz, sumida en una espiral de violencia en la última década por disputas de cárteles de la droga.

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