Luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación presentaran denuncias en contra de jueces y magistrados, fueron frenadas bajo la justificación que cuentan con el principio de “presunción de inocencia” y su labor jurisdiccional no debe interrumpirse con este tipo de acciones.
Los trabajadores expusieron nepotismo, violencia de género, acoso laboral y discriminación que enfrentan en las distintas áreas, e hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener firme su lucha en contra la corrupción de jueces y magistrados.
Los trabajadores de órganos jurisdiccionales que piden anonimato ante evidentes represalias, citan el hecho de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, implementó diversos mecanismos legales para combatir la corrupción y tutelar a plenitud los derechos laborales de los servidores públicos de la institución contra actos de nepotismo, acoso laboral y sexual, violencia de género y corrupción.
El ministro presidente de la SCJN para hacer efectivos estos mecanismos, los derivó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.
Pero estas instancias, lejos de acelerar las denuncias presentadas por trabajadores contra jueces y magistrados, entorpecen su trámite e investigación con el argumento “de no haber aportado pruebas o no hicieron una petición concreta de hechos”, denuncian.
De manera contraria, cuando los jueces o magistrados formulan quejas contra sus subordinados, les suplen toda deficiencia legal e inmediatamente inician la investigación. Esto convierte a esos organismos legales en selectivos, elitistas y que vulneran el principio de equidad y correcta tutela jurídica.
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Y aunado a ello, cuando resulta procedente una denuncia, la remiten al encargado de la Unidad General de Investigación, quien por ineptitud retrasa por largo tiempo las investigaciones. Inclusive, permite que sigan las conductas irregulares, pues no acuerda las medidas cautelares y de protección solicitadas por las víctimas de los hechos denunciados.
Se cita un ejemplo de corrupción: La abogada Altagracia Rodríguez Cuevas, adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, BCS, quien es objeto de violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte del magistrado Jorge Dionisio Guzmán González.
Este servidor público sostiene que por sus relaciones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no lo pueden tocar y menos cambiarlo de tribunal o sancionarlo por las denuncias que presenten en su contra.
Situación de poder que impide se siga con la averiguación de la denuncia 256/2019 y procedimiento de investigación J/76/2019 así como las diversas denuncias anónimas del personal de ese órgano jurisdiccional, porque el Encargado de la Unidad de Investigación, indebida y dolosamente retrasa el trámite y propicia que sigan denunciados en contra de la abogada Rodríguez Cuevas.
Se precisa que ante la reiteración de actos de violencia ejercida por el magistrado Guzmán González, de nueva cuenta la víctima Altagracia Rodríguez Cuevas, el 30 de noviembre de 2020, presentó denuncias contra el citado magistrado, sin que hasta el momento, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, acordara su dimisión.
Consideran los trabajadores del PJF que esto genera un panorama de impunidad y deja en total indefensión a la trabajadora pública y al resto de sus subordinados y pone en evidencia el ambiente de corrupción en el Poder Judicial y la vigencia de protección de la que se ufana el magistrado Jorge Dionisio Guzmán González.
