La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de dos mil 663 millones 428 mil 880.12 pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2006. Ante ello, la empresa anunció que acudirá a instancias internacionales para defender su derecho.
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Grupo Salinas, al que pertenece Grupo Elektra, consideró que la justicia le fue denegada debido a que la mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo del amparo, lo que viola su derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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“Recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos”, advirtió el grupo propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, señala el proyecto aprobado por votación dividida de tres contra dos en la Segunda Sala.
La resolución implica que los ministros consideraron que el asunto carece de la importancia y trascendencia necesarios para ser resuelto por la Suprema Corte, por lo que regresará al tribunal de origen.
El Máximo Tribunal determinó que existen precedentes según los cuales en casos como este no procede el amparo.
El asunto llegó a la Corte desde 2018, pero fue impugnado por Elektra debido a que una de las ministras que recibió el asunto, Margarita Ríos Farjat, fue con anterioridad titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que este asunto fue turnado finalmente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego fusionó a algunas de sus filiales, con lo que tuvo la intención de que lo invertido en esta operación le fuera deducido en el ISR, acto que fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Elektra decidió llevar su caso hasta la Corte.
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