Desde el Congreso de Baja California se fraguó un fraude postelectoral, que derivó en una violación a la Constitución y puso en riesgo la democracia al aprobar una reforma que ampliaba el mandato del gobernador de esta entidad, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
De acuerdo con los ministros, los diputados locales hicieron caso omiso a la veda legislativa, al principio de elecciones periódicas, libres y auténticas, así como la prohibición de retroactividad y el derecho a votar y ser votado.
En un debate que duró casi dos horas, los ministros perfilaron el criterio jurisdicional que aplicarán ante el intento de cambio de normas o intentos para violar el principio de no reelección que garantiza la Carta Magna.
El veredicto de la Corte, que echó abajo la llamada Ley Bonilla, fue aplaudido por distintos actores políticos, entre los que destacan, el árbitro de la elección, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
Durante la discusión en el máximo tribunal, el ministro presidente Arturo Zaldívar puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país fraguado por el Congreso de Baja California en favor de Jaime Bonilla.
Incluso se clarificó que alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, con la llamada “Ley Bonilla”, se cambió el efecto que los votos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulneró la esencia del proceso democrático como forma de limitación del poder.
“Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución (local) para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia, para minar la democracia. Corrompiendo de manera tajante el principio democrático. No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos”, dijo Zaldívar.
Luis María Aguilar Morales fue más allá al recordar la prohibición constitucional a la reelección que, dijo, prevalece para el poder Ejecutivo Federal y local.
“Prorrogar desde el propio poder político el periodo de duración de un mandato para un cargo ya elegido en otras condiciones implica pretender impedir que exista una verdadera contienda para desempeñarlo y por tanto, se convertiría en una reelección disfrazada”, agregó Aguilar Morales.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá puntualizó que la llamada Ley Bonilla atropella el derecho al voto de la ciudadanía, pues buscó modificar las condiciones mediante las cuales se expresó la voluntad del electoral.
La ministra Norma Piña consideró que cuando un poder público como el Congreso de Baja California violenta los principios de la Constitución y los derechos de la ciudadanía pues “nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra la Carta Magna. Este abuso de poder es una seria amenaza para nuestra vida democrática”.
En su proyecto, el ministro ponente Fernando Franco, encargado de argumentar en principio la invalidez de la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, concluye: “Permitir que sea extendido o prorrogado el mandato de los cargos de elección popular, una vez expresada la voluntad general en las urnas, con la sola justificación de que los representantes beneficiados aun no toman posesión del cargo, implica desconocer el principio fundamental antes referido y, por ende, aunque formalmente lo permita la literalidad de ciertos criterios, entraña también, como en el caso sucedió, un fraude a la ley en clave constitucional”.
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