/ miércoles 30 de junio de 2021

Corte decidirá constitucionalidad de fuerzas armadas en Guardia Nacional

La segunda sala abordó el amparo que interpuso México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en contra de la militarización del país

Al no lograr un consenso, ministros de la Segunda Sala de la Corte decidieron que sea el pleno de 11 ministros, quien decida la constitucionalidad de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional (GN).

En sesión de este miércoles la segunda sala, integrada por cinco ministros, abordó el amparo que interpuso México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en contra de la militarización del país para que se declare inconstitucional, la participación del personal de Fuerzas Armadas en Guardia Nacional por violar preceptos constitucionales.

El proyecto del ministro José Franco González Salas propone desechar el amparo al considerar que, en este momento, impedir el acceso de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, o separar a militares, podría genera afectaciones graves a la sociedad.

Señala que la Ley de la Guardia Nacional (LGN), solo establece condiciones para que militares en particular, como personas físicas, se integren a la GN, lo cual no afecta a la organización quejosa.

“Resulta un hecho notorio que la Guardia Nacional es actualmente la única institución encargada de la seguridad pública a nivel federal (y local, en los casos en que existen convenios celebrados entre dicha institución y entidades federales o municipales), y los efectos del amparo pretendido, tendrían como consecuencia inmediata una merma en la integración y composición de dicho ente de seguridad”, señala el proyecto.

Desde el año pasado la organización civil mantiene tres juicios de amparo contra la militarización de la seguridad pública, en los que reclama que los elementos de la Guardia Nacional (GN) no son civiles y que los militares no tienen límites claros para realizar tareas de seguridad pública.

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La asociación argumenta que la ley no establece los mecanismos necesarios para garantizar que los elementos de la Guardia Nacional sean civiles, y que, por lo tanto, su composición actual viola la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un intento más por sacar adelante el tema, los ministros discutieron el tema, pero al no lograr un consenso decidieron enviar el tema al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sean los 11 ministros quien voten el proyecto del ministro Franco.

Al no lograr un consenso, ministros de la Segunda Sala de la Corte decidieron que sea el pleno de 11 ministros, quien decida la constitucionalidad de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional (GN).

En sesión de este miércoles la segunda sala, integrada por cinco ministros, abordó el amparo que interpuso México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en contra de la militarización del país para que se declare inconstitucional, la participación del personal de Fuerzas Armadas en Guardia Nacional por violar preceptos constitucionales.

El proyecto del ministro José Franco González Salas propone desechar el amparo al considerar que, en este momento, impedir el acceso de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, o separar a militares, podría genera afectaciones graves a la sociedad.

Señala que la Ley de la Guardia Nacional (LGN), solo establece condiciones para que militares en particular, como personas físicas, se integren a la GN, lo cual no afecta a la organización quejosa.

“Resulta un hecho notorio que la Guardia Nacional es actualmente la única institución encargada de la seguridad pública a nivel federal (y local, en los casos en que existen convenios celebrados entre dicha institución y entidades federales o municipales), y los efectos del amparo pretendido, tendrían como consecuencia inmediata una merma en la integración y composición de dicho ente de seguridad”, señala el proyecto.

Desde el año pasado la organización civil mantiene tres juicios de amparo contra la militarización de la seguridad pública, en los que reclama que los elementos de la Guardia Nacional (GN) no son civiles y que los militares no tienen límites claros para realizar tareas de seguridad pública.

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La asociación argumenta que la ley no establece los mecanismos necesarios para garantizar que los elementos de la Guardia Nacional sean civiles, y que, por lo tanto, su composición actual viola la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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