/ viernes 22 de febrero de 2019

Demandan a la FGR por caso Pegasus

Es la primera vez que el órgano ejerce esta medida para garantizar la transparencia

El comisionado del Inai, Joel Salas Suárez, dijo que en un ejercicio inédito el organismo autónomo presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable del ocultamiento de información sobre los contratos que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) suscribió para el uso del programa de espionaje israelí Pegasus.

Salas Suárez explicó que en 2017, la entonces PGR declaró había dejado de usar el software, esto después del escándalo de espionaje contra integrantes de la sociedad civil. Sin embargo, el lunes pasado, la Fiscalía General de la República les notificó de la existencia de dos contratos celebrados en 2018.

“En la dimensión penal interpusimos esta denuncia que en efecto es inédita, que dentro de la investigación, la entonces PGR, a pregunta expresa del Inai, que si había otros contratos de actualización de la aplicación, más allá del contrato original de 2014, funcionarios de la PGR dijeron que no existía, y justo el lunes pasado, la hoy Fiscalía presentó dos contratos adicionales que llegan casi a los 300 millones de pesos en donde se demuestra que sí hubo actualización de los contratos”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Todo empezó en 2017 cuando se acreditó el uso del programa Pegasus para espiar a integrantes de la sociedad civil, y tomando en cuenta que es un software que sólo se vende a gobiernos, el Inai comenzó de oficio una investigación para detectar posibles violaciones a la ley.

“El Estado tiene la capacidad de hacer intervenciones a las comunicaciones telefónicas para preservar la seguridad nacional, pero para ello se requieren una serie de protocolos que den pauta a la garantía de que es algo temporal, de que se hace con una autorización judicial, que se hacen dichas intervenciones sólo contra personas que estarían con el riesgo potencial de atentar contra la seguridad nacional”, explicó el comisionado.

Foto: Cuartoscuro

El uso indebido de Pegasus generó un quiebre entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil que conformaban la Alianza para el Gobierno Abierto, esto porque las últimas acusaron que no había avances significativos en la investigación del mal uso del software especializado para espionaje.

El comisionado Salas Suárez comentó que por eso es importante llegar al fondo del asunto, ya que la instituciones deben garantizar el Estado de derecho a sus ciudadanos.

Por tal motivo, espera que en los próximos días haya una reunión con organizaciones civiles y el gobierno federal para reactivar la alianza.

El comisionado del Inai, Joel Salas Suárez, dijo que en un ejercicio inédito el organismo autónomo presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable del ocultamiento de información sobre los contratos que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) suscribió para el uso del programa de espionaje israelí Pegasus.

Salas Suárez explicó que en 2017, la entonces PGR declaró había dejado de usar el software, esto después del escándalo de espionaje contra integrantes de la sociedad civil. Sin embargo, el lunes pasado, la Fiscalía General de la República les notificó de la existencia de dos contratos celebrados en 2018.

“En la dimensión penal interpusimos esta denuncia que en efecto es inédita, que dentro de la investigación, la entonces PGR, a pregunta expresa del Inai, que si había otros contratos de actualización de la aplicación, más allá del contrato original de 2014, funcionarios de la PGR dijeron que no existía, y justo el lunes pasado, la hoy Fiscalía presentó dos contratos adicionales que llegan casi a los 300 millones de pesos en donde se demuestra que sí hubo actualización de los contratos”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Todo empezó en 2017 cuando se acreditó el uso del programa Pegasus para espiar a integrantes de la sociedad civil, y tomando en cuenta que es un software que sólo se vende a gobiernos, el Inai comenzó de oficio una investigación para detectar posibles violaciones a la ley.

“El Estado tiene la capacidad de hacer intervenciones a las comunicaciones telefónicas para preservar la seguridad nacional, pero para ello se requieren una serie de protocolos que den pauta a la garantía de que es algo temporal, de que se hace con una autorización judicial, que se hacen dichas intervenciones sólo contra personas que estarían con el riesgo potencial de atentar contra la seguridad nacional”, explicó el comisionado.

Foto: Cuartoscuro

El uso indebido de Pegasus generó un quiebre entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil que conformaban la Alianza para el Gobierno Abierto, esto porque las últimas acusaron que no había avances significativos en la investigación del mal uso del software especializado para espionaje.

El comisionado Salas Suárez comentó que por eso es importante llegar al fondo del asunto, ya que la instituciones deben garantizar el Estado de derecho a sus ciudadanos.

Por tal motivo, espera que en los próximos días haya una reunión con organizaciones civiles y el gobierno federal para reactivar la alianza.

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