/ viernes 3 de agosto de 2018

CNDH emite recomendación a Marina tras desapariciones en dos estados

Familiares de desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas presentaron quejas tras la ausencia de 10 personas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió hoy una recomendación al Secretario de Marina, Vidal Soberón y al Fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Guerrero por la desaparición forzada de 10 personas, entre ellas dos menores de edad, por parte de marinos, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

La Comisión recibió diversas quejas de familiares, algunas presentadas ante comisiones estatales de Derechos Humanos, por desapariciones forzadas de las 10 personas.

Ante tales exigencias, la CNDH inició cuatro expedientes distintos, que por existir entre ellos identidad en los derechos violados y por las autoridades responsables, por economía procesal y bajo el principio de concentración se resolvieron con la emisión de la recomendación.

En el primer caso, los demandantes señalaron que una persona fue detenida por marinos mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Familiares de tres víctimas más dijeron que éstas fueron sustraídas de sus domicilios en ese municipio por personal de la Secretaría de Marina, sin que se conozca su paradero.

En el segundo caso, familiares de dos víctimas, una de ellas menor de edad, manifestaron que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Secretaría de Marina (Semar).

En el tercer caso, se señaló que una persona menor de edad fue detenida sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el cuarto caso, los demandantes señalaron que tres personas fueron detenidas por efectivos de la Marina frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros.

La Comisión señaló que "en los cuatro casos se cuenta con testigos presenciales de familiares y personas que se encontraban en el lugar de las detenciones, incluso algunas refirieron haber visto que los detenidos fueron ingresados a las bases navales".

La CNDH apuntó que en uno de los casos, la Semar buscó desacreditar la queja del familiar de una de las víctimas, argumentando "inconsistencias y contradicciones" en sus escritos, sin que hubiera tales inconsistencias y contradicciones.

Otra persona, detenida en la misma fecha que la víctima del primer caso refirió que "elementos de la Marina la detuvieron de manera arbitraria y retuvieron ilegalmente por cinco días, tiempo en el que sufrió malos tratos, privaciones de sus sentidos y movilidad; sin embargo, pidió que no se investigara su caso por temor a represalias".

No obstante, los hechos narrados corresponden a violaciones a derechos humanos y por ello también es considerada como víctima.

Como resultado de las evidencias y el trabajo de campo, la CNDH advirtió que tres de las personas desaparecidas "eran jefes de familia y proveedores del sustento".

La Comisión señaló que también se violaron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, la seguridad jurídica y la legalidad en agravio de otras tres personas y sus familias que se encontraban en sus casas, por los saqueos, allanamientos y daños a su propiedad en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La CNDH concluyó que "hubo indebida procuración de justicia" por el Ministerio Público con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, "por la dilación excesiva en integrar las averiguaciones previas, por no actuar de inmediato para buscar a las víctimas o responsables y por no realizar una efectiva investigación".

La CNDH recomendó a ambas autoridades "inscribir a las 10 víctimas de desaparición forzada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y continuar su búsqueda; reparar el daño a la víctima liberada y a las víctimas indirectas de las 10 personas desaparecidas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley General de Víctimas.

Además de reparar los daños por el cateo ilegal y la desaparición forzada de diez personas; otorgar atención médica y psicológica y a los niños beca de estudios completa hasta que terminen su educación superior o consigan empleo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió hoy una recomendación al Secretario de Marina, Vidal Soberón y al Fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Guerrero por la desaparición forzada de 10 personas, entre ellas dos menores de edad, por parte de marinos, en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

La Comisión recibió diversas quejas de familiares, algunas presentadas ante comisiones estatales de Derechos Humanos, por desapariciones forzadas de las 10 personas.

Ante tales exigencias, la CNDH inició cuatro expedientes distintos, que por existir entre ellos identidad en los derechos violados y por las autoridades responsables, por economía procesal y bajo el principio de concentración se resolvieron con la emisión de la recomendación.

En el primer caso, los demandantes señalaron que una persona fue detenida por marinos mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Familiares de tres víctimas más dijeron que éstas fueron sustraídas de sus domicilios en ese municipio por personal de la Secretaría de Marina, sin que se conozca su paradero.

En el segundo caso, familiares de dos víctimas, una de ellas menor de edad, manifestaron que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Secretaría de Marina (Semar).

En el tercer caso, se señaló que una persona menor de edad fue detenida sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el cuarto caso, los demandantes señalaron que tres personas fueron detenidas por efectivos de la Marina frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros.

La Comisión señaló que "en los cuatro casos se cuenta con testigos presenciales de familiares y personas que se encontraban en el lugar de las detenciones, incluso algunas refirieron haber visto que los detenidos fueron ingresados a las bases navales".

La CNDH apuntó que en uno de los casos, la Semar buscó desacreditar la queja del familiar de una de las víctimas, argumentando "inconsistencias y contradicciones" en sus escritos, sin que hubiera tales inconsistencias y contradicciones.

Otra persona, detenida en la misma fecha que la víctima del primer caso refirió que "elementos de la Marina la detuvieron de manera arbitraria y retuvieron ilegalmente por cinco días, tiempo en el que sufrió malos tratos, privaciones de sus sentidos y movilidad; sin embargo, pidió que no se investigara su caso por temor a represalias".

No obstante, los hechos narrados corresponden a violaciones a derechos humanos y por ello también es considerada como víctima.

Como resultado de las evidencias y el trabajo de campo, la CNDH advirtió que tres de las personas desaparecidas "eran jefes de familia y proveedores del sustento".

La Comisión señaló que también se violaron los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, la seguridad jurídica y la legalidad en agravio de otras tres personas y sus familias que se encontraban en sus casas, por los saqueos, allanamientos y daños a su propiedad en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La CNDH concluyó que "hubo indebida procuración de justicia" por el Ministerio Público con residencia en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, "por la dilación excesiva en integrar las averiguaciones previas, por no actuar de inmediato para buscar a las víctimas o responsables y por no realizar una efectiva investigación".

La CNDH recomendó a ambas autoridades "inscribir a las 10 víctimas de desaparición forzada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y continuar su búsqueda; reparar el daño a la víctima liberada y a las víctimas indirectas de las 10 personas desaparecidas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley General de Víctimas.

Además de reparar los daños por el cateo ilegal y la desaparición forzada de diez personas; otorgar atención médica y psicológica y a los niños beca de estudios completa hasta que terminen su educación superior o consigan empleo.

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