La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó revisar las sentencias dictadas en contra de 22 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, involucrados en el caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados.
La resolución se da a una semana de que la Corte otorgó un amparo relacionado con la reparación del daño de un menor y su familia, por tratarse de víctimas de los hechos ocurridos en la Guardería ABC.
A través de 19 amparos, los agraviados, quienes fueron sentenciadas a entre 14 y 29 años de prisión, solicitaron a la corte que sus penas se modifiquen y ajusten.
Este miércoles la primera sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, si bien ratifica la culpabilidad de los funcionarios imputados por homicidio y lesiones dolosas, ordenó revisar las penas que les fueron impuestas, debido que se consideró que no se hizo la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) al momento de fijar las sentencias.
Derivado del incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados, 22 funcionarios federales y estatales fueron imputados por homicidio y lesiones dolosas.
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La decisión de la primera sala de la corte significa la revisión de casos como el del secretario del Consejo de Administración de la guardería, Antonio "N" y el exdirector de Bomberos de Hermosillo, Martín "N", ambos sentenciados a 28 años de prisión, debido a que se consideró que no se hizo la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) al momento de fijar las sentencias.
Dicho artículo señala que cuando por un mismo hecho se involucran varios ilícitos, se aplicará la pena que corresponda al delito con mayor penalidad, sumando a ésta las sentencias adicionales, sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes.
Para la corte, los juzgadores de primera instancia resolvieron multiplicar la sentencia de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual violó los derechos de los sentenciados.
Asimismo por tratarse de delitos culposos, no se pueden imponer las penas que el CPF preveía para homicidio simple doloso en 2009, de 12 a 24 años de cárcel, sino solo hasta la cuarta parte, misma situación que aplica a las lesiones.
A 12 años de los hechos, padres de los infantes que fallecieron y resultaron lesionados han pedido a la Corte la revisión de cada caso en busca de justicia.
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En marzo pasado la Corte confirmó el fallo de un tribunal colegiado a favor de uno de los niños sobrevivientes cuyos familiares demandaron una reparación integral del daño, ante una resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que consideraron insuficiente.
Los familiares buscaban se aplicara a favor del menor la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fijar una compensación económica por parte del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral, considerado en la Ley General de Víctimas.
