Luego que en diciembre pasado el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, rechazó conceder la protección de la justicia al abogado Juan Collado contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el litigante interpuso un recurso de revisión.
El recurso interpuesto por la defensa de Collado será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, mismo que deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal.
El amparo que promovió Collado en Diciembre, fue porque en agosto pasado el magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ratificó el auto de vinculación a proceso.
No obstante, Collado apeló el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por parte de Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
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El magistrado Paredes Calderón declaró infundados e inoperantes las jurisprudencias y criterios citados por el quejoso, porque no son aplicables para los fines pretendidos, es decir, para recuperar su libertad.
En tanto que el magistrado también confirmó la prisión preventiva oficiosa que se decretó en contra de Collado, luego que el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa lo denunció ante la Fiscalía General de la República el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 de 156 millones de pesos en 2015 producto de la venta de un terreno de su propiedad.
En las investigaciones, se descubrió que el empresario era socio de Libertad Servicios Financieros por lo que la FGR integró la carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado.
Como parte de las investigaciones, el empresario compareció en cinco ocasiones ante el Ministerio Público por periodos de 72 horas cada uno, presentado como prueba una averiguación previa que integró la Fiscalía General de Justicia de Querétaro en 2017.
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