/ miércoles 9 de enero de 2019

Corte batea propuesta de Chihuahua sobre pleito contra Peña Nieto

El expresidente solicito una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral presuntamente estaba afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del gobernador de Chihuahua Javier Corral de que entidades federativas intervengan como tercer interesado en la controversia constitucional que interpuso el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para protegerse de cualquier acción legal que ejerza en su contra Corral Jurado.

En octubre pasado, Peña Nieto solicito a la Corte una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral Jurado presuntamente está afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal.

Ante ello, Coral Jurado solicitó tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas.

Fue el ministro Eduardo Medina Mora, quien admitió a trámite la controversia constitucional, quien emitió un acuerdo donde deja claro que no se le puede dar entrada a la petición del titular del ejecutivo estatal, toda vez que no se advierte que el resto de los estados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

En sus argumentaciones, el gobierno de Chihuahua señala una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.

Esta amenaza fue la que llevó al expresidente Peña Nieto a presentar la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.

A través de Misha Leonel Granados Fernández, entonces consejero jurídico de la Presidencia, el expresidente se blindo contra cualquier acción que pretenda emprender en el futuro la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, no solo contra el mandatario federal, sino contra integrantes de su gabinete.

La controversia constitucional interpuesta por el exmandatario es en contra de investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

Con ello, la administración de Peña Nieto busca blindar a su ex gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

Corral Jurado ha dicho que llevara a la cárcel al expresidente Peña Nieto por presuntamente proteger al ex gobernador César Duarte, e incluso acudirá los tribunales internacionales para denunciarlo por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición del gobernador de Chihuahua Javier Corral de que entidades federativas intervengan como tercer interesado en la controversia constitucional que interpuso el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para protegerse de cualquier acción legal que ejerza en su contra Corral Jurado.

En octubre pasado, Peña Nieto solicito a la Corte una controversia constitucional porque según su percepción, el gobernador Javier Corral Jurado presuntamente está afectando las competencias constitucionales del Ejecutivo federal.

Ante ello, Coral Jurado solicitó tener como terceros interesados a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Fiscalías del resto de las entidades federativas.

Fue el ministro Eduardo Medina Mora, quien admitió a trámite la controversia constitucional, quien emitió un acuerdo donde deja claro que no se le puede dar entrada a la petición del titular del ejecutivo estatal, toda vez que no se advierte que el resto de los estados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

En sus argumentaciones, el gobierno de Chihuahua señala una posible invasión a la esfera competencial del orden federal, consistente en que los funcionarios federales no pueden ser sujetos a procesos penales del orden local por conductas realizadas en el ejercicio de sus competencias y la aplicación de leyes federales.

Esta amenaza fue la que llevó al expresidente Peña Nieto a presentar la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.

A través de Misha Leonel Granados Fernández, entonces consejero jurídico de la Presidencia, el expresidente se blindo contra cualquier acción que pretenda emprender en el futuro la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, no solo contra el mandatario federal, sino contra integrantes de su gabinete.

La controversia constitucional interpuesta por el exmandatario es en contra de investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

Con ello, la administración de Peña Nieto busca blindar a su ex gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.

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