/ jueves 27 de junio de 2019

Corte discutirá constitucionalidad de "muerte civil" a corruptos

La CNDH rechaza el castigo con la gravedad del delito de corrupción pues significa prácticamente aislar a una persona de la sociedad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó analizar si es constitucional la sanción de “muerte civil”, que es el retiro de algunos derechos civiles, como castigo por delitos de corrupción.

La acción fue promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pidió invalidar esta sanción, prevista por primera vez en México luego de una reforma vigente desde mayo en Jalisco.

Pese a que no existe un plazo para su resolución, la Corte discutirá la constitucionalidad de la "muerte civil", la cual sería aplica a funcionarios públicos a los que se les demuestre su culpabilidad en actos ilícitos como de corrupción y desvíos de recursos.

La CNDH argumenta que la “muerte civil” es un castigo desproporcionado con la gravedad del delito de corrupción, pues significa prácticamente aislar a una persona de la sociedad.

Aquellos gobiernos que desarrollan estrategias para reducir la corrupción, pueden esperar un impacto positivo entre 3 y 4% de su PIB

Señala que el concepto de “muerte civil” también se incluyó, apenas en marzo pasado, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante una reforma ya aprobada por parte del Senado, aunque falta que la Cámara de Diputados haga lo propio.

Es decir la corte decidirá si es constitucional el castigo de inhabilitación perpetua para funcionarios, empresas o particulares que participen en actos de corrupción al contratar con el Gobierno, también conocida como "muerte civil".

No solo la CNDH interpuso la acción de inconstitucionalidad, también lo hizo la Fiscalía General de la República, no obstante, el ministro instructor le pidió al fiscal, Alejandro Gertz Manero, acreditar con documentación que es el titular de la FGR.

En marzo pasado el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal y “muerte civil a los corruptos’’ o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas.

Previamente, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por unanimidad el documento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó analizar si es constitucional la sanción de “muerte civil”, que es el retiro de algunos derechos civiles, como castigo por delitos de corrupción.

La acción fue promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que pidió invalidar esta sanción, prevista por primera vez en México luego de una reforma vigente desde mayo en Jalisco.

Pese a que no existe un plazo para su resolución, la Corte discutirá la constitucionalidad de la "muerte civil", la cual sería aplica a funcionarios públicos a los que se les demuestre su culpabilidad en actos ilícitos como de corrupción y desvíos de recursos.

La CNDH argumenta que la “muerte civil” es un castigo desproporcionado con la gravedad del delito de corrupción, pues significa prácticamente aislar a una persona de la sociedad.

Aquellos gobiernos que desarrollan estrategias para reducir la corrupción, pueden esperar un impacto positivo entre 3 y 4% de su PIB

Señala que el concepto de “muerte civil” también se incluyó, apenas en marzo pasado, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante una reforma ya aprobada por parte del Senado, aunque falta que la Cámara de Diputados haga lo propio.

Es decir la corte decidirá si es constitucional el castigo de inhabilitación perpetua para funcionarios, empresas o particulares que participen en actos de corrupción al contratar con el Gobierno, también conocida como "muerte civil".

No solo la CNDH interpuso la acción de inconstitucionalidad, también lo hizo la Fiscalía General de la República, no obstante, el ministro instructor le pidió al fiscal, Alejandro Gertz Manero, acreditar con documentación que es el titular de la FGR.

En marzo pasado el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal y “muerte civil a los corruptos’’ o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas.

Previamente, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos del Senado, aprobaron por unanimidad el documento.

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