Por no atender un mandato judicial la presentadora de televisión Laura Bozzo, ya es buscada por agentes ministeriales luego de que un juez federal libró orden de aprehensión en su contra por el presunto delito depositaría infiel, el cual consiste en disponer en beneficio propio de un bien depositado en perjuicio del fisco federal.
De igual forma la Fiscalía General de la República (FGR) inició los trámites para solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés), la emisión de la ficha roja para buscar y detener en 195 países a la conductora de origen peruano.
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Fuentes ministeriales confirmaron la orden de detención contra la peruana por la supuesta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos a autoridades hacendarias.
En la audiencia del pasado 11 de agosto, a la cual no asistió Bozzo, el impartidor de justicia decidió vincularla a proceso y le dio un plazo de 48 horas para que se internará voluntariamente, en el penal de Santiaguito, Estado de México.
El plazo venció el pasado viernes 13 de agosto y la conductora no atendió el mandamiento judicial, por lo que el juzgador ordenó su aprehensión.
Una vez que sea detenida la comunicadora será presentada ante el juez del penal de Santiaguito para escuchar los cargos en su contra y, de acuerdo al artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, el delito fiscal que se le imputa es sancionado con tres a nueve años de prisión cuando el valor del bien involucrado es superior a los 172 mil 830 pesos y además no tiene el beneficio de la libertad bajo caución o fianza.
La presentadora de televisión había denunciado que el 13 de mayo pasado, Agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, se presentaron en su domicilio argumentando que tenían una orden de comparecencia y/o aprehensión librada en su contra sin precisar mayor dato.
Por ello solicitó la protección de la justicia federal mediante un amparo, que le fue negado, contra cualquier orden de captura o presentación girada en su contra por las investigaciones que realizaba el Ministerio Público de la FGR.
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Desde el 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la investiga por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
